SuperSociedades le suelta amarres a la filial en Colombia de la venezolana PDVSA, ¿jugada para consolidar importación de gas?

El gas es uno de los productos claves para el país, inclusive, de cara a una transición energética que vaya dejando a un lado el uso de los hidrocarburos. Por ello, Colombia está buscando alternativas, pues se requiere garantizar el abastecimiento en el mediano y largo plazo, ante el riesgo de bajas en su disponibilidad. Una de esas opciones, que ha sido controversial en el país, es la de importar gas de Venezuela, aprovechando un viejo contrato con la compañía venezolana, que da la posibilidad de importar hasta 200 millones de pies cúbicos diarios de gas.

En ese sentido, ante el déficit de gas que tendría nuestra nación, según mencionó recientemente el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, la Superintendencia de Sociedades informó este lunes, 22 de abril, que la sucursal en Colombia de la venezolana PDVSA fue exonerada del grado de supervisión denominado control. Eso implicaría que le suelta amarres, en medio de la decisión que recientemente tomó Estados Unidos, de continuar con las sanciones a la matriz de la petrolera estatal venezolana.

Esto puso en entredicho el avance del trámite para concretar negocios de Colombia con ese país, por los embargos al régimen, producto de las sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

En ese sentido, la alternativa que quedaría disponible sería una solicitud expresa de una licencia a Ofac por parte de quien quiera hacer negocios en Venezuela: la filial colombiana, por ejemplo.

En esa ruta, el hecho de que PDVSA pase a su estado anterior de vigilancia, lo que implica que solo deberá presentar información periódica a esa autoridad, sobre su situación jurídica, económica, contable y administrativa para los fines de la supervisión que por ley se ejerce, alivianaría el camino.

Paso a reactivación del gasoducto Antonio Ricaurte

De acuerdo con la información suministrada por SuperSociedades, la decisión tomada estaría en línea con “la preservación y normalización de las relaciones comerciales y crediticias de la Sucursal, a través de un acuerdo con sus acreedores”, lo que tiene por objeto “atender pasivos por el orden de 30,7 mil millones de pesos en un plazo máximo de 2 años; la reactivación del gasoducto Transcaribeño “Antonio Ricaurte” tramo Colombia, que se extiende aproximadamente en 88,5 kilómetros en el territorio colombiano, localizado entre Maicao, Manaure y Riohacha valorado en 72,5 mil millones de pesos, y una perspectiva de inversiones del orden de 2.000.000 dólares”, según su plan de negocios presentado ante el juez del concurso”, argumentó la entidad de vigilancia.

De acuerdo con las explicaciones entregadas por Billy Escobar, superintendente de Sociedades, la entidad seguirá con su proceso de acompañamiento, “de manera constructiva y pedagógica”, según lo expuso el funcionario, lo que se hará “bajo los parámetros de ley”.

Según lo expresado por Escobar, el propósito de la decisión anunciada es “fortalecer la generación de riqueza, la sostenibilidad, la promoción del empleo y el fortalecimiento de las relaciones comerciales binacionales”.

El curso de esta decisión, ha sido entendido por varios analistas como un soltar amarres para que finalmente se logre llegar a la alternativa de importar gas de Venezuela.