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“El respaldo jurídico no es un gasto, es una inversión que previene sanciones”: Fernando Bermúdez, experto en proyectos industriales en Colombia
El experto señala que los principales obstáculos en el sector son los incumplimientos contractuales, los retrasos en licencias, las disputas por linderos y la interpretación de normas urbanísticas.
En Colombia, cada vez más inversionistas se enfrentan a un escenario que suele pasarse por alto en el desarrollo de proyectos inmobiliarios industriales: una decisión legal mal tomada puede generar pérdidas que superan los $ 300 millones. Más allá de la ubicación, el diseño o la financiación, expertos coinciden en que la viabilidad y rentabilidad de una obra depende, en gran medida, del blindaje jurídico desde su etapa inicial.
Fernando Bermúdez, CEO de Bermúdez Constructores, firma especializada en la estructuración legal de proyectos inmobiliarios, ha acompañado a múltiples inversionistas en procesos de compra, legalización, licenciamiento y comercialización de obras industriales en el país. Su experiencia demuestra que los problemas jurídicos son una de las principales causas de retrasos y sobrecostos.
De acuerdo con el especialista, los conflictos más frecuentes incluyen incumplimientos contractuales con contratistas o proveedores, trabas en la legalización de licencias ante curadurías y entidades locales, disputas por linderos y titularidad del suelo, reclamaciones de compradores, afectaciones a servicios públicos y diferencias en la interpretación de normas urbanísticas. Cada uno de estos factores, advierte, puede detener un proyecto o incluso hacerlo inviable frente a bancos, socios o compradores.
Bermúdez señala que dos de cada cinco construcciones industriales en Colombia sufren retrasos por dificultades jurídicas relacionadas con el uso del suelo o la obtención de licencias, lo que evidencia la urgencia de contar con asesoría legal desde la fase de planeación.
“Estos documentos no son un formalismo. Son la base legal que hace viable el proyecto financiera y comercialmente”, explicó, en referencia a los contratos de obra, las licencias aprobadas, las pólizas de cumplimiento, las actas de entrega, los reglamentos de propiedad horizontal y las escrituras públicas que acrediten la titularidad del predio.
El directivo sostiene que la asesoría jurídica no solo previene sanciones y detenciones de obra, sino que también optimiza procesos, agiliza trámites y protege la rentabilidad. De hecho, gracias a este enfoque, Bermúdez Constructores ha acompañado la estructuración de proyectos en contextos complejos —como predios con sanciones urbanísticas o ubicados en zonas no contempladas por la norma—, logrando que sus clientes aseguren inversiones por más de $30 mil millones en activos industriales.
“El respaldo jurídico no es un gasto, es una inversión que previene sanciones, optimiza decisiones estratégicas y garantiza que cada metro cuadrado construido tenga sustento legal y comercial”, concluyó Bermúdez.
