Colombia se salva de pagar billonaria demanda por intervención de Electricaribe

Un triunfo jurídico logró este viernes el Estado colombiano, luego de que un tribunal de arbitramento internacional desestimara una demanda de Gas Natural Fenosa por la intervención del Gobierno a Electricaribe, que se llevó a cabo en el 2016.

La Agencia de Defensa Jurídica del Estado confirmó que dicho tribunal desestimó en su totalidad las reclamaciones de la empresa, con lo cual el país no tendrá que pagar un solo peso.

El litigio estuvo a cargo de la entidad y las firmas internacionales Sidley Austin LLP y Stanimir A. Alexandrov PLLC, que desarrollaron una estrategia para defender todas las medidas del Estado colombiano que fueron cuestionadas por los demandantes.

El presidente de la Agencia, Camilo Gómez Alzate, resaltó el trabajo exitoso del equipo de abogados de la Agencia y de las firmas internacionales, que le ahorró a los colombianos el pago de cerca de $ 4,8 billones.

La entidad celebró la decisión de la instancia internacional y está convencida del uso de mecanismos alternos de solución de controversias que resuelvan con mayor prontitud los casos.

“Hoy Colombia obtiene un triunfo de la mayor dimensión posible. Tenemos que quedarnos, por ahora, con que habrá un ahorro para todos los ciudadanos. Y claro, puede llegarse a dar una anulación como en cualquier caso, pero no veo en este momento posibilidad de anulación”, explicó el funcionario.

Y aclaró que si se llegase a dar que la empresa Naturgy -antes Gas Natural- presente dicha anulación ante el mismo tribunal, el ‘abogado del país’ está listo para defenderlo.

Gómez también aclaró que en cuanto a la contrademanda presentada por el Estado en contra de Naturgy por esta situación, esta fue desestimada, teniendo en cuenta que no era la jurisdicción adecuada para presentar la solicitud.

Pero al margen de lo anterior, lo clave es que el país no tendrá que pagar la billonaria suma por presuntos daños y perjuicios. Según Gómez, esta era la demanda con mayores pretensiones, tanto así que representaba casi una tercera parte del total de demandas activas.

De igual forma, adelantó que en las próximas semanas se conocerán otros laudos que conciernen al país. Entre ellos, uno que tiene activo América Móvil (Claro), otro de los hermanos Carrizosa (por un caso con Granahorrar), una disputa con Glencore y otro relacionado con el Páramo de Santurbán.

Pero volviendo al caso de Gas Natural y Electricaribe, la decisión cae como anillo al dedo y es un espaldarazo para los gobiernos de Juan Manuel Santos e Iván Duque, que siempre sostuvieron que la intervención a la electrificadora de la Costa fue la mejor decisión.

De hecho, este viernes, el exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, celebró que el tribunal de arbitraje le diera la razón a Colombia.

“Ganó Colombia. La intervención de Electricaribe fue una decisión correcta, responsable con el país y llena de carácter. Hoy el tribunal internacional del Banco Mundial le negó todas las pretensiones a Gas Natural. Es inapelable”, escribió en su cuenta de Twitter.

Por su parte, José Miguel Mendoza, entonces superintendente de Servicios Públicos y quien tomó la decisión de liquidar a Electricaribe, dijo que “con esta decisión la comunidad internacional le hace un merecido reconocimiento al Caribe colombiano y a la institucionalidad del país”.

En su momento, esta demanda fue presentada por Naturgy, argumentando la decisión de intervención fue de índole político y representó una expropiación.

No obstante, la Superservicios aseguró que tomar la posesión de esta firma garantizaba la prestación continua del servicio a los usuarios y buscar soluciones de fondo a los problemas del servicio de energía eléctrica en la región Caribe.

Esto, teniendo en cuenta que, después de un riguroso análisis realizado en el 2016, se concluyó que la gravísima situación financiera de Electricaribe la tenía al borde de una cesación general del pago de sus obligaciones, entre ellas las de los agentes del mercado mayorista que proveen la energía que requiere para la distribución a los usuarios, con lo cual se generó el riesgo de que la empresa no pudiera prestar el servicio de energía eléctrica.

Ahora, un poco más de cuatro años después, un tribunal internacional le dio la razón al gobierno colombiano.