Cinco voces poderosas se refieren a mensaje de Petro que revivió idea de eliminación de contralorías territoriales

Un nuevo embate del presidente Gustavo Petro dejó otra vez a las contralorías regionales en la palestra y encendió el viejo debate de si deben ser eliminadas o fortalecidas, idea que también promovió Álvaro Uribe en 2019.

“No sirven para nada”, dijo el actual mandatario, justo ante un escenario convocado por la Contraloría General en el que el auditorio fue a escuchar sobre descentralización y control de recursos públicos. Allí, además, Petro manifestó que, por el contrario, las contralorías “han impedido el beneficio de la sociedad. Hay falta de control. Desde la nación no vemos a dónde van a parar los recursos. Sabemos después y ya para qué”.

El jefe de Estado ha sido uno de los que acusa a los entes de control fiscal regional de estar plagados de clientelismo. “Son pura politiquería local. Un puesto para negociar con concejales”, dijo.

Por su parte, el excontralor y precandidato a la presidencia Felipe Córdoba señaló que el mandatario tiene rabia con la Contraloría de Bogotá, que le revivió el caso de un fallo que le impuso una sanción fiscal en 2017 por 40.545 millones de pesos, debido a decisiones que tomó cuando era alcalde de la capital, en 2012, con el cambio en el modelo de basuras.

No obstante, no hay que olvidar que, hace ya más de un quinquenio, Córdoba fue quien batalló en el Congreso de la República por aprobar el acto legislativo para modernizar el control fiscal, pues en ese momento la Contraloría General solo recuperaba el 0,4 por ciento de todo lo que investigaba y las territoriales el 0,02 por ciento de los recursos involucrados en jurisdicción coactiva.

Duro debate

El exauditor general Iván Darío Gómez Lee, hoy académico de la Universidad Externado, quien estima que eliminar las contralorías no es el camino, ve la resurrección de ese debate como “un punto en el que se encuentran los populismos de derecha y de izquierda” y catalogó el hecho de eliminarlas como simplista, lo que, además, sería peor.

Más aún, ahora que se aprobó un acto legislativo que reforma el Sistema General de Participaciones, para entregarles más recursos a las entidades territoriales. Por lo tanto, desde su perspectiva, “si seguimos con las mismas estructuras y sin un control independiente y técnico, en el país se van a seguir dilapidando los recursos públicos por cuenta de la corrupción y la ineficiencia, que son los grandes males”.

El papel de las contralorías es estar vigilantes para que el dinero público no sea despilfarrado y tenga buen uso, lo que significa que el Estado garantice inversiones eficientes que concluyan en bienestar para la gente. Pero lo que en Colombia pulula es la corrupción, y en reiteradas ocasiones ha sido criticado el modelo de control fiscal, con el cual aún sigue siendo bajo el nivel de recuperación de plata involucrada en los procesos fiscales.

Las contralorías territoriales, que son 67, pues incluyen departamentales, municipales y distritales, son vigiladas por la Auditoría General, que también supervisa a la Contraloría General.

María Anayme Barón, la auditora general, las defiende y sostiene que suprimirlas sería llevar a la Contraloría General a asumir la totalidad de la vigilancia de los recursos públicos, que no son pocos.

“Equivalen a una cifra cercana a los 1.493 billones de pesos que administran 7.154 entidades públicas, lo que representaría una sobrecarga operativa y llevaría a que se redujera ostensiblemente la cobertura de entidades y presupuesto vigilado”.

Costo-beneficio

La asignación presupuestal para la Auditoría General, en 2024, ascendió a 734.000 millones de pesos, mientras que, según argumenta Barón, “los beneficios de control fiscal que las contralorías territoriales reportaron fueron del orden de los 8,3 billones de pesos. Es decir, por cada millón de pesos que se invierten en el funcionamiento de una contraloría, esta logra evitar que se pierdan 11 millones de pesos de los recursos del territorio”.

