Con la reforma laboral, ¿cuáles son las alternativas para las personas que trabajan en las plataformas?

La polémica reforma laboral que ha liderado el Gobierno ha despertado una profunda controversia. El sector empresarial ha manifestado su preocupación por el encarecimiento de las vinculaciones laborales. Las indemnizaciones por despido sin justa causa, el trabajo nocturno, los recargos dominicales y la limitación a los contratistas de servicios, que deberán implementar las mismas condiciones laborales (de salario y beneficios legales y extralegales) que aplica en las empresas beneficiarias podrían aumentar los costos laborales y ello desembocaría en un incremento del desempleo y la informalidad.

Además, un estudio del Grupo de Análisis del Mercado Laboral del Banco de la República, en el que paradójicamente participó el hijo del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ha señalado que, de aprobarse la reforma laboral como se radicó, habría incrementos del costo laboral promedio asociados tanto al componente salarial como al de las indemnizaciones en casos de despidos injustificados. Por el primer componente, el incremento en el costo laboral promedio oscilaría entre 3,2 y 10,7 %, y por el segundo, entre 1,2 y 1,9 %, producto de un aumento de 92 % del valor promedio de las indemnizaciones. “El aumento de los costos salariales recortaría alrededor de 450.000 empleos formales en un horizonte entre tres y cuatro años, mientras que el incremento de los costos de despido podría tener un impacto en un horizonte más largo”, concluye el estudio.

Por su parte, la representante María Fernanda Carrascal, ponente del proyecto, asegura que la reforma laboral ajustará el Código Sustantivo del Trabajo y el Derecho Laboral, pero advierte que “la reforma en sí misma no crea puestos de trabajo. Lo que busca es mantenerlos, darles estabilidad a poblaciones vulnerables, mejorar las condiciones laborales para que las personas no sean precarizadas con el abuso, por ejemplo, de contratos a términos fijos u obra labor”.

En medio de este escenario, SEMANA conversó con José Daniel López, director ejecutivo de Alianza In, el gremio de las plataformas y aplicaciones. En ese sector está una de las mayores discusiones desde el punto de vista laboral, pues cerca de 80.000 personas que derivan parte de su sustento de este mecanismo podrían perderlo. Este es el diálogo:

SEMANA: el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, hace unos días en una entrevista con SEMANA dijo que la reforma laboral les da un golpe mortal a los emprendimientos y a las mipymes, ¿comparte esa posición?

JOSÉ LÓPEZ (J. L.): yo creo que lo contenido en la reforma laboral, de lo que me corresponde desde Alianza In, que es de las plataformas digitales de reparto, si se aprueba como viene, tendría un impacto atómico en el funcionamiento de estas plataformas y sobre todo en la gente que vive de esto. Le quiero contar: hoy en Colombia hay cerca de 120.000 repartidores, personas que el último mes entregaron al menos un pedido y generaron ingresos con eso. De esos 120.000, por lo menos 80.000 se quedarían sin el trabajo, sin esa fuente de ingresos, como consecuencia de la reforma laboral. Entonces ahí pensar en que en un país como Colombia 80.000 personas se van a quedar sin trabajo en medio de esta situación social, en medio de la precariedad en las medidas de alguna manera asistenciales ante el desempleo que hay en el país, creo que eso en sí solo debería encender todas las alertas.

SEMANA: ¿qué otros sectores se afectarían?

J. L.: el impacto no queda ahí. Los comercios, hay más de 75.000 que venden a través de las plataformas, la mayoría mipymes, muchos de ellos de la economía popular, verían muy afectado un canal de ventas que cada vez se vuelve más importante para ellos en la medida en la que habría menos domiciliarios, habría menos pedidos, servicios de domicilios más caros. Fenalco, de hecho, dijo que por lo menos un billón de pesos anuales en ventas se perdería solamente por el impacto que tendría la reforma, el texto que hoy está radicado en el Congreso para las plataformas digitales de reparto. Y por supuesto, el impacto en las empresas que representamos sería descomunal. Las más grandes se verían obligadas a crear un modelo de negocio completamente distinto, a convertirse seguramente en empresas de mensajería o tradicionales y las medianas, las más pequeñas, seguramente se extinguirían por cuenta de la reforma.

