Que sea verde no significa cero riesgos ambientales

Las finanzas sostenibles han sido un campo de importante evolución a nivel global en las últimas décadas. Durante ese proceso evolutivo, uno de los cambios importantes se ha dado en el enfoque con que se han abordado los temas ambientales: desde cero riesgos para una gestión adecuada de los mismos, con vistas a la generación de oportunidades de negocios e impacto positivo.

Inicialmente, los temas ambientales fueron reconocidos como potenciales fuentes de riesgos para las entidades financieras, por lo cual debían ser adecuadamente identificados y administrados con el fin de minimizar posibles pérdidas. Aún más, en muchos casos, se aplicaban filtros negativos para los proyectos de mayor riesgo ambiental y/o social. Sin embargo, en años más recientes, los temas ambientales han sido abordados también desde el enfoque de las oportunidades.

En desarrollo de ese nuevo enfoque, las entidades financieras han trabajado no solamente en la mejora de sus sistemas de administración de riesgos ambientales y sociales (SARAS), sino también en la adaptación de productos y servicios para responder a las demandas ambientales de sus clientes y la sociedad en general, desempeñando así un rol más proactivo en la consecución de propósitos ampliamente deseables, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible o el Acuerdo de París.

La banca multilateral incluso ha establecido metas al respecto. El BID ha fijado el financiamiento relacionado con el cambio climático a un mínimo anual del 30% hasta 2023, mientras que la CAF anunció la intención de incrementar significativamente el financiamiento verde directo, que pasará del 26% actual al 40% en 2026.

Por su parte, la banca comercial ofrece productos de crédito dirigidos exclusivamente a financiar, por ejemplo, proyectos de energía renovable, agricultura baja en carbono o construcción sostenible, así como créditos personales para adquirir vehículos eléctricos o viviendas que hacen un uso más eficiente de los recursos naturales, e incluso también productos de ahorro verde.

El sector financiero colombiano no ha sido ajeno a las oportunidades ambientales. De acuerdo con Asobancaria, en 2019 el monto de la cartera verde en el país ascendió a $4,6 billones, cifra que, aunque representa una pequeña porción de la cartera total, evidencia el creciente interés de la banca por movilizar fondos a iniciativas con impacto ambiental positivo.

Precisamente el impacto ambiental positivo constituye la piedra angular del enfoque de aprovechamiento de oportunidades, ya que para considerarse “verde” la actividad o proyecto a financiar debe contribuir significativamente a objetivos ambientales como mitigación del cambio climático, protección de la biodiversidad o control de la contaminación, por mencionar algunos.

Además, encaminar los fondos a proyectos o actividades que efectivamente generen impactos ambientales positivos es fundamental para evitar el cuestionado greenwashing que puede afectar seriamente la reputación y credibilidad de la entidad financiera.

Para facilitar la identificación de actividades y proyectos verdes, recientemente se han creado taxonomías, como la de la Unión Europea o la de Colombia (aún en desarrollo). El cumplimiento de los criterios establecidos en las taxonomías otorga a las entidades financieras la tranquilidad de estar dirigiendo sus recursos adecuadamente.

Sin embargo, la tranquilidad que brinda identificar el financiamiento verde a través de herramientas como las taxonomías u otras listas positivas creadas por las propias entidades, no puede implicar un relajamiento excesivo de la aplicación de las medidas de gestión del riesgo. Aunque sea muy verde, la actividad a financiar puede acarrear riesgos ambientales y sociales.

Por ejemplo, la generación de energía solar a gran escala – actividad incluida en las taxonomías mencionadas – podría implicar deforestación, peligros de salud y seguridad para los trabajadores o desplazamiento de comunidades durante su construcción, así como generación de residuos durante su operación, lo cual podría materializarse en pérdidas económicas o de reputación para la entidad financiera.

No en vano, además de criterios de elegibilidad, las taxonomías incluyen requisitos de cumplimiento para asegurar que la actividad económica no hace un daño significativo. El cumplimiento de estos requisitos previene incluir en las taxonomías actividades que, aunque contribuyen a un objetivo ambiental, tienen consecuencias negativas en el logro de otro.

Un punto importante es que los proyectos no necesitan ser totalmente libres de riesgos. Lo verdaderamente relevante es que su nivel de gestión de riesgos sea adecuado a la magnitud de los mismos y que las instituciones financieras sean capaces de evaluar tal nivel de gestión.

La forma práctica de verificar los requisitos de cumplimiento por parte de las entidades financieras es a través de los SARAS, que buscan prevenir la materialización de pérdidas por cuestiones de este tipo, posibles de ocurrir incluso cuando se financian actividades verdes. Asimismo, estos sistemas están siendo cada vez más utilizados para identificar también las potencialidades de los clientes/proyectos de generar impacto positivo, más allá del cumplimiento de salvaguardias.

En conclusión, no debe perderse de vista que el enfoque de las oportunidades en finanzas sostenibles no reemplaza el enfoque de riesgos. Se trata, más bien, de perspectivas complementarias que facilitan el deber del sector financiero de movilizar recursos para el logro de una economía sostenible.