El botín de la Dian: lo que hay tras la rapiña por puestos y tretas para facilitar la evasión y el contrabando

Detrás de casos de alteración en la facturación en la Dian, a través de los cuales se borran pagos efectuados con tarjeta de crédito en el exterior o en efectivo, con el fin de disminuir el impuesto de renta, estarían algunos de los funcionarios que entran a la entidad, a veces, bajo la recomendación del clientelismo. Claro está, tampoco escapan a la tentación del soborno muchos de los trabajadores que se vinculan laboralmente por la vía legal.

El modus operandi del trabajador que se presta para el fraude es diverso. En el caso de la alteración de datos, una vez se detectan las irregularidades, estas pasan a un área de fiscalización, donde se prepara lo que se llama liquidación oficial de corrección, que es el acto administrativo por medio del cual la Dian le dice al implicado que le adelantará el proceso judicial para sancionar y cobrar. En ese punto entra a jugar el net working. Personas que por algún motivo tuvieron conexión con trabajadores que están dentro, logran que dejen por fuera las pruebas de su fechoría tributaria. Lo hacen una y otra vez. En el momento en que se detecta el acto cometido, el funcionario alega un olvido (un error humano), pero ya para ese entonces el robo no se puede revertir.

Procesos multimillonarios que desaparecen

Según fuentes que hicieron parte de la Dian, debido a actos procedimentales que están en la misma ley (por ejemplo, que las personas no pueden ser juzgadas dos veces por lo mismo), se logra que procesos multimillonarios de repente desaparezcan, con el consiguiente impacto en el recaudo, producto de la evasión tributaria que se permite o del contrabando que se deja pasar. Honduras, que es un país más pequeño en todo, en comparación con Colombia, recauda 21,4 % del PIB y nuestra nación, un promedio de 16 %, aunque en 2022 llegó a 19 %, según la Ocde.

Tener la facilidad para tomar esos atajos con los impuestos son algunos de los fines que perseguirían muchos de los que hacen fila para asegurar a sus recomendados en la Dian, señalaron fuentes cercanas a la entidad.

Recientemente, de las informaciones entregadas a la Fiscalía por el exdirector de la Dian, Luis Carlos Reyes, se conoció que había una larga lista de nombres de políticos que pedían puestos allí, lo que está siendo investigado por las autoridades.

Al respecto, Reyes dijo que en su paso por la Dian, tan pronto llegaba una hoja de vida recomendada, la vetaba, pues afirmó que es partidario de los concursos meritocráticos que se hacen a través de la Comisión del Servicio Civil. “En mi administración me fue bien con ellos”, dijo. No obstante, tampoco es desconocido que, en ocasiones, se mueven hilos para que dichos concursos los gane la persona que alguien requiere tener en la entidad.

Pedro Caro, quien preside Sinedian, uno de los sindicatos de la entidad, expresa que los cargos en la Dian son muy apetecidos: “Primero, porque en la rama Ejecutiva los mejores salarios están en la Dian. Un profesional básico sin experiencia puede iniciar ganando 7 millones de pesos. Entonces es muy atractivo, lo que genera suspicacias de favorecimientos. No hay denuncias con pruebas”.

El personal llega a la Dian de cualquier manera, señala una fuente, según la cual, en el pasado había verdaderas subastas con los puestos. “Algunos entran por mérito, otros por palanca, otros porque pagan y una vez estando ahí, para mantenerse, le hacían favores a políticos. Luego terminaban conectados con gente muy poderosa, que maneja mucho dinero”.

La suculenta Dian

Para nadie es un secreto que la Dian, por el tamaño y la naturaleza de su misión como autoridad tributaria y aduanera, es atractiva. No solo para que los políticos pidan puestos, con los que buscan pagar favores pactados en épocas electorales (la entidad tiene autorizado llegar a 20.000 empleados), sino para que ayuden en un momento dado a personas naturales y jurídicas a evadir impuestos.

Reyes, por ejemplo, aunque señaló que quiere imaginar que hay circunstancias en las que personas recomendadas por un congresista entran a la Dian y van a aportar al país, no se puede negar que, “en realidad, existe un riesgo grande de que ese proceso clientelista lleve a que la persona trabaje no solo por los intereses de Colombia, sino por los de la persona que lo recomendó”.

Recordó que desde el año pasado se implementó el concurso meritocrático como una obligación. Aunque no negó que siguen existiendo los cargos de libre nombramiento y remoción, cuyos ocupantes se escogen a discrecionalidad del director de turno.