SEMANA: ¿cómo entender este modelo de servicio de personas vinculadas a él?

J. L.: hay una encuesta maravillosa que hace todos los años Deloitte a nivel global para entender qué está pensando en el mundo del trabajo. Lo que piensan la generación X, o sea, la gente que nació de 1983 hacia allá, y lo que piensa la generación Z, que es mucho más reciente, de 1994 como hasta el año 2005. Y hay unos hallazgos muy importantes, por ejemplo, primero la gente ya no espera conseguir un trabajo en una empresa, crecer en esa empresa y pensionarse en esa empresa. Mis papás, que hoy están entre los 70 y los 80 años, trabajaron en dos sitios en su vida.

Yo tengo 41 años y he trabajado ya en 11 sitios distintos y creo que una persona que tiene 25 años ha trabajado en más sitios que yo. El trabajo del siglo XXI es dinámico, es flexible, ocurre en varios sitios al mismo tiempo, no tiene ataduras de tiempo, modo, ni lugar y justamente la punta del iceberg de ese trabajo del siglo XXI es el trabajo a través de plataformas digitales.

SEMANA: ¿eso qué significa?

J. L.: acá hay una reflexión muy importante para toda la economía y no solamente para los interesados en este tema específico: el trabajo cambió para siempre, pero si el trabajo del siglo XXI y el trabajo de la economía digital lo vamos a meter a la fuerza, empujándolo a la brava en los cajones en las categorías del siglo XX, como pretende hacer la reforma laboral, proponiendo que todos los repartidores del país tengan sí o sí que convertirse en empleados con contrato de trabajo, pues lo que va a terminar haciendo esta reforma o las que vengan es marchitar la economía del siglo XXI para quedarnos con la nostalgia y con los deseos y las buenas intenciones de tratar de encuadrar todo en una realidad jurídica que es de otra época.

SEMANA: ¿cuáles son las principales advertencias que tienen ustedes de la reforma laboral desde las plataformas y las aplicaciones sobre todo en este mercado digital?

J. L.: quiero aprovechar la pregunta para dar un mensaje muy claro: el dilema acá no es entre formalización o informalidad o el dilema acá no es entre seguridad o falta de seguridad social para los repartidores. Nosotros llevamos meses proponiéndole al Gobierno, semanas proponiéndoles a los ponentes -algunos de ellos han recibido muy bien esta propuesta, pero el Gobierno, no- que creemos una nueva categoría en el derecho laboral que sea la categoría del repartidor, del trabajador digital. Un repartidor que en todos los casos, sea que trabaje una hora al mes, o sea que le dedique tiempo equivalente a la jornada laboral, esté protegido plenamente con seguridad social; estamos diciendo que usemos el ingreso base del 40 % sobre sus ingresos, gane lo que gane, que las plataformas estamos dispuestas a pagar el 50 % del aporte de salud, el 50 % del aporte a pensión, el 100 % del aporte a los riesgos laborales, o sea estamos diciendo que entendemos que acá hay un cambio político, entendemos que viene una reforma laboral, pero hagámosla con responsabilidad y nosotros ponemos de nuestra parte porque creemos que se puede mejorar y avanzar en la protección de los repartidores. Pero hagámoslo con realismo y hagámoslo con responsabilidad, porque si en lugar de nuestra propuesta en lo que avanzamos es en esa laboralidad forzosa, en esa obsesión de tratar de convertirlos a todos en empleados, vamos a dejar a los repartidores en la peor forma de desprotección que puede tener un trabajo y es la ausencia del trabajo.

SEMANA: el Gobierno, ¿qué opina sobre esta iniciativa?

J. L.: pues yo veía a la ministra en la audiencia pública diciendo que le gustaba nuestra propuesta de seguridad social y de riesgos laborales, pero que teníamos una discusión de fondo sobre el tipo de vínculo que hay entre la plataforma y el repartidor. En últimas esa es una diferencia de fondo porque de nada sirve que estemos de acuerdo con cubrirlos con seguridad social, si la consecuencia de la propuesta de ellos, de esa subordinación, es la destrucción masiva y en decenas de miles del trabajo de estas personas. Así no va a haber a quién proteger.

