A un día de terminar la agenda del Congreso de la República, MinHacienda radicó proyecto de ley de competencias

Finalmente, el Ministerio de Hacienda radicó en el Congreso de la República la esperada propuesta de ley de competencias, que es el requisito indispensable para que pueda implementarse la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP).

Aunque resulta curioso que se radique a solo unas horas de concluir la agenda del Legislativo, es claro que había amplia expectativa por conocer los alcances de una propuesta que, solo en el borrador, generó controversia.

La nueva versión conserva el derrotero que causó tensiones en las regiones: reciben recursos, pero no suficientes para el paquete de responsabilidades que recaen sobre ellas.

La columna vertebral de la reforma al sistema de transferencias de la nación hacia los territorios es la descentralización, tema ampliamente gastado en el país, que, en definitiva, no se ha podido materializar. El común denominador se mantiene: una falta de claridad en la asignación de las tareas para departamentos y municipios, en temas complejos como salud, educación, obras públicas, entre otros, sin que existan las fuentes de financiación.

No hay que olvidar que, inclusive, se ha hablado de reformas tributarias a la manera de pagar impuestos en los territorios, ya que, en su mayoría, son el componente del cual reciben los ingresos; generalmente están ligados con el vicio: cigarrillos, licores, entre otros.

De acuerdo con lo establecido por el Ministerio de Hacienda, ya que la ley de competencias es necesaria para que el acto legislativo entre en vigencia; si se aprueba en 2026, el acto legislativo entraría en vigencia en 2027.

¿Qué trae el proyecto de ley?

Un documento extenso radicó el Ministerio de Hacienda en el Congreso de la República, con 176 artículos que, sin duda, complicarán aún más el debate.

La radicación se hizo por la Cámara de Representantes, en la que el Gobierno podría tener más representatividad.

Uno de los estandartes que tiene es el de “cierre de brechas de desigualdad entre regiones”, en el entendido de que los recursos se asignan a los que mayor desarrollo tienen, por algunos criterios que venían colgados a las normatividades de las transferencias.

En la propuesta legislativa, las competencias son entendidas como “funciones, atribuciones, obligaciones y responsabilidades de gasto que delimitan el ejercicio del poder público por parte de una autoridad del orden nacional, territorial o de figuras de integración territorial, para atender las responsabilidades del Estado”.