Carboneros demandan ante el Consejo de Estado el decreto que anticipa las retenciones en la fuente. “Es un efecto de confiscación indirecta de recursos”

Ante las dificultades de caja y en sus cuentas, el Gobierno ha iniciado una estrategia que cubre romper la regla fiscal, una nueva reforma tributaria y aumentar el endeudamiento. Pero no fueron las únicas medidas.

El primero de junio empezó a regir el decreto que modificó las tarifas de retención en la fuente y autorretención, expedido por el Ministerio de Hacienda, con el cual según cálculos de Fedesarrollo representaría recursos para el Gobierno cercanos a los 14 billones de pesos.

Sin embargo, la medida despertó críticas y una profunda preocupación porque afecta la caja de las empresas sobre recursos que no se han causado.

Dentro de las críticas y las afectaciones, una de las primeras reacciones fue la de María Claudia Lacouture, presidenta de AmCham, la Cámara de Comercio Colombo Americana, quien señaló que esta medida, a su juicio, es una reforma (tributaria) por decreto que “da pan para hoy… y hambre para mañana”.

Ya la medida fue demandada ante el Consejo de Estado por el coronel (r) Carlos Javier Soler, exsecretario de Seguridad de Cali y exdirector de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa.

A esta demanda se suma ahora, la de un sector de la economía. La Federación Nacional de Productores de Carbón (Fenalcarbón) presentó demanda de nulidad contra el Decreto 0572 del 28 de mayo de 2025, ante el Consejo de Estado, y solicitó la suspensión provisional inmediata de la medida que fija el aumento de las tarifas de autorretención en la fuente para el año gravable 2025.

Fenalcarbón resalta que no es jurídicamente admisible que el Gobierno fundamente el aumento de la tarifa de autorretención del código CIIU 510 (extracción de hulla) en consideraciones derivadas de la Sentencia C-489 de 2023 (sobre deducibilidad de regalías), cuando esta no guarda relación directa con los fundamentos técnicos que deben guiar la estructuración de las tarifas de autorretención en renta.

Adicionalmente, este Decreto vulnera e infringe algunas leyes y principios constitucionales como el de la capacidad contributiva, al imponer una carga fiscal desproporcionada respecto de la capacidad económica real de los contribuyentes del sector, aun cuando se ha documentado la contracción de precios internacionales, caída de márgenes operativos y aumento de costos estructurales en el sector carbonífero, sin que el Gobierno haya demostrado técnicamente la correspondencia de la tarifa del 4,50% con la realidad económica de la industria.

“El incremento de la tarifa de autorretención para el sector de extracción de carbón, contenido en el Decreto 0572, constituye una medida que desconoce la capacidad contributiva real de las empresas, generando un efecto de confiscación indirecta de recursos que afecta su liquidez, su competitividad y su sostenibilidad operativa. La medida es regresiva, desproporcionada e inequitativa frente a otros sectores y carente de sustento económico actual, por lo cual resulta contraria a los principios generales del sistema tributario colombiano y a los estándares mínimos de técnica legislativa y administrativa en materia tributaria”, explicó Carlos Cante, presidente de Fenalcarbón.

Pero el dirigente gremial fue más allá: “Esta medida altera el equilibrio financiero de las empresas, generando inviabilidad a muchas compañías de mediano y gran tamaño, y la quiebra prematura de la pequeña minería. Para los empresarios del carbón, el Decreto constituye un trato inequitativo y desproporcional, frente a la tasa promedio de autorretención del 1,7% para la mayoría de las actividades económicas, sin olvidar que esta industria tributa por encima de la tasa de general de renta, pues tiene una sobretasa de 5 a 10 puntos adicionales, que asfixian el desempeño operativo y financiero de la industria, atrapando el flujo de caja, restringiendo capital de trabajo para operar en el corto plazo y afectando la continuidad de las operaciones formales de carbón en el país”, agregó Cante.

Por otra parte, para el gremio que agrupa a los carboneros, el Decreto 0572 genera un endeudamiento progresivo del Estado, sin la debida autorización y trámite legislativo, violando así la regla fiscal establecida para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas, y contraria a los principios generales del sistema tributario colombiano y a los estándares mínimos de técnica legislativa y administrativa en materia tributaria.