Junta directiva de Ecopetrol asegura que no autorizó el otrosí que tiene contra las cuerdas a su presidente Ricardo Roa

En la tarde del jueves 29 de mayo de 2025, Ecopetrol compartió un comunicado de prensa en el cual analizó y divulgó las informaciones más recientes del grupo económico. Además, desmintió algunos supuestos rumores generados por medio de las redes sociales.

En primer caso, la compañía señaló los procesos de cotización que realizan en los mercados de Estados Unidos y las normas que han instaurado para el control de los resultados obtenidos.

“Desde el año 2008, cuando Ecopetrol empezó a cotizar en la Bolsa de Nueva York, ha contado con un sistema de control interno y actividades de debida diligencia, apoyado por firmas de abogados de Estados Unidos, con conocimiento en asesorías especializadas en diversos temas, incluyendo la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA, por sus siglas en inglés) y asuntos relacionados con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, Ofac), gestión de riesgos y asuntos éticos”, destacó la empresa.

Junto a esto, especificó que a solicitud de la junta directiva, en uso de sus facultades estatutarias y como resultado de un proceso plural, Ecopetrol contrató como asesor legal especializado a la firma Covington & Burling LLP, desde el 29 de agosto de 2024, para realizar el análisis de las políticas, procesos y discusiones relacionados con autoridades estadounidenses.

Con respecto al presidente de la compañía, señalaron que en este proceso no participó Ricardo Roa. El contrato referido le permite a la junta directiva recurrir al asesor, cuando lo considere necesario, para asegurar el cumplimiento de las normas pertinentes.

Por otra parte, Ecopetrol negó conocer el otrosí de un contrato millonario que fue avalado y el cual causó gran polémica en diferentes sectores del país.

“Tal y como se verificó en las actas, ni el comité de auditoría ni la junta directiva fueron consultados respecto a la firma del otrosí al contrato original, menos aún del cambio en su alcance y el valor del mismo. Como consecuencia de lo anterior, la junta directiva ordenó la suspensión de las actividades desde febrero de 2025. En su momento y de manera oportuna, la junta directiva solicitó someter estas actuaciones a auditoría e investigación, en el marco del respeto a la ley y al debido proceso. En función de los resultados de estos procedimientos, se tomarán las acciones legales y administrativas que correspondan", puntualizó Ecopetrol.

En otro aparte del comunicado, Ecopetrol anunció que en todo momento colaborará con las autoridades y entes de control que han iniciado procedimientos relacionados con esta situación. Además, indicó que todas las acciones legales en curso buscan preservar la integridad de la empresa y proteger su imagen y reputación en el ámbito nacional e internacional.

Además, reiteró que la reciente información no afecta los planes ni los proyectos definidos por la empresa y tampoco las expectativas de producción y crecimiento para el año en curso.