Empresas
Superindustria formula pliego de cargos a EPM y a la empresa distribuidora de servicios públicos, Dispac. Estas fueron sus faltas
Según la entidad de vigilancia, tiene material probatorio de que incurrían en prácticas que limitan la libre competencia.
En una posible vulneración a la norma que regula la libre competencia, habría incurrido la empresa EPM, Empresas Públicas de Medellín; al igual que la Empresa Distribuidora del Pacífico -Dispac-, según dijo la Superintendencia de Industria y Comercio, entidad liderada por Cielo Rusinque.
La delegatura para la Protección de la Competencia de la SIC afirma que tendría el material probatorio para demostrar que las dos compañías mencionadas, han incurrido en una práctica, procedimiento o sistema tendiente a limitar la libre competencia de forma continua y reiterada.
Por esa razón, anuncia la formulación de cargos contra ellas, lo que implica que inicia un proceso de investigación, para llegar a establecer si se configura una vulneración a la prohibición general descrita en el artículo 1 de la Ley 155 de 1959.
El accionar de la Superintendencia estaría sustentado en que los distintos procesos de contratación adelantados por las empresas de servicios públicos domiciliarios mencionadas, podrían estar configurando una “vulneración a la libre competencia”.
Lo más leído
¿Qué hicieron puntualmente?
Las conductas que tiene en investigación la SIC se refieren a conductas que habrían impedido la participación de distintas personas en los procesos de selección adelantados por estas compañías. Dichos impedimentos se presentaron, aún, con oferentes que cumplían requisitos para hacer propuestas favorables.
Plata de por medio
La Superintendencia menciona lo sucedido con EPM, en donde la delegatura que lleva el caso habría encontrado que dicha compañía estaría estableciendo “en ciertos procesos de contratación, que los interesados en competir en estos pagaran cierta suma de dinero para adquirir el derecho a participar; segundo, impedir la participación de estructuras plurales como consorcios o uniones temporales; y tercero, limitar el número de integrantes que podían conformarlas, el porcentaje de participación que debían tener en estas sus integrantes y el régimen de responsabilidad que les aplicaba".
Para la SIC, la conducta en la que habría incurrido EPM ya hico efecto, pues “al menos en 24 procesos de contratación para el suministro o construcción de obras durante el periodo comprendido entre 2020 y 2023, cuyas cuantías acumuladas superan el billón de pesos” se hicieron.
Por el lado de Dispac, de igual manera como investigan si sucedió con EPM, “los interesados en competir en estos pagaron cierta suma de dinero para adquirir el derecho a participar; y segundo, limitar el número de integrantes que podían conformar las estructuras plurales como consorcios o uniones temporales”.
El impacto, en el caso de Dispac, habría impactado al menos 23 procesos de contratación para la construcción de obras y la realización de interventorías, durante el periodo comprendido entre 2019 y 2023, cuyas cuantías acumuladas superan los cuatrocientos mil millones de pesos, dijo la SIC.
La Superintendencia menciona que, pese a que los procesos de contratación adelantados por EPM, por ejemplo, no están sujetos al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, la empresa si tenía la obligación de aplicar los principios de la función administrativa y, en particular, los de selección objetiva y la libre competencia económica.
Con respecto a Dispac, esta empresa habría aprovechado la no aplicación del Estatuto de Contratación, para incluir barreras de entrada que a los ojos de la SIC resultan injustificadas, y que habrían afectado la libre competencia económica, en algunos procesos de contratación que adelantó entre 2019 y 2023.
