Un impacto negativo está recayendo sobre los concesionarios que pactaron contratos con el Estado para hacer vías, con la expectativa de recuperar posteriormente los recursos privados puestos para sacar adelante obras que son responsabilidad de un Estado.
Así lo manifestó la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), ante los recientes y reiterados ataques perpetrados contra los que han puesto el hombro para sacar adelante vías y otras obras que son para el desarrollo del país.
Según la CCI, que representa a los concesionarios del país, la escalada de violencia que se ha desatado en los últimos días está impactando de manera directa la operación de las vías del país, ante la ausencia de respuestas efectivas por parte de la Fiscalía General, manifestaron.
Entretanto, “estos hechos que se repiten sin acciones judiciales visibles”, manifestó el gremio de concesionarios.
Recordaron lo sucedido hace una semana, cuando se registró un atentado contra el peaje Cabildo, de la concesión Vías del Nus. De igual manera, mencionaron el reciente ataque contra el peaje Lizama, en la vía que conduce a Barrancabermeja, acción que de manera preliminar ha sido atribuida al ELN.
Mirada pasiva de la Fiscalía
Según lo manifestado por la CCI “estos episodios confirman una realidad que ya no admite eufemismos: las vías concesionadas se han convertido en blanco recurrente de grupos armados ilegales, ante la mirada pasiva de la Fiscalía".
Destrucción de maquinaria
El gremio de la infraestructura enfatizó en que no son hechos aislados. En ese contexto, mencionaron varias circunstancias que han afectado el desarrollo de las vías financiadas a través de las concesiones. Es el caso de la Ruta del Sol III, de acuerdo con lo que expuso el gremio en su documento. “En las troncales del Magdalena y en la vía Popayán-Santander de Quilichao, por mencionar casos transcurridos en los últimos meses, se destruyeron más de 40 máquinas y se puso en alto riesgo la integridad de ciudadanos y trabajadores”.
Y no es todo. “Entre 2023 y 2025 se han presentado más de 2.000 bloqueos en corredores concesionados, una cifra, a todas luces, incompatible con el deber constitucional de garantizar el orden público y la libre movilidad”, menciona la CCI.
Las pérdidas económicas ocasionadas por los bloqueos ascenderían a 10 billones de pesos, de acuerdo con cálculos del gremio de concesionarios.
El Estado debe ser garante de la seguridad y la movilidad
Uno de los reclamos de la CCI es que el Estado está para ser garante de la seguridad y la movilidad, algo que no se está cumpliendo de manera contundente. Para sustentar sus reclamos, los voceros gremiales de los concesionarios pusieron en el tapete las “asonadas en las estaciones de peajes y recaudos irregulares de dinero por parte de grupos que cobran el paso de vehículos sin tener ningún tipo de autorización constitucional o legal agravan este panorama de falta de intervención judicial”. Es decir, todo parece estar fuera de lugar.
El llamado directo a Adriana Camargo
Es así como, el llamado de la Cámara Colombiana de la Infraestructura es enfático y va dirigido a la fiscal general, Adriana Camargo. “La reiteración de atentados y bloqueos, sin avances judiciales conocidos ni responsables capturados, transmite un mensaje de impunidad que incentiva nuevas agresiones".
Para la CCI, “la Fiscalía no puede limitarse a reaccionar con simples pronunciamientos: el país requiere investigaciones oportunas, judicialización efectiva y resultados concretos”, dijo Juan Martín Caicedo Ferrer, presidente saliente del gremio.
