Juez obliga a reconocida empresa de alimentos para mascotas a entregar información clave: tiene 48 horas; Solla se pronuncia

El pasado 31 de marzo, el Juzgado Séptimo Penal Municipal emitió un fallo en contra de la empresa Solla S.A., tras una acción de tutela interpuesta por Deiby Martínez Cortés. La acción de Martínez se dio luego de que le pidiera a la compañía, mediante una carta, que le entregara información con respecto a los componentes que contiene la comida que procesa para animales domésticos, como son perros, gatos y otros.

El fallo le da plazo a la empresa hasta el jueves 3 de abril para argumentar por qué no puede entregar la información solicitada en el derecho de petición, el cual estaría enfocado en conocer la composición secreta de los productos de Solla, los cuales son protegidos por las instituciones del país.

Margarita María García Hoyos, vocera de Solla, indicó que la tutela “está pidiendo todos los aspectos contables y tributarios de los estados financieros, declaraciones de renta, todo lo que le hayamos presentado a la Dian; historial de pagos de impuestos ambientales y sanitarios. Y está pidiendo todo el reporte de quejas, denuncias y procesos legales”.

Además, en relación con el fallo emitido por el Juzgado Séptimo Penal Municipal, el presidente de Solla, Mauricio Campillo, aclaró las versiones entregadas por su contraparte.

“Frente a la tutela, que incluso tenemos todavía el derecho de recurrir porque fue notificada el día de ayer, pretende que le contestemos a fondo. Pero incluso la tutela cambia el contenido, porque ya no habla con tanto detalle de toda la fórmula, porque se dio cuenta de que no podía hacerlo, sino de manera general”, indicó Campillo.

“Nosotros, de alguna manera, nos defendimos del fallo de tutela, que indica que simplemente le demos respuesta, indicándole en cada uno de los puntos la razón específica de por qué no le podemos atender el derecho de petición”, explicó.

En la solicitud inicial hecha directamente a la empresa, el solicitante indicaba que, en los distintos foros internos y redes sociales, su organización, llamada Protección Canina Mundial, recibió numerosas consultas, inquietudes y quejas recurrentes sobre la calidad y efectos de ciertos alimentos en la salud de los caninos.

Sobre este aspecto, Solla señaló que —hasta el momento— el demandante no ha presentado ninguna prueba que sustente que los alimentos de la marca generen algún perjuicio a los animales, y que los señalamientos realizados se hacen de manera general y no al grupo empresarial colombiano.

“Nosotros hacemos todas las pruebas de palatabilidad, digestibilidad, comportamiento del tema del animal o de la mascota. Tenemos grooming, tenemos una cantidad de cosas y podemos registrar el alimento en absolutamente todos los productos, para 40 perros de todas las razas", reafirmó el directivo.

Por otra parte, indicó sobre Solla: “Somos la única compañía en Colombia certificada por la IBSD americana y la EBD americana para exportar a Estados Unidos. El mayor mercado de exportación de Colombia es Puerto Rico”.

De acuerdo con la tutela, se aseguraba que entre las preocupaciones más mencionadas se encuentran casos de formación de cálculos renales, problemas digestivos y afecciones urinarias en perros que consumen ciertos tipos de alimentos comerciales. Indicaba, además, que la solicitud de esta información es de carácter preventivo y tiene una finalidad informativa.

Sin embargo, las preocupaciones antes señaladas no han sido probadas de manera científica y Solla señala que en todo momento han estado abiertos a los entes de control para la vigilancia de sus productos.

La solicitud del ciudadano, indicaba que, “en aras de evitar la necesidad de recurrir a entidades de control como la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), el Invima, el ICA, la Dian o la Superintendencia de Salud, preferimos dirigirnos directamente a ustedes como fabricantes, confiando en su compromiso con la transparencia y la confianza del consumidor”.

Por ello, la organización animalista solicitó la composición y el balance nutricional, además del control de calidad y seguridad alimentaria, aspectos regulatorios y licencias, aspectos contables y tributarios, reportes de quejas, denuncias y procesos legales, entre otros.

Pero Solla respondió que no era posible acceder a tal petición, dado que “la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones, en su Decisión 486, señala que dicha información es de carácter reservado y su divulgación podría acarrear en un detrimento patrimonial a la sociedad, cuando sea susceptible de transmitirse a un tercero”, precisaron.

Frente a ello, la organización Protección Canina Mundial interpuso una acción de tutela, en la que solicitó a un juez decidir sobre el caso, asegurando que la información requerida no compromete fórmulas industriales ni datos estratégicos protegidos, sino que corresponde a información de carácter sanitario y regulatorio que, por su impacto en la salud pública, debe ser accesible a la comunidad.

Tras el debate jurídico, el juez le ordenó a la sociedad Solla S.A., por intermedio de su representante legal, que “proceda dentro del término de 48 horas siguientes al recibo de la presente providencia otorgar respuesta de fondo, clara y congruente a todas y cada una de las pretensiones enlistadas en la solicitud elevada por el actor el pasado 11 de marzo de 2025, indicándole los fundamentos legales de la reserva de la información peticionada de ser el caso”, indicó.

SEMANA habló con el accionante de la tutela, Deiby Martínez Cortés, quien calificó el hecho como un buen precedente. “Hoy por primera vez estamos sentando jurisprudencia y hoy un juez de la República ordena a una empresa grande, multinacional, a entregar información a nuestra organización, con un precedente histórico para que cualquier empresa, ciudadano común, pueda obtener información de lo que está comprando y de lo que su perrito está comiendo”.

También indicó que con la misma empresa ya cursan otros cuatro derechos de petición sobre varios aspectos y lo que se busca es que, con un equipo profesional y de técnicos, se pueda hacer trazabilidad e iniciar una lucha nacional en acciones jurídicas grupales, basados en la recolección de información responsablemente.

“Sin haberse resuelto la tutela, tenemos en este momento otros tres derechos de petición en camino”, puntualiza Margarita María García Hoyos, de Solla.