“Son un porcentaje muy pequeño de los cargos de la entidad. Son principalmente los de directores de gestión, más subdirectores a nivel nacional y jefes de oficina. Estamos hablando de unas pocas decenas de cargos de libre nombramiento y remoción en una entidad que en este momento tiene una planta autorizada de 20.000 personas. Yo creo que esos cargos deben seguir siendo prerrogativa del director general para poder gerenciar una entidad tan grande”.

Triquiñuelas

Lo cierto es que las triquiñuelas en la Dian nunca faltan. Exfuncionarios de la entidad cuentan que han existido casos en los que las auditorías detectaban que los actos administrativos para realizar cobros judiciales, cuando superaban los 5.000 millones de pesos, con frecuencia eran mal notificados. “Como el proceso se sigue haciendo manual, da pie para que se cometan ‘errorcitos’. La Dian termina siendo un botín. Los que le juegan a la ilegalidad agradecen que les borren un proceso de millonarias sumas, a veces en dólares”, señala la fuente consultada.

Detrás del asunto está el lobbismo de los evasores frente a los funcionarios que —si se dejan tentar— buscan la forma de hacer los trucos: meten mal un número o anotan una dirección equivocada, lo que lleva a que no se logre ubicar al infractor y la plata se queda sin recuperar.

Y no siempre la oferta de fraude viene del mismo lado. La evasión con participación del funcionario (vinculado o no por clientelismo) es innegable, según lo revelan informaciones ampliamente divulgadas en el país.

En los inicios de este año se dio a conocer un caso en una IPS de La Guajira, según recordó el exdirector Jairo Orlando Villabona: “Funcionarios de la Dian contactaron al contribuyente que debía una millonaria sanción por presuntas inconsistencias en el impuesto a pagar”. Intimidado por la supuesta infracción, escuchó la propuesta fraudulenta. Le ofrecieron alterar el monto de la sanción, desde 386 a 130 millones de pesos, a cambio de una coima para el funcionario. El implicado optó por rechazar la propuesta, por lo que le embargaron las cuentas y le cerraron la posibilidad de hacer un acuerdo de pago para cumplir -—a plazos— con la sanción. Terminó denunciando el hecho.

Fiscalización y Aduanas

No es gratuito que las áreas que tienen que ver con la fiscalización y las aduanas sean las más apetecidas. En el reciente escándalo destapado por Reyes, quien denunció que Adelina Covo, suegra del hoy ministro del Interior, Armando Benedetti, y Nicolás Petro, hijo del presidente de Colombia, le habían pedido puestos, se mostraban chats en los que le solicitaban las aduanas de Barranquilla y Cartagena, dos de los cinco principales puntos de ingreso de la mercancía que entra por importación al país, para poner allí a personas recomendadas.

Los vacíos de la ley y la dificultad para aplicar las normas existentes también juegan a favor de la ilegalidad. Es más, algunos expertos recuerdan que el contrabandista no paga por contrabandear, sino que simplemente agradece. Todo, porque en el país el 90 % de los contenedores no se revisan, pues pasan por un canal de selectividad (si no provienen de países con alto riesgo de ingreso de mercancía de ilegalidad o productos que generan alerta porque son los más frecuentes, no generan suspicacias). En consecuencia, en casos como el del llamado zar del contrabando, Diego Marín, alias ‘papá Pitufo’, mediaban regalos en dinero, pero también viajes de lujo, vehículos y otros favores que consolidaban la lealtad de los miembros de la Polfa (Policía Fiscal Aduanera y otros), al zar del contrabando.

Los contrabandistas, ya montados en ese delito, alrededor del cual hicieron su negocio, saben en detalle cómo funcionan los algoritmos para la revisión de contenedores. Por lo tanto, no traen abiertamente textiles, zapatos y otros productos que siempre están bajo la lupa de la vigilancia. Eligen la importación de elementos de ferretería, por ejemplo, que no despiertan mucha sospecha, y a través de eso empaquetan el contrabando que realmente quiere ingresar. Tan pronto salen los productos del puerto, lo que curiosamente sucede en cuestión de minutos, el asunto se convierte en un problema social pues esa mercancía se vuelve el modo de vida de miles de familias. Una fuente conocedora del tema se refirió a esa circunstancia y concluyó: “Un decomiso que se hace en carreteras o en un sanandresito, ya tiene impacto es sobre la población que vive de eso, no sobre el gran contrabandista”. Estos sucesos, pese a las luchas contra la ilegalidad tributaria, no han cambiado en años.