Por baja competitividad de Colombia, el país perdió más en la pandemia, ¿en qué se rajó y en qué se destacó?

El año 2020 fue un periodo particularmente desafiante a nivel global, con serias repercusiones sobre la salud y la economía por cuenta de la crisis generada por la pandemia. Colombia no fue ajeno a su impacto: se perdieron más de 120.000 vidas, la economía se contrajo 6,8 % y más de 3,5 millones de personas se sumaron a la condición de pobreza.

Para el Consejo Privado de Competitividad (CPC), la pandemia hizo evidente que los países más competitivos tuvieron mayor capacidad para atender las necesidades de las personas y de las empresas en esta coyuntura.

No es fácil hablar de competitividad en medio del tsunami por el que ha pasado el país y que aún no termina. Sin embargo, el CPC plantea la competitividad, “como una forma en la que los países mejoran la vida de sus ciudadanos”.

El CPC destacó que en medio de la pandemia en Colombia iniciativas como Ingreso Solidario, la Compensación del IVA y el Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF), apoyaron a los más vulnerables y protegieron el empleo. Así mismo, los avances en vacunación han permitido que la economía se reactive, haya logrado recuperarse, y que el impacto en salud haya cambiado su tendencia.

Sin embargo, los resultados son más agrios que dulces en materia de competitividad para el país. Colombia, de 44 indicadores de competitividad en América Latina, se destaca en 19. Por ejemplo, ocupa los primeros lugares en regulación de conflictos de intereses, resolución de insolvencia, mejor entorno para la inclusión financiera, datos abiertos, índice de gobierno digital y calidad del suministro eléctrico.

Pero en otros 25 indicadores se raja y ocupa los últimos lugares, como en número de días para hacer cumplir un contrato, la tasa de desempleo, la velocidad promedio en internet móvil en descarga, la concentración de la canasta exportadora y la tasa nominal de renta para las personas naturales, entre otros.

Si no hay empleo, todo es más complejo

Además, el país vive un escenario complejo en materia de empleo: mientras que la tasa de ocupación de los hombres es del 66,3 %, la de las mujeres es del 41,3 %, una diferencia que se amplió en 3,5 puntos porcentuales con respecto a los niveles prepandemia. La tasa de desempleo juvenil es del 20,5 %, y hoy en Colombia hay 2,99 millones de personas entre 14 y 28 años que no trabajan y no estudian.

Esto lo que genera es un mapa de tareas pendientes que es necesario abordar y avanzar en materia de competitividad para cerrar las brechas. En la presentación del Informe Nacional de Competitividad 2021-2022, el CPC plantea una hoja de ruta para desarrollar en materia de competitividad en: educación y empleo de calidad, desarrollo de mercados, conexión física y digital y un Estado eficiente.

“Los efectos de la crisis por la pandemia del covid-19 amenazan con afectar de forma permanente la cohesión social y el potencial de crecimiento del país. Esto disminuye la capacidad como sociedad para mejorar las condiciones de vida de todos los que habitan en Colombia, sobre todo de los más vulnerables”, dice el informe.

Protestas mostraron el reto social que hay

Además, las protestas durante el primer semestre de 2021 dejaron claro que abordar los retos sociales y económicos es impostergable. “Es evidente –agrega el Informe- que los ciudadanos, sobre todo las nuevas generaciones, exigen un nuevo contrato social en el que cada estamento de la sociedad sea responsable de aportar de manera más decidida a la construcción de una vida más gratificante para todos”.

Dentro de las prioridades, propone -entre otras acciones- aumentar el recaudo tributario, una reforma al sistema pensional, darle más atención al mercado laboral, el regreso a las aulas de 2,2 millones de niños y jóvenes, mayor conectividad digital y revisar la regulación de competencia.

“La competitividad del país afecta su capacidad productiva y el día a día de todas las personas que en él vivimos. Para avanzar en la construcción de una sociedad más próspera y equitativa, es necesario tomar decisiones que nos hagan más productivos en el largo plazo”, dijo la presidente del Consejo Privado de Competitividad (CPC), Ana Fernanda Maiguashca, en el evento de lanzamiento.

