“Una figura constitucional no se puede convertir en herramienta para que gobiernos corrijan errores”, dicen mineros frente al decreto de conmoción interior

SEMANA: ¿Cuál es la opinión que tiene acerca del incremento en impuestos para el sector minero y que se ha materializado ahora con el decreto de conmoción interior, que se suma a decisiones anteriores?

Juan Camilo Nariño (J.C.N.): Tengo dos aproximaciones a ello. Una, frente al decreto de conmoción interior creo que el gobierno está usando, y es lo que tiene que evaluar la Corte, una figura constitucional que es para casos excepcionales, para corregir errores en la gerencia del Estado, en la administración del Estado que es propia a un gobierno. Un gobierno es para dirigir un país, pero sobre todo se elige para gerenciar un Estado. Entonces, las figuras constitucionales no se pueden usar para corregir errores o carencias profundas en esa gerencia y administración del Estado.

SEMANA: ¿Esto qué significa?

J.C.N.: Todos los gremios, los gremios locales, los gobernadores, los alcaldes, la Defensoría del Pueblo llevamos insistiendo desde hace más de un año en el deterioro de la seguridad en el país y, particularmente, en el Catatumbo. Y en ese mismo tiempo, el gobierno, en la gerencia del Estado, ha dirigido los presupuestos de la nación desbalanceados, desfasados con un enorme gasto, pero los ha dirigido, por ejemplo, a ministerios nuevos o a nuevas oficinas diplomáticas en el exterior. Y le ha restado recursos, en el último recorte a la fuerza pública, ya con el estado de conmoción interior, entre 750.000 millones y 800.000 millones de pesos.

Lo que creo que ha habido son unas enormes y profundas falencias en la administración del Estado y, en ella, la administración de los riesgos advertidos. Y dirigir la capacidad del Estado para atender esos riesgos, sobre todo cuando son riesgos y cosas también inminentes, como la Defensoría lo dice, que afectan la vida de las personas y de las comunidades.

Insisto: una figura constitucional no se puede convertir en una herramienta para que los gobiernos corrijan sus errores en la administración pública, en la falta de planeación, en la falta de previsión ante los riesgos. Y derivado de eso viene el decreto de los impuestos, que es otro error, en mi criterio, en materia de la administración y de la previsión, revisar a suficiencia, también como lo dice la Corte cuando uno pone nuevos impuestos en virtud de un estado de conmoción, realmente la capacidad contributiva de esos sectores económicos a los cuales se le está poniendo un nuevo impuesto.

SEMANA: ¿Cuál es la afectación que se va a dar por el decreto?

J.C.N.: Este nuevo impuesto va a afectar, por supuesto, la producción, la competitividad, la rentabilidad de la industria minera. El decreto es del 1%, pero tendremos que ver al finalizar el año eso realmente cómo va a afectar la producción. En un sector minero que se ha visto afectado por una enorme incertidumbre, no solo fiscal como estos nuevos impuestos, sino también en materia de decretos, resoluciones, que han hecho básicamente, y el Dane así lo dice, que durante el año pasado la minería decrezca 9,5 %, siendo el sector que más decrece. y dentro de ese 9,5% el carbón, la producción de carbón nacional, es el que aún más decrece, con 13%.

Hay que resaltar que ese impuesto decretado, también va a la primera venta nacional. Entonces, esto va a tener un efecto en las exportaciones, que yo no se lo podría decir porque creo que Colombia va a tener unas menores exportaciones de carbón debido a la falta de rentabilidad y competitividad. El año anterior Colombia exportó unos 7.000 millones de dólares en carbón. Si uno le saca el 1% a eso deben ser alrededor de 280.000 millones de pesos, eso comparado con el año pasado. Y eso tendrá efectos en la producción y exportación de carbón.

SEMANA: ¿Cuánto es el monto de este año?

J.C.N.: No lo sé. ¿Va eso tener un efecto realmente en la producción? Creo que sí. ¿Va a tener un efecto en las exportaciones de carbón? Sin duda también. El monto de lo que se va a recaudar o de lo que el gobierno espera recaudar en esto, vamos a verlo al finalizar el año, en un sector que está cayendo -13%.

