VIGILANCIA
Cielo Rusinque y la Procuraduría: la superintendente justifica inspección a empresas de gas, por las que reclama el Ministerio Público
El ojo en Naturgás y empresas como Vanti fue puesto en medio de las alzas en tarifas, explicada por la menor disponibilidad del combustible.
La superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, tiene a la Procuraduría encima, luego de un paquete de visitas de inspección realizadas a varias entidades públicas, como la Cancillería y la Registraduría. Al igual que a empresas privadas como Vanti y el gremio Naturgás, en medio del alza en las tarifas de los recibos de gas a los hogares, anunciada y aplicada recientemente.
Este viernes 21 de febrero, la SIC respondió a “los señalamientos y declaraciones recientes sobre la naturaleza, alcance y legitimidad de las facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de visitas administrativas".
Dentro de las explicaciones entregadas por Rusinque, a la opinión pública, la inspección a diversas empresas del sector de gas natural en Colombia, “se realizaron en ejercicio de las facultades que han sido reconocidas y precisadas por la jurisprudencia constitucional”.
En la justificación presentada por la SIC, se señala que el objetivo de las visitas ha sido recolectar información sobre el mercado mayorista primario y secundario del gas.
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Argumenta que el fin que buscan es “asegurar el cumplimiento de las disposiciones que promueven y garantizan la libre competencia”.
Durante esta semana, la Procuraduría había emitido un pliego de cargos contra el superintendente delegado para la Protección de la Competencia, Francisco Melo Rodríguez.
También el Ministerio Público involucró a 15 personas, entre funcionarios y contratistas, en pos de comprobar si se presentaron o no irregularidades en las inspecciones que hicieron a sedes como la Registraduría y la Cancillería.
En el caso de Naturgás, la Procuraduría estimó que podría haber subjetividad en la decisión de realizar las inspecciones y estableció 16 irregularidades durante las mismas.
Al decir de la Procuraduría, “la SIC no habría aportado el acto administrativo que inició la averiguación preliminar, a partir de la cual se realizó la visita administrativa iniciada el 12 de febrero de 2025″.
En respuesta, la SIC insiste en que “tiene la facultad constitucional, jurisprudencial, legal de investigar posibles infracciones al régimen de libre competencia en cualquier mercado”.
Además, puso de presente que las visitas fueron realizadas con el consentimiento de los involucrados, “sin constituir allanamiento ni requerir orden judicial”.
En su argumentación, la Superintendencia manifiesta además que “no hay una investigación formal que involucre personas naturales o jurídicas, ya que esta fase preliminar busca recaudar información para determinar si existe mérito para formular o no un pliego de cargos”.
La entidad de vigilancia enfatiza además en que “la información obtenida es de carácter reservado y es conservada bajo estrictas condiciones de seguridad”.
