Una de las mayores preocupaciones en el país es la incertidumbre en el sector energético. Por un lado, la amenaza de volver a un racionamiento como el de hace 30 años, que apagó al país; por otro, la rápida disminución de las reservas de gas y petróleo. Además de la compleja situación que vive el carbón, ante los señalamientos del Gobierno.

En el Gran Foro Colombia 2025 se dio un panel que analizó el proceso de transición energética y los retos de un sector clave para el desarrollo del país, no solo por los servicios que presta, sino por los recursos que genera a la Nación.

“El sector de hidrocarburos ha sido el pilar fiscal, económico y de recursos que llega a las regiones. Hay que cambiar el curso. Como vamos, vamos muy mal en el sector energético y todos vamos a pagar el precio si no hacemos transformaciones en políticas públicas. Se necesita una transición que le sirva a Colombia y que los recursos del sector sirvan para formalizar la economía en las regiones y pueda entregar solucioneS sociales”, dijo Frank Pearl, presidente de la ACP.

Y advirtió: “En el 2029 no vamos a tener una molécula de gas. Los proyectos costa afuera han sido torpedeados por licencias ambientales y consultas previas”. Puso el ejemplo de Komodo, un proyecto en el Caribe, al que le entregaron una licencia ambiental impracticable: “Todo por una visión tergiversada. Es el momento de parar y reflexionar”.

Por su parte, Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgen, destacó el papel del sector eléctrico que ha superado cinco fenómenos de El Niño y en las últimas tres décadas no ha permitido que se apague el país, cuando otros de la región han sufrido recientemente esta situación, como el caso de Ecuador, con apagones de 14 horas diarias.

“Contamos con un gran sector, pero si no se gestiona es como si [tuviéramos] un Ferrari y no le [pusiéramos] un buen conductor”, señaló Gutiérrez, al explicar que se trabaja de la mano con el Gobierno. “Las señales de confianza inversionista se han puesto en jaque”, agregó.

Advirtió que hay una situación crítica: la demanda de energía sigue creciendo, pero la oferta no crece a la misma velocidad. “No hemos podido tener una conversación serena y técnica, hay un problema de ideología. Las condiciones de mercado están muy inestables. Hay que hacer las inversiones, tenemos un rezago de 6.000 megas que no han entrado”, explicó.

Y la mayor preocupación de Gutiérrez es que en 2026 puede darse un cruce de oferta y demanda, y no habría posibilidad de atender con energía en firme la demanda creciente. Además, señala que Bogotá ya está en racionamiento porque no se están entregando puntos de conexión nuevos y las empresas están autogenerando con diésel, así como manifestó que hay retrasos de seis años en los proyectos de transmisión.

A su vez, Carlos Cante, presidente de Fenalcarbón, dijo: “Pasamos del anonimato al desprestigio. Terminamos siendo los responsables del fin del mundo y somos peor que la coca. Nos pone en una compleja situación en materia de inversión y de consecución de financiamiento. Hemos ido bajando la producción por licencias ambientales y consultas, en un mundo que crece en consumo de carbón y lo ha triplicado en las últimas décadas”.

Recordó Cante que recientemente, con el pasado fenómeno de El Niño, el país no se apagó gracias al carbón. “Estamos frente a un debate ideológico, en el que unos piensan que se debe marchitar y otros pensamos que lo debemos explotar porque tenemos reservas por 70 años, y hacer un proceso de transición pausado”, recalcó Cante.

Y explicó: “Hemos estado invisibilizados. Son más de mil títulos de carbón, y solo 30 son de gran minería”, dijo.

Las advertencias

La Contraloría ha advertido la compleja situación, a tal punto que ha reiterado su preocupación por el riesgo de racionamientos de energía que se mantienen latentes en el país.

En su advertencia hizo especial énfasis en las dificultades financieras que producen las deudas de la Nación con el sector, en especial con las distribuidoras de energía.

Según datos del Comité Intergremial de Energía y Gas, citados por la Contraloría, las deudas acumuladas por subsidios, que el Gobierno nacional debía girar a través del Presupuesto General de la Nación (PGN), suman 2,7 billones de pesos para energía eléctrica, 3,3 billones de pesos por opción tarifaria y un billón de pesos por deuda de usuarios oficiales. En lo que compete a gas, 628.000 millones de pesos para gas natural al cierre de 2024, “es decir, más de 7 billones de pesos, lo que preocupa aún más si se incluyen los costos de las intervenciones a empresas realizadas recientemente”, señala el órgano de control.

Este monto, explica la Contraloría, representa anualmente el 60 % de los recursos necesarios y sigue aumentando cada trimestre, situación que reduce la liquidez de las empresas, amenaza con el desmonte de subsidios y podría traducirse en un alza de tarifas que afectaría a los hogares más vulnerables. Por ejemplo, una familia que paga $ 30.000 por servicio de gas, sin el subsidio tendría que cancelar por el mismo servicio un valor cercano a los $ 58.000.

“Es un error anteponer la transición energética a la seguridad energética”, dijo el organismo de control en un análisis del año pasado.

Una de las principales conclusiones del análisis es la inexistencia de una política definida y unificada de seguridad energética en el país. “Es evidente que cada subsector energético (gas, eléctrico, petróleo y minería) ha desarrollado sus propias prioridades en cuanto a lo que seguridad energética se refiere. Este tipo de descentralización no debería representar un obstáculo y, sin embargo, de manera recurrente, se ha convertido en tal. No se aprovechan las experiencias intersectoriales y la debida coordinación que requieren diversas políticas que emanan de los diferentes organismos del Estado es deficiente”.

Identifica un problema crítico en el sector: hay inestabilidad jurídica y tributaria. Asegura que existe ante la ambigüedad en decisiones de política energética, lo cual, aunado a la creciente oposición de comunidades a proyectos eléctricos, petroleros y mineros —“en apariencia más como cálculo político y económico que por legítima preocupación ambiental”— hace que se estén desaprovechando los recursos energéticos a costa de la insatisfacción de diversos actores sociales.