SEMANA: ¿Qué piensa del anuncio del gobierno de incorporar estos impuestos que ha anunciado en los decretos de conmoción interior, en la reforma tributaria que piensa presentar?

J.C.N.: Es aún más irresponsable en un sector que está cayendo, que está decreciendo por una enorme incertidumbre que está generando un paquete regulatorio amplio, tal vez el paquete regulatorio más amplio que cualquier otro gobierno haya presentado.

SEMANA: ¿Cuál es ese paquete regulatorio?

J.C.N.: Hay un paquete regulatorio que incluye un nuevo Código de Minas, que está siendo consultado a las comunidades. Ese código genera enormes incertidumbres en relación con la estatización de la minería, una visión muy centralista de la minería que el gobierno plasmó en ese proyecto de ley.

SEMANA: ¿En qué sentido?

J.C.N.: El artículo 27 dice que los minerales estratégicos solo pueden ser producidos y explorados por empresas estatales y que solamente cuando se demuestre lo contrario, se podrá contratar con el sector privado, con terceros.

SEMANA: ¿Entonces no habrá inversión privada ahí?

J.C.N.: Según ese Código de Minas, toca demostrar que el Estado no lo puede hacer para que el sector privado lo pueda hacer. Entonces, ahí está el proyecto de ley, con esas consideraciones, con esa visión estatista, centralizada de la minería hacia adelante, en discusión. Y para la inversión tiene tantos efectos el resultado final como la discusión con un documento ya escrito.

SEMANA: Otra iniciativa es la creación de Ecominerales, una empresa estatal de minería…

J.C.N.: Hay otro proyecto de ley que es el de Ecominerales. Cuando usted junta lo uno con lo otro, pues se generan aún más preguntas. ¿Ecominerales es el único que va a explorar minerales estratégicos en el país? Y a eso se suman una serie de decretos como las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (Appas), el decreto 044, las áreas de reserva temporal que le ponen una enorme incertidumbre a la inversión y al sector hacia adelante.

Razón por la cual está decreciendo menos 9,5 %, y si usted a eso, le pone al sector dentro de la minería más importante, que es el de carbón, nuevos impuestos, como este, pues es irresponsable decir que usted quiere ponerlos de manera permanente sin hacer estudios reales del impacto que pueda tener en el empleo, en la gente, en las comunidades. Eso es lo que yo siento, una enorme ligereza, es decir, se está corrigiendo una falta de administración adecuada del Estado, con otras enormes ligerezas, porque esos impuestos no tienen los estudios reales del impacto que pueda tener en el empleo, en las comunidades de las regiones productoras de carbón en el país.

SEMANA: ¿En qué va cada uno de esos temas que mencionó?

J.C.N.: Como son decretos y resoluciones, eso tiene un efecto inmediato en que el gobierno puede implementarlos. Y tiene unos tiempos muy rápidos, no así lo tienen los procesos de demanda ante el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, que distintos sectores hemos emprendido en relación con esa injusticia.

Esto tiene tiempos distintos, por tanto, el efecto es muy profundo en la discusión de la inversión minera en el país. Y tiene efectos profundos también en otra cosa que yo sí quisiera levantar la voz: estos decretos afectan las autonomías del ordenamiento local, del ordenamiento territorial, de las corporaciones, de los alcaldes, de los gobernadores.

Entonces, en esencia, estos tienen distintos tiempos. ¿En qué va cada uno de esos? El decreto 044, que fue el primero, esa demanda ya fue admitida en el Consejo de Estado y se está estudiando su medida cautelar. Espero, como muchas personas lo advirtieron al Consejo de Estado, que esa medida cautelar se tome mientras se estudian de fondo las implicaciones que esto tiene, en materia de autonomías territoriales, en materia del efecto de prohibir una actividad en el territorio sin consultar, por ejemplo, con las comunidades. Entonces, eso ya está en ese proceso en el Consejo de Estado.

