Superintendencia de Sociedades rechazó solicitud de Credivalores para acogerse a proceso de insolvencia empresarial

En los últimos tiempos, las pérdidas han sido el pan de cada día de Credivalores-Crediservicios, una compañía fundada por David Seinjet como una firma no bancaria que presta servicios financieros.

Dicha firma no es vigilada por la Superintendencia Financiera, porque su esquema de negocios no es a partir de captación de dineros del público (de los ahorradores, como los bancos), sino de sus propios dueños, la mayoría de los cuales, hoy en día, son fondos de inversión, como GDA Luma, que es su principal accionista con el 40 % de participación.

En agosto de este año, la compañía levantó la mano ante la Superintendencia de Sociedades –entidad que la vigila– para pedir ser admitida al proceso de reorganización empresarial en los términos que permite la Ley 1116 de 2006 o Ley de insolvencia.

En marzo, Credivalores reportaba acreencias para pagos inmediatos por 226.071 millones de pesos, frente a una cifra menor, 131.135 millones de pesos, en cuentas por cobrar. El total de sus pasivos ascendía a 1,5 billones de pesos.

Con números similares en mano fue que la firma llegó a la Superintendencia, con el incumplimiento de pago de bonos por 95.940 millones de pesos que habían emitido con el respaldo del Fondo Nacional de Garantías, que garantizaba el 70 % del riesgo de emisión.

La Supersociedades, para estudiar la solicitud de acogimiento a la Ley de insolvencia presentada por Credivalores, empezó a hacerles requerimiento de informaciones adicionales.

Pero el pasado 31 de octubre la Superintendencia emitió un auto en el que expuso las consideraciones que tuvo en cuenta para tomar la decisión de rechazar la solicitud de apertura al proceso de reorganización empresarial de Credivalores.

En el documento, la entidad expresó que, en su tarea de verificar los requisitos formales de admisión al proceso de reorganización solicitado por Credivalores, pidió documentos adicionales al solicitante.

En particular, hay que señalar que la entidad de vigilancia requirió “acreditar, mediante prueba idónea, que la sociedad lleva contabilidad regular de sus negocios conforme a las prescripciones legales”, pero dicho requerimiento no fue atendido, según evidencia el auto de la Supersociedades.

Tampoco fue cumplido el llamado para la presentación de “inventario de activos y pasivos con corte al último día del mes anterior a la solicitud (de acogimiento a la Ley de insolvencia”.

Aunque dicho documento se presentó, “no está el detalle de cada una de las partidas reveladas en el estado de situación financiera, no se presentó información agregada, es decir que no se presentó información que permita identificar específicamente cada uno de los activos y pasivos”, conceptuó la Superintendencia.

El documento para evidenciar el flujo de caja tampoco llenó las expectativas de la entidad de vigilancia, por cuanto “se requiere presentar la información de manera que, en el flujo de caja proyectado, además de que se muestre cómo es que se pretenden atender las obligaciones sujetas al acuerdo, conforme a la prelación legal, es necesario que se considere que este deberá reflejar las posiciones iniciales de efectivo en cada período, las entradas y salidas de efectivo clasificadas en actividades de operación, inversión y de financiación, así como el importe final de efectivo en cada período”, manifestó la entidad.

Fuera de fecha

Un punto clave que anota la Supersociedades alrededor del caso de Credivalores es que no se cumplieron los plazos establecidos para que se complete la información requerida o las explicaciones a las que haya lugar. Dicho plazo es de 10 días hábiles posteriores a la solicitud, los cuales se vencían el 11 de octubre y “los mensajes de datos fueron recibidos con posterioridad a dicha fecha”, indicó la entidad de vigilancia y control.