Temen golpe a la canasta familiar por el impuesto a los plásticos de un solo uso, que acaba de avalar la Corte Constitucional

La reforma tributaria de 2022 sigue en examen en la Corte Constitucional ante la avalancha de demandas que trajo esta Ley. Luego de respaldar los nuevos gravámenes a las bebidas azucaradas y a los alimentos ultraprocesados, así como negar la medida que buscaba impedir la deducibilidad de las regalías mineroenergéticas, el turno le llegó al igualmente polémico tributo a los plásticos de un solo uso.

La sala plena del alto tribunal decidió darle su aval y determinar que será el productor de este tipo de productos el que deberá asumir el pago del impuesto. Ante la decisión, la industria, agremiada en Acoplásticos, expresó sus preocupaciones.

Según Daniel Mitchell, presidente del gremio “tenemos tres grandes problemas. Primero, la decisión o aclaración llega 11 meses después de que entró en vigencia el impuesto, con lo cual el impacto de la confusión de estos 11 meses va a ser muy complejo de asumir para las empresas; segundo, con esta decisión, un producto importado que esté empacado o envasado en plástico no paga el impuesto, pero el mismo producto fabricado en Colombia sí; y tercero, las exportaciones podrían pagar el impuesto, lo cual haría inviable su competitividad en los mercados internacionales donde se enfrentan con bienes que no cargan con este tributo.”

Al gremio le preocupa que la inseguridad jurídica generada en los últimos 11 meses, en los que no existió claridad sobre quién y cómo se debía cobrar el impuesto, llevó a que algunas empresas usuarias de estos bienes cobraron el impuesto, posteriormente, frente los conceptos de la Dian pasaron a cobrarlo las empresas fabricantes de envases, empaques y embalajes plásticos. Luego, el Consejo de Estado suspendió los conceptos de la Dian, con lo cual, nuevamente los usuarios de empaques y envases fueron los sujetos pasivos. Y ahora, con la definición de la Corte, esa responsabilidad pasa nuevamente a los fabricantes de los productos plásticos.

“Así las cosas, y ante esta incertidumbre, las empresas que hoy indica la Corte que son sujetos pasivos y responsables del impuesto no cobraron el mismo por varios meses, actuando de buena fe, y acogiéndose a lo establecido en la ley y en la orden del Consejo de Estado”, sostienen en el gremio, al tiempo que señalan que la consecuencia de esta situación es que la mayoría de las empresas no cuentan con la respectiva provisión para su pago, el cual está previsto para el próximo año. Es decir, existe un riesgo grande de que, cuando llegue la fecha de pago, las empresas no tengan los recursos necesarios y esto se traduzca en quiebra de negocios y despidos en la industria.

De acuerdo con Acoplásticos el valor de este impuesto equivale a cerca del 20% del precio final del producto plástico, lo cual es alto e impactará fuertemente el bolsillo de los colombianos. Además, dada la magnitud de la tarifa del impuesto podría implicar mayores presiones inflacionarias.

Los plásticos de un solo uso son productos diseñados para ser utilizados una sola vez antes de ser desechados. Generan preocupación ambiental significativa debido a su impacto negativo en los ecosistemas y en la contaminación del medio ambiente, que es la motivación para el impuesto, ejemplo de ellos son las bolsas plásticas, los envases de comida para llevar, botellas de agua desechables, cubiertos de plástico, pitillos, envolturas de alimentos de plástico, tapas de vasos desechables, hisopos (copitos) de algodón y envases de productos de higiene personal. Todos son insumos de números artículos claves en la canasta familiar.

Economía circular

A la exequibilidad del impuesto se suma otra complejidad señalada por Acoplásticos y es que, a la fecha, el Ministerio de Ambiente no ha reglamentado la certificación de economía circular, con la cual no se causa el impuesto, que, según la ley, ha debido ser expedida a más tardar el 14 de junio de este año.

Mitchell reiteró que “lo más urgente en este momento es que el Ministerio de Hacienda aplace el pago del impuesto y procure corregir las desventajas que este representa contra la industria nacional en las exportaciones e importaciones, y que el Ministerio de Ambiente reglamente y aplique la Certificación de Economía Circular”.