También el contralor general actual, Carlos Hernán Rodríguez, salió en defensa de la entidad que dirige, sobre la cual manifestó que “la vigilancia y el control fiscal se hace de manera posterior y selectiva a los recursos del Presupuesto General de la Nación, que para 2025 es del orden de los 523 billones de pesos, y a los del Sistema General de Regalías, cercano a los 22 billones de pesos, los cuales son administrados por 1.743 sujetos de control del orden nacional y territorial”.

Los resultados que expuso Rodríguez, según sus cuentas, implican que aumentaron en 90 por ciento los sujetos vigilados entre 2023 y 2024, frente a los que se tenían en los dos años inmediatamente anteriores. En consecuencia, según dijo el contralor, “los montos objeto de auditoría llegaron a ser del 87 por ciento de los contemplados en el Presupuesto General, cifra que fue del 56 por ciento en los años 2021 y 2022”.

La Contraloría General, para 2025, tiene una asignación de recursos cercana a 1,5 billones de pesos, la mayoría de ellos para funcionamiento. En opinión de Gómez Lee, esas cifras demuestran que “centralizar el control fiscal es un riesgo y puede conllevar a futuro a crear un monstruo de siete cabezas. Ahí si, lo logrado se volvería ineficiente”.

En esa línea, Rodríguez argumenta que trabajan “intensamente para recuperar obras que iban a convertirse en cementerios de concreto. A través de la estrategia Compromiso Colombia, entre septiembre de 2022 y mayo de 2025, la Contraloría ha acompañado a la ciudadanía en la culminación y puesta en funcionamiento de 297 obras por 4,05 billones”.

El debate acerca del costo-beneficio de los organismos de control fiscal en las regiones y si deben juntarse o no con la Contraloría General se vuelve álgido, pues el exauditor expresa que la recuperación de recursos es incierta y dudosa. “Los procesos de responsabilidad fiscal son largos e ineficientes. Además, se prestan para situaciones de impunidad y arbitrariedad”, dijo.

Según Gómez Lee, el país tiene que dejar de medir el control de recursos públicos por la recuperación de dinero en dichos procesos de responsabilidad fiscal, que son los que suenan cuando se trata de hablar de resultados. De hecho, Córdoba sacó pecho por la recuperación de 4,3 billones de pesos en el caso de Hidroituango, lo que mencionó como un resultado histórico en 100 años de la entidad. Gómez Lee señala que, tras las imputaciones, suelen seguir las demandas judiciales. Como ejemplo, menciona el caso del desfalco de Saludcoop, iniciado en 2011 durante la gestión de la contralora Sandra Morelli. Este proceso continúa en los estrados judiciales a la espera de decisiones. De manera similar, el caso de Reficar (Refinería de Cartagena), considerado uno de los mayores descalabros del país, sigue en curso y enfrenta apelaciones de los imputados.

Contraloría única

El excontralor Edgardo Maya señala que, aunque el nivel de recuperación de recursos públicos no ha aumentado significativamente pese a la reforma al control fiscal, este podría incrementarse de manera sustancial si se adoptara la decisión de establecer una contraloría única, lo que implicaría, en esencia, la eliminación de las contralorías regionales. “El control sería más eficiente. No es serio que existan 67 contralorías en el contexto de un solo régimen de protección de los recursos públicos”, precisa.

Paralelamente a una contraloría única que se encargue del proceso auditor, según la visión de Maya, tendría que existir un tribunal de cuentas autónomo, independiente y perteneciente a la rama judicial, que se encargue de adelantar el juicio fiscal. “Hoy la Contraloría General y las territoriales investigan y juzgan.

Tienen la condición de juez y parte, y eso no es garantía para los procesados. Sus decisiones son de carácter administrativo y demandables ante el contencioso-administrativo”.

Sobre el Tribunal de Cuentas que menciona Maya, hay que señalar que ya existió hasta 1923, cuando fue creada por la Misión Kemmerer, la actual Contraloría General.

En medio del debate, lo cierto es que el país hace un gasto enorme en el control fiscal, pero el desangre con los recursos públicos no se detiene.