En 1991, en el país se creó el Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social (VIS) con el objetivo de reducir el déficit habitacional y mejorar las condiciones de vida de la población de menores ingresos. Esta política, sin embargo, hoy está amenazada por los fuertes incrementos del salario mínimo que ha venido registrando Colombia desde 2022, cuando tuvo un alza de 10,7 %.
Si bien ese incremento fue decretado durante el gobierno de Iván Duque, en la administración de Gustavo Petro se continuó con alzas mayoritarias de dos dígitos (16 % en 2023; 12 % en 2024 y 9,5 % en 2025) y se teme que para 2026 se mantenga esta tendencia. El problema es que tanto la vivienda VIS como la llamada VIP (que es la de interés prioritario) tienen un valor máximo expresado en salarios mínimos y, a medida que estos suben, se incrementa el valor de los inmuebles y las necesidades de crédito de los futuros compradores.
Está establecido que una vivienda VIS tiene un valor máximo de 135 salarios mínimos, que en 2022 equivalían a 135 millones de pesos y que este año son 192,17 millones de pesos. Además, para poder comprar vivienda es necesario aportar una cuota inicial mínima del 30 % del valor del inmueble, que para el caso de la VIS en 2022 era de 40,5 millones de pesos y tres años después asciende a 57,6 millones.
Esos mayores precios complican el acceso a vivienda, pues los hogares a quienes están destinados estos inmuebles (que son aquellos con ingresos hasta 4 salarios mínimos) deben hacer un mayor esfuerzo de ahorro y contar con una capacidad de endeudamiento más elevada.
Esta situación fue destacada por el Departamento de Investigaciones Económicas del Banco Popular, desde donde señalaron que uno de los efectos más preocupantes del incremento del salario mínimo en Colombia es su impacto sobre los precios de las viviendas destinadas a la población de bajos ingresos.
“El problema surge al analizar el incremento acumulado en los precios de estas viviendas a lo largo de distintos periodos de gobierno. Durante el primer mandato de Uribe, el aumento fue de 13,4 millones de pesos para VIS y 9,6 millones para VIP, lo que representa una variación del 28,8 %. En su segundo mandato, el incremento fue similar: 14,4 millones para VIS y 9,6 millones para VIP, equivalente a un 24 %”, indican los economistas de la entidad financiera.
Agregan que durante el primer cuatrienio de Juan Manuel Santos se registró la menor variación porcentual en los últimos 22 años, con aumentos de 13,6 millones de pesos (en VIS) y de 9,1 millones (en VIP), para un acumulado del 18,3 %. Sin embargo, en su segundo mandato, la variación volvió a niveles altos (24,5 %), similar a los gobiernos de Uribe y su sucesor, Iván Duque, influenciada por presiones inflacionarias.
“Las cifras más llamativas corresponden al gobierno de Gustavo Petro, donde se proyecta un incremento acumulado de 78 millones de pesos para VIS y 52,2 millones para VIP, lo que implicaría una variación del 48,6 %, asumiendo un aumento salarial del 11 % en 2026, según declaraciones del ministro del Interior, Armando Benedetti”, sostienen.
Esta situación llega en momentos en que el sector vivienda sufre una crisis derivada de la decisión del Gobierno de desmontar el programa Mi Casa Ya. Esto se evidencia en un aumento de los desistimientos de hogares que ya se habían subido al proceso de compra de vivienda y tuvieron que desistir. Cifras de Camacol indican que en lo corrido del año se han registrado 24.000 desistimientos.
Otro impacto importante del aumento del salario mínimo se observa en el servicio de transporte público en Bogotá, el cual ha registrado el mayor incremento tarifario durante el gobierno de Gustavo Petro, precisamente por esa causa. En el Banco Popular señalan que, según la gerente de Transmilenio, María Fernanda Ortiz, para 2026 se prevé un aumento del pasaje del 7,8 %, lo que consolidaría un incremento acumulado de 800 durante los cuatro años de la administración Petro, el más alto desde 2002.