El decreto que le da competencias ambientales a las autoridades indígenas, que también genera muchas preguntas, muchas incertidumbres, ahí sí a todos los sectores económicos, entiendo que es una demanda no presentada por nosotros, que ya fue admitida esta semana en la Corte Constitucional.

SEMANA: Y en el caso de las exportaciones a Israel, que el gobierno decidió suspenderlas por el conflicto en Gaza, ¿hay alguna acción internacional alrededor de eso?

J.C.N.: Eso tiene como 8 o 9 demandas ante el Consejo de Estado, no tiene demandas internacionales que yo sepa, y son demandas con distintos argumentos, incluso violatorios a TLC, muchos argumentos en materia comercial y de su inconveniencia. Eso no ha sido admitido por parte del Consejo de Estado.

SEMANA: ¿Qué efecto ha tenido eso?

J.C.N.: Ese era un mercado estable e histórico para el carbón colombiano. Y el mercado del carbón mundial está muy convulsionado. Es decir, las compañías han tenido que hacer un esfuerzo muy grande, no sé si lo han reemplazado, yo creo que no lo han podido reemplazar del todo, pero tienen que seguir haciendo esfuerzos durante todo este año para poder vender el carbón que Colombia produce. Así paga regalías y demás. Eso es un esfuerzo empresarial que se subestima, pero muy grande para buscar clientes estables de largo plazo y que, en este caso, Israel representaba el 5% de las compras internacionales del carbón colombiano. Eso no es menor y se suma al paquete regulatorio que genera incertidumbre y a todas estas iniciativas fiscales a un sector que necesita una consideración en estos momentos especiales.

SEMANA: Ecominerales y el nuevo código iban por aparte en el Congreso. ¿Qué tanto han avanzado y qué trámites han tenido?

J.C.N.: Ecominerales ya está presentado y ya surtió el primer debate en comisión, en la Cámara de Representantes. Efectivamente, como usted dice, eso va por dos comisiones distintas. El proyecto de ley del nuevo Código de Minas está siendo consultado a las comunidades indígenas y afrodescendientes y posterior a esa consulta, en virtud de la consulta previa, se va a presentar al Congreso.

Quisiera hacer un llamado a los senadores y representantes a la Cámara de esas dos comisiones distintas. Y es que se estudien y se lean los dos proyectos de ley, porque uno no puede votar un proyecto de ley de Ecominerales en una comisión, sin entender ese otro proyecto que va a ser presentado en otra comisión. Porque esos dos proyectos tienen una interrelación profunda y van a tener efectos en esa, que yo llamo, visión estatista y centralizada que el gobierno quiere de la minería y plasmó en los documentos que van a ser el eje rector del futuro del sector en el país.

Es una realidad, ahí está plasmada esa visión. No es un supuesto, es una realidad escrita por el gobierno nacional en esos proyectos de ley. Y eso necesita una revisión y una consideración muy especial en relación con que si el Senado y la Cámara están de acuerdo con esa visión futura del desarrollo minero en el país.

SEMANA: Ahí entra el tema de los minerales estratégicos, clave para la transición, y no habría iniciativa privada en su desarrollo...

J.C.N.: En lo que está escrito en el nuevo Código de Minas que está siendo consultado, es subsidiario, es la última opción para el desarrollo minero y genera enormes trabas, imposibilita la inversión privada en minería. Y eso es lo que está escrito.

Y déjeme pongo esto en una comparación internacional. El mundo está yendo en otro sentido. Japón, Noruega, Australia, Canadá, están sacando legislaciones, usted ve un poco lo de Trump ahora con Ucrania, para acoger la inversión minera, para darle seguridad a la inversión minera.

El mundo y América Latina está en eso. Y Colombia con sus regulaciones y sus impuestos está yendo en otro sentido. En Perú, por ejemplo, está creciendo la exploración minera. Y eso, en un país como Colombia, que tiene el 97% de su territorio inexplorado, es muy eficiente. El año pasado creció la inversión en exploración en Perú, algo cercano al 24%. Y eso son nada menos ni nada más que casi 600 millones de dólares en inversión. Colombia no ha crecido su inversión en exploración, a pesar de ser un país que tiene el 97% del territorio colombiano sin explorar, sin otorgamiento de títulos.

