¿Está Colombia lista para la nueva ola regulatoria ambiental y social?

Si los datos científicos y las estadísticas del aumento de la intensidad y de la frecuencia de eventos climáticos extremos aún no convencieron a todos los actores del sistema financiero sobre la realidad del cambio climático, la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) trae otro incentivo a prácticas más sostenibles: una ola regulatoria que crece cada año. ¿Pero, están las instituciones financieras preparadas para esto?

Es un hecho que los temas ambientales, incluidos los climáticos, se han convertido en los principales retos para la humanidad en los próximos años. De acuerdo con el Global Risks Report (2025), del Fórum Económico Mundial, cinco de los diez riesgos más graves tienen relación con el medio ambiente.

Entre ellos, están no solamente la pérdida de biodiversidad y los fenómenos climáticos extremos, sino también la inacción y la falencia en lidiar con sus consecuencias. Estos riesgos no son lejanos: Colombia es altamente vulnerable a sequías, inundaciones y cambios en biomas críticos, lo que impacta sectores estratégicos como energía, agricultura y seguridad alimentaria, según la Cuarta Comunicación Nacional del Ideam.

En este contexto, la SFC viene trabajando para que las instituciones financieras locales integren de modo creciente -y cada vez más efectivo- asuntos de naturaleza ambiental y social en sus políticas, prácticas y decisiones de inversión. El caso más reciente es de octubre de 2025, con la Circular Externa 015, que establece lineamientos para la gestión de riesgos ambientales y sociales, incluidos los climáticos.

Esta normativa busca estandarizar la gestión de riesgos, reduciendo la incertidumbre y poniendo a las entidades en igualdad de condiciones. Por su vez, no hay una forma única de aplicación de la regla, que resalta el principio de la relevancia, priorizando los riesgos más significativos para cada entidad, y la proporcionalidad, que permite adaptar las exigencias de acuerdo con el tamaño y complejidad de cada institución. Con eso, ratifica la importancia de varios esfuerzos de Asobancaria y su Protocolo Verde, así como de entidades relevantes del sector, en los Sistemas de Administración de Riesgos Ambientales y Sociales (Saras).

Este no es el primer avance regulatorio formal en el sector financiero de Colombia. La SFC ya había dado pasos importantes, inicialmente con los cuestionarios bianuales sobre riesgos y oportunidades ASG, seguido de la emisión en 2021 de la Circular Externa 031, que introdujo lineamientos para la revelación de información ambiental, social y climática.

Asimismo, otras circulares y documentos técnicos impulsaron estas temáticas: Circular Externa 005/2022, de la Taxonomía Verde de Colombia; Circular Externa 008/2022, con lineamientos para la emisión de bonos vinculados al desempeño sostenible; Circular Externa 020/2022, de las instrucciones sobre bonos verdes, sociales y sostenibles; el documento “Administración de Riesgos y Oportunidades Climáticas para los Establecimientos de Crédito” (2022); y la publicación “Administración de Riesgos y Oportunidades Climáticas para el Sector Asegurador” (2023).

Estos movimientos son fundamentales, pues, por un lado, respaldan el avance “extraregulatorio” de entidades que lo hicieron por convicción -con base en datos que establecen la correlación entre desempeño financiero y socioambiental. Así, ponen una barra mínima de desempeño para todos y evitando incentivos perversos de actuar de modo no sostenible, como una pretensa “reducción de la burocracia” que, en realidad, expone todo el sistema a riesgos críticos. La Circular 015 va más en esta línea, por ejemplo -aunque también ponga a Colombia en pie de igualdad con referentes regionales, como Brasil y sus Resoluciones CMN 4.327/14, 4.943/21 y 4.945/21.

Por otro lado, las regulaciones también pueden buscar el alineamiento del sistema financiero colombiano a las mejores prácticas internacionales, creando un incentivo para las instituciones para que introduzcan prácticas y políticas cada vez más sofisticadas y específicas. La Carta Circular 028 y sus pruebas de estrés -alineados con las recomendaciones TCFD y estándares como IFRS S2- es un ejemplo con este enfoque.

Es cierto que implementar o actualizar un sistema para la gestión de riesgos ambientales y sociales -o cumplir con cualquier demanda de nuevas reglas- implica un esfuerzo adicional, especialmente en términos de recursos y capacitación. Por otro lado, estas regulaciones también abren oportunidades como la identificación de proyectos sostenibles, el acceso a financiamiento verde y una mayor resiliencia del sector.

Además, se deben entender estas normas como incrementales y no como “revolucionarias”. O sea, si llega una nueva norma sobre biodiversidad, por ejemplo, la exposición a activos y servicios de naturaleza pueden ser nuevas variables dentro de un análisis de escenarios y pruebas de estrés (alineado con la Circular 028), así como temas a ser verificados a través de los cuestionarios de un SARAS (Circular 015).

Mismo con esta verdadera y creciente ola regulatoria, las instituciones financieras colombianas han demostrado que sí están preparadas para enfrentarla. Durante la última década, la mayoría de estas entidades ha invertido en fortalecer a sus equipos internos y han iniciado el planteamiento de lineamientos internos que integran criterios ASG -en algunos casos ya con alusiones específicas a aspectos de clima y biodiversidad.

Varias de ellas no solo cumplen con estándares locales, algunas son reconocidas a nivel internacional por sus prácticas sostenibles, lo que claramente, evidencia un compromiso más allá del cumplimiento normativo. Si bien, la CE 015 exige ajustes relevantes, el sector cuenta ya con una base solida y con actores que ven esta regulación como una oportunidad para seguir consolidando su liderazgo con la sostenibilidad y responder a los riesgos que ya son parte de la realidad económica y climática del país.

La agenda regulatoria de la sostenibilidad para el sector financiero a nivel global seguirá evolucionando, y ya está posicionando en el radar temas como biodiversidad y economía circular, los cuales probablemente se incorporarán en futuras regulaciones. Si bien el progreso no será lineal, se esperarán grandes aprendizajes y procesos de mejora continua y las recientes circulares son hitos para eso.

Si hay poco margen para mitigar los impactos del cambio climático y otros retos socioambientales siendo un único país -especialmente un país en desarrollo-, hay más posibilidades cuando se trata de adaptarse a sus consecuencias. En este sentido, Colombia demuestra estar en línea de frente para buscar que los negocios sean más sostenibles y el sistema financiero, más estable.

*Andrea Parejo es consultora de finanzas sostenibles y Fred Seifert es socio para el sector financiero LAC y deuda sostenible. Ambos de la empresa ERM.