Avanza el proceso para reactivar las Salinas de Manaure. Con proyecto de ley se busca capitalizar la empresa

La caída en 2023 del Estado de Emergencia, Social y Ecológica con la que el Gobierno buscaba atender la crisis de La Guajira, llevó a que se decidiera tramitar las medidas de salvamento para ese departamento mediante un proyecto de ley en el Congreso, el cual ya avanza en su segundo debate.

La iniciativa busca principalmente dar oxígeno a la empresa de economía mixta Salinas Marítimas de Manaure Ltda. (Sama), la cual está ahogada en deudas, tiene graves problemas de gobernabilidad y administración, y 3.000 familias indígenas que son dueñas de la concesión minera y que quedarían en el aire en caso de que esta no siga operando.

El plan del Gobierno incluye una capitalización por 61.000 millones de pesos, así como un modelo de extensionismo tecnológico para poder mejorar la productividad de la empresa, al menos en un 15 %.

Con el fin de ayudar a la protección del empleo y la reactivación económica de La Guajira, la Cámara de Representantes aprobó de manera unánime en segundo debate el proyecto de Ley 399 de 2024 Cámara - 259 de 2024 Senado, “Por medio del cual se establecen mecanismos para el salvamento, capitalización y reactivación empresarial de las Salinas Marítimas de Manaure - Sama Ltda.”.

El proyecto es liderado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo con el apoyo de la Superintendencia de Sociedades, y la meta es que al ayudar a Sama no solo se reactive la economía del departamento, sino también el turismo y se fortalezca la identidad cultural de la comunidad wayuu.

“Se busca garantizar la viabilidad financiera de Sama Ltda. a través de medidas estratégicas como la reorganización empresarial, la diversificación de productos derivados de la sal y la reindustrialización del sector. Uno de los principales objetivos de la iniciativa es generar al menos 400 empleos, permitiendo la reactivación del sector”, explica Billy Escobar, superintendente de Sociedades.

Con esta aprobación, el proyecto avanza en su trámite legislativo.

Los problemas

En el pasado, Escobar había explicado que el gran problema de Sama es que no estaba cumpliendo con sus obligaciones, ni con su objeto social. Sus principales acreedores son entidades del Estado, como la Agencia Nacional de Minería, la Agencia Nacional de Infraestructura, la Superintendencia de Sociedades y la Dian, con deudas que el año pasado sumaban casi 14.500 millones de pesos.

“Es una empresa que está paralizada y sin reservas; en fin, es una situación caótica. Nosotros como Gobierno nacional no podemos quedarnos en la posición de sentarnos en la ley, ver un muerto y dejar que eso suceda contribuyendo a su entierro o a su defunción. La idea de nosotros es salvar la empresa a través de los mecanismos que la misma ley establece”, reiteró Escobar en su momento.

La explotación industrial de las salinas comenzó en la década de 1920, cuando el Gobierno otorgó concesiones a particulares para explotar la sal marina. En esta zona del país se producen 180.000 toneladas de sal al año, pero el potencial es muchísimo mayor. El tema es que esta actividad ha estado afectada por la concurrencia de intereses, culturas y visiones de diferentes grupos sociales, empresariales, de transporte, sindicales, indígenas y políticos de la región, que han generado numerosos paros y bloqueos.