En carta enviada al presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, la Alianza Aliadas, que reúne a asociaciones y gremios económicos del país, se refiera a la eventual declaratoria de emergencia económica que planea hacer el Gobierno nacional en los próximos días.
La alianza expresa su preocupación por lo que podría ser esta eventual declaratoria y llama la atención del alto tribunal para que priorice su trámite de control automático, incluso durante la vacancia judicial que inició este 20 de diciembre y finalizará el próximo 10 de enero.
“Respetuosamente solicitamos que, en caso de expedirse el decreto declaratorio y una vez sea remitido en debida forma a esa Corporación, se priorice su trámite de control automático; incluso durante el receso de la Corte, dado que en nuestra opinión las circunstancias especiales lo ameritan", señala la asociación.
En el documento resalta que el presupuesto no se configura como materia para que el Gobierno proceda a recurrir a esta figura mencionada ni para recurrir a medidas tributarias estructurales.
De acuerdo con la Alianza Aliadas, “la situación fiscal puede ser seria, pero es estructural y previsible, no un hecho ‘sobreviniente y excepcional’; se origina en decisiones de gasto y deuda que deben afrontarse con política fiscal ordinaria”.
Desde @AmChamCol solicitamos, de manera respetuosa a la @CConstitucional, cuando se emitan los decretos de emergencia económica, tal como lo anunció el Gobierno, que conforme a la discreción y reglamento de la Corte, sesione excepcionalmente en días no laborales y cuando las… https://t.co/XjUcBdpgY5 pic.twitter.com/T4DvUa29n3
— Maria Claudia Lacouture (@mclacouture) December 20, 2025
También destaca que “la no aprobación de una ley de financiamiento o de una reforma tributaria en el Congreso no constituye un choque extraordinario, sino un resultado propio de la democracia deliberativa”
Entre los seis puntos que menciona, se indica que “plantear el escenario como ‘ley o abismo’ configura un falso dilema, pues la Constitución exige un juicio técnico y jurídico, no decisiones por presión”.
La asociación considera que “la emergencia es subsidiaria: solo procede si lo ordinario es insuficiente y ello debe acreditarse, cuando aún existen alternativas como reordenar gasto y ajustar instrumentos presupuestales”.
Finalmente, explica que “la jurisprudencia constitucional ha insistido en que los estados de excepción son reglados, excepcionales y limitados, y no pueden emplearse para resolver problemas crónicos o estructurales.
“Nuestra preocupación se incrementa por el contenido del borrador que se ha conocido, el cual incluiría medidas de alcance general y efecto inmediato, tales como la ampliación del impuesto al patrimonio, el incremento temporal del Gravamen a los Movimientos Financieros para 2026, el IVA del 19 % sobre depósitos en juegos de suerte y azar operados por internet, ajustes en impuestos al consumo y un impuesto temporal sobre la primera venta o exportación de hidrocarburos y carbón”, señala Aliadas.
Para las asociaciones y los gremios, estas disposiciones “podrían traducirse en presiones significativas sobre la liquidez, mayores costos de transacción, incremento de la incertidumbre regulatoria y afectaciones sobre competitividad e inversión, con impactos potenciales sobre el crecimiento y el empleo formal”.
