Tarifas de energía
Tarifas de energía: ¿bajarían, ahora si, tras acción popular? Uno de los demandantes contó los alcances del fallo
Fue una de las promesas del gobierno en el Caribe. La reducción no se ha dado con el alivio esperado. La Creg tumbó el régimen especial en el Caribe, en cumplimiento del fallo. Miguel Ángel Alzate, personero de Barranquilla, resuelve interrogantes.
La razón de la demanda
SEMANA. ¿Por qué los personeros decidieron interponer una acción popular sobre el tema de las tarifas de energía?
Miguel Ángel Alzate. Entre 2019 y 2020 la Creg, Comisión de Regulación de Energía y Gas, expidió unas resoluciones que crearon un régimen especial para la región Caribe, cuyo fin era darle mayores capacidades a las empresas nacientes, Air-e y Afinia, de manera que pudieran poner en marcha la operación de comercialización de energía.
Para nosotros, esas reglas lo que permitieron fue prerrogativas que llevaron a que se pusieran más recursos en el bolsillo de los inversionistas a costa del bolsillo de los usuarios.
Se autorizaban mayores cobros, muy distintos a los que aplicaban otras regiones del país.
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Cuando los usuarios del servicio empezaron a tener incrementos exponenciales en los recibos, acudían a las personerías, por lo tanto, junto con Santa Marta y Riohacha, presentamos una acción popular, ante el Tribunal Administrativo, acudiendo al derecho colectivo expresado en la ley, según el cual, se debe velar por el acceso a los servicios públicos de manera eficiente y oportuna.
Las altas tarifas eran una barrera para acceder a los servicios, por lo que consideramos que se violaba ese derecho colectivo.
Cobros adicionales
SEMANA: ¿Cuáles eran los cobros adicionales en el régimen especial?
M.A.: En el esquema tarifario especial estaban las reglas comunes para todo el país, pero con unos cobros adicionales. Por ejemplo, se incluían las pérdidas no técnicas o las pérdidas por robo de energía, que tiene varios nombres. Había costos administrativos, de operación y mantenimiento, que se sumaban en el recibo.
En la región nos cobraban un 20 % más que a todo el país. Y en el componente de comercialización nos cobraban un 20 % adicional más 300 puntos básicos de incentivo de cartera.
SEMANA. Los procesos jurídicos se demoran en Colombia. ¿Desde cuándo interpusieron la acción popular?
M.A.: En 2022 presentamos la acción popular, que fue admitida y hasta el año 2024 se decretaron las medidas cautelares, según lo solicitado, y era: que se hiciera una audiencia pública en Barranquilla, orientada a que vinieran todos los comisionados y conocieran de primera mano la afectación social que estaban generando las altas tarifas. Para esa época hablar con la Creg y los comisionados era todo un misterio.
La audiencia se realizó en septiembre y el Tribunal Administrativo del Atlántico también decretó que, 10 días después de esa jornada, se expidieran los actos administrativos tendientes a eliminar el régimen especial o a modificarlo.
La Creg acató esa decisión y desde entonces, de manera progresiva, ha cumplido el falo: viene expidiendo regulaciones tendientes a controlar el precio de las tarifas de energía. Ya son más de 15, están vigentes y ya se aplican.
SEMANA. Entonces, ¿qué novedad hay ahora en el proceso?
M.A.: El proceso continúa y está en trámite de pruebas. Las medidas cautelares se siguen cumpliendo. Si la Creg continúa en la misma línea, es posible que de aquí a que salga el fallo ya se hayan cumplido todas las órdenes.
La novedad en concreto es que el 30 de mayo la Creg sesionó y tomó la decisión de reformular el componente de comercialización, que era el que ponía un cobro de 20 % adicional más 300 puntos de cartera. Al reformularlo ya no nos van a cobrar eso.
En agosto llegan las tarifas bajas
SEMANA. ¿Y qué falta ahora?
M.A.: Esa decisión requiere un concepto en la Superintendencia de Industria y Comercio, que tiene un plazo máximo de 30 días para pronunciarse, con recomendaciones que no tienen que ver con el tema técnico.
El plazo se vence el 24 de julio, por lo que estimamos que las medidas como tal, que serán de gran alivio para los usuarios, podrían estar entrando en vigencia en agosto, a más tardar.
SEMANA. ¿En cuánto podrían bajar las tarifas?
M.A.: En el caso de Air-e serían 54 pesos por kilovatio hora y en el de Afinia, 23 pesos.
Implicaría dejar de pagar, entre todos los usuarios al año, 282 mil millones de pesos anuales a Air-e y 114 mil millones de pesos anuales, a Afinia.
SEMANA. Para el resto del país, es decir, para usuarios distintos a los de Air-e y Afinia habría cambios con la entrada en firme de esas medidas?
M.A.: Entendemos que se reformuló todo el componente de comercialización y hay unas eficiencias que van a terminar beneficiando a todo el país.
Se estima que todos los usuarios en Colombia dejarían de pagar en un año aproximadamente un billón de pesos.
SEMANA. Las empresas comercializadoras de energía han venido denunciando aprietos económicos por demora en el pago de subsidios por parte del Estado. Ahora tendrán un nuevo faltante. ¿Cree que podrían acudir a demandas?.
M.A.: Cualquier persona puede demandar una norma, pero en este caso, no vería cabida para demandas, puesto que la Creg está actuando en el marco legal.
Además, pienso que hay que separar la problemática de las empresas comercializadoras, de las decisiones que se están tomando. Las empresas están en crisis no por las decisiones que eliminan el régimen especial para la región Caribe. Las empresas están en crisis desde antes que se desmontaran todos estos cargos que nosotros teníamos para nuestra región.
También hay que señalar que no solo están en crisis porque el gobierno no les ha pagado los subsidios, sino porque tienen malas administraciones. Los cobros injustos que venían haciendo y que se los acaban de quitar no son la fuente de la crisis.