Algunas recomendaciones puntuales

Las recomendaciones del Informe se agrupan alrededor de 4 objetivos prioritarios:

1. Recuperar la esperanza: educación y empleo de calidad. Es fundamental el regreso a la educación presencial de 2,2 millones de niños, niñas y adolescentes e iniciar el proceso para remediar las pérdidas de aprendizaje por el cierre de los centros educativos. A 2020, un joven de 15 años en el país contaba con cerca de 3 años menos de escolaridad respecto a un estudiante promedio de la Ocde, un fenómeno que tendió a agravarse por cuenta de la pandemia.

La calidad de la educación sigue siendo un reto para el país y sobre todo su pertinencia para el trabajo. La implementación del Marco Nacional de Cualificaciones sería un avance importante en esta dirección.

Es fundamental resaltar que muchas de las reglas del mercado laboral, pensadas para proteger a los empleados, no previnieron que estos perdieran su trabajo en la pandemia. En cambio, hoy se convierten en barreras para que los informales (48 % de los ocupados), los desempleados (12 % de la población económicamente activa) y quienes tuvieron que desistir de la búsqueda de un empleo en medio de la pandemia, puedan encontrar un trabajo formal.

2. Mercados para competir, crecer y ser mejores. El CPC pide revisar los marcos regulatorios, fomentando una mayor dinámica de mercado y poniendo al consumidor en el centro. Hecho que permitiría competir con éxito en los mercados internacionales. Colombia ocupa el puesto 126 entre 141 países en efectos de la regulación sobre la competencia. Es el país con peor puntaje de la Ocde en complejidad del proceso regulatorio y en licencias y permisos para nuevas empresas.

Por otra parte, hay que fomentar la absorción de tecnología y conocimiento en el aparato productivo, y considera que las propuestas de la Misión de Internacionalización son un medio efectivo para lograrlo. Por último, el CPC insiste en que es necesario continuar aprovechando las oportunidades que el tránsito a la carbono-neutralidad le ofrece al país.

3. Un país más y mejor conectado para este esfuerzo colectivo. Para ello, se requiere llevar conectividad digital de calidad a todo el territorio. Colombia es el país de la Ocde con menor penetración de internet de banda ancha móvil y fija y se ubica en el penúltimo lugar de América Latina en velocidad de internet. Este factor es clave para el desarrollo del nuevo entorno de negocios y crucial para la competitividad del país.

Es fundamental, avanzar en la diversificación de la matriz de generación de energía. Sin embargo, esto debe darse con la protección del suministro a precios eficientes para una demanda industrial y residencial que cada vez debe estar más involucrada en las decisiones del mercado. Cerca de 500.000 hogares no cuentan con acceso a la energía eléctrica y más de 1,6 millones de familias aún cocinan sus alimentos con leña.

Es prioritario, advierte el CPC, consolidar una red de transporte intermodal en todo el país, cuyo fin es la eficiencia en los costos de transporte de las empresas y las personas. Adicionalmente, es necesario que dentro de este esfuerzo se involucre la rehabilitación del casi 75 % de las vías terciarias del país que se encuentran en mal estado.

4. Un Estado eficiente, confiable y al que todos le podamos exigir. Como sociedad tenemos que tomar la decisión de aumentar el recaudo tributario y mejorar su estructura. El recaudo representa el 19,7% del PIB, y en 2019 era el segundo más bajo entre los países de la Ocde. Además, las empresas contribuyen con cerca del 80% de los impuestos directos. Este cambio implica sacrificios puntuales, pero sin ellos, estamos comprometiendo la calidad de vida de todos en el mediano plazo.

Se requiere una reforma al sistema pensional para aumentar su cobertura y equidad y mejorar la eficiencia del gasto público que se destina a este. En 2020, solo una de cada cuatro personas en edad de jubilación recibió una pensión contributiva.

Finalmente, todo avance en la transformación digital del Estado redundará en eficiencias para los ciudadanos, el aparato productivo y el Estado mismo.

“Avanzar en la consecución de estos cuatro objetivos para la construcción de un país más competitivo, equitativo y sostenible, requiere de visión de largo plazo, sacrificios de corto plazo y trabajo colectivo. La competitividad es un asunto de todos”, concluye Maiguashca.