SEMANA: ¿Cómo va a jugar Colombia ante una eventual guerra comercial, el incremento de aranceles y estas nuevas políticas alrededor de lo que está pasando con el sector minero?

J.C.N.: Me temo que Colombia y América Latina, pero sobre todo Colombia, están dejando pasar una oportunidad de oro de ser partícipes de la geopolítica mundial. Los minerales, la exploración, el potencial minero de los países tienen un rol y un papel muy importante que jugar en la geopolítica del mundo hoy. Los minerales estratégicos para la transición, el potencial que Colombia tiene en cobre, con minerales estratégicos que hoy están sacando grupos armados, como lo que se conoció recientemente del coltán en el Guainía.

Y nosotros, por esta regulación, por una falta de claridad para atraer inversión minera, por estos nuevos impuestos que se ponen a la industria, pues está dejando pasar una oportunidad por entre los dedos, y es participar en ese debate mundial de la geopolítica en relación con los minerales, pero atraer inversión y desarrollo a los territorios en el país, dejando ese espacio en muchos casos a la ilegalidad y a la financiación de grupos terroristas en el país. Y eso, por supuesto, no es consecuente con las necesidades que tienen un montón de poblaciones, comunidades en muchos territorios y departamentos.

SEMANA: ¿En qué va el tema de la devolución de activos de la operación de Prodeco?

J.C.N.: Ese ha sido un enorme error, no de este gobierno sino del anterior. Se perdieron una gran cantidad de empleos, alrededor de 5.000 empleos directos, una gran cantidad de empleos indirectos y hoy no existe ninguna definición por parte del Estado en relación de qué hacer con esos activos que son de todos los colombianos. Una mina no es de una compañía, es de los colombianos. Entonces ahí tenemos la tercera mina de producción del país en un proceso que está terminando de definirse. Ha venido avanzando por parte de la Agencia Nacional de Minería, no tanto así por las autoridades ambientales, pero está en un proceso que ya ha tomado mucho tiempo.

SEMANA: Frente a la minería ilegal, ¿qué le preocupa?

J.C.N.: Me preocupa mucho que, con ese precio del oro llegando a máximos históricos que el Estado colombiano debe atender la minería ilegal. Déjeme le pongo unos ejemplos en dos sitios emblemáticos: en Buritica y en el río Nechí, en el Bajo Cauca. Según un estudio reciente de la Procuraduría, en el año 2019, había como 17 dragas ilegales en el río Nechí. Hoy ese mismo estudio dice que hay 96. Y esas son estructuras criminales con una gran inversión en el territorio. Son dragas no menores, eso debe costar alrededor, dicen muchos, cerca de un millón de dólares cada draga. Y esas dragas hoy están produciendo una enorme devastación ambiental y social en el territorio, pero además 1,5 billones de pesos. Y eso al frente de todas las autoridades. Pero, ¿sabe también al frente de quién? Sobre todo, de las autoridades ambientales, que hoy están poniendo todas estas restricciones en relación con la minería.

SEMANA: ¿Qué pasa con las áreas de protección que excluye a la minería?

J.C.N.: Frente a los decretos de las áreas temporales del Ministerio de Ambiente, donde se crean áreas de protección y excluyen la minería, quiero hacer una reflexión: hoy existe una enorme cantidad de minería y de extracción ilícita de minerales en los parques naturales, en las áreas ambientales hoy decretadas y que este gobierno y el ministerio no han atendido con suficiencia. Y a pesar de no haber atendido con suficiencia ese fenómeno, que ahí sí acaba de verdad la biodiversidad a través de la extracción ilícita de minerales en nuestras áreas protegidas y parques naturales, saca decretos para poner otras áreas de protección temporal en donde se le va a facilitar la vida a los ilegales, porque se está excluyendo el sector productivo, privado, que lleva institucionalidad.