Entonces, aunque ella puede estar de acuerdo con nosotros en el tema de seguridad social, esa pretensión, esa insistencia, en que además tienen que ser empleados, pues termina siendo una diferencia abismal que confiamos sea superada. Seguimos hablando permanentemente con la propia ministra, hay una relación respetuosa y tranquila con los ponentes, quienes tienen una responsabilidad enorme y voluntad de ayudar a encontrar puntos medios. Estamos en ese proceso, pero pues nosotros no podemos aceptar, en ninguna circunstancia, lo que está proponiendo la reforma laboral en su estado actual. Bienvenida la reforma, bienvenida la protección de los repartidores, pero vuelvo y digo, con responsabilidad y con realismo.

SEMANA: ¿cómo conciliar la protección y la seguridad social, que ustedes están proponiendo, con el tema del contrato y la vinculación laboral de todas estas personas que utilizan las plataformas para alcanzar ingresos?

J. L.: usted hizo clic en el punto de fondo de esta discusión: cuál es el tipo de vinculación que debe existir desde el Código Sustantivo del Trabajo, desde la normatividad laboral colombiana entre los repartidores, las plataformas que los repartidores usan, para conectar con otras personas, comercios, usuarios que contraten sus servicios.

Hasta el día de hoy se ha considerado que ese vínculo es el de la independencia; entonces, los repartidores definen sus condiciones de aporte a la seguridad social y ese es el statu quo.

La otra opción extrema es la que propone el Gobierno y es decir, la única vinculación posible para esta ocupación es que sean empleados, y eso además es atípico porque si yo digo que los repartidores sólo pueden ser empleados es como si yo dijera que los abogados solamente pueden ser independientes o que a los periodistas solamente se les puede contratar con contrato de trabajo a término fijo. Eso es una intervención del Estado en la economía sin precedentes.

Pero nosotros creemos que la respuesta está en una tercera vía, en la figura del trabajador digital, del trabajador digital autónomo que es un trabajador que asume su seguridad social, pero que encuentra un apoyo de la plataforma en el pago de esa seguridad social, pero que en la medida en la que ejerce su trabajo con plena soberanía del tiempo, se conecta a la hora que quiere, se desconecta a la hora que quiere, se ubica para trabajar donde quiere, toma los pedidos que quiere y rechaza los pedidos que quiere, pues también tiene unas dosis muy importantes de autonomía que nada tiene que ver con la subordinación que es propia del contrato de trabajo.

Por eso seguramente será en un punto medio, en una tercera vía, en donde encontremos ese equilibrio para algo que todos queremos, que compartimos con el Gobierno, que es proteger a los repartidores, pero al mismo tiempo sin tomar decisiones que van a hacerle un daño enorme a la economía, al tejido social y que no corresponden, lógicamente, a la realidad de este tipo de actividad.

SEMANA: ¿en qué países se han adelantado modelos para este tema, para buscar lo que usted llama equilibrio?

J. L.: hay ejemplos en Chile: un modelo dual que en principio tiene elementos interesantes en donde les dicen a las empresas de plataformas y a los trabajadores digitales que pueden vincularse, sea con contrato de trabajo o con independencia, y que corresponde a las partes de escoger cuál de los modelos. Acaba de pasar algo muy significativo, y que ha pasado de agache y es que el Gobierno brasilero, que es un gobierno de izquierda, estoy hablando de Lula no de Bolsonaro, acaba de anunciar hace una semana que va a empezar a preparar un proyecto de ley para regular el trabajo en plataformas. Y tanto el presidente Lula como el ministro del Trabajo brasilero fueron muy claros en decir que eso no se va a hacer a través de la laboralidad forzosa, como se está intentando en Colombia.

Entonces aún dentro de los gobiernos de izquierda, de progresistas, existe la comprensión en algunos de ellos de esa inconveniencia. Hay un modelo que de alguna manera ha incidido en esta discusión, que es el modelo español. El Gobierno español actual tomó la decisión por un decreto de sacar una norma en la que hizo lo que quiere hacer el gobierno colombiano y fue fijar que todos los repartidores tenían que ser empleados. La consecuencia en un mercado más pequeño es que varias empresas se fueron de España y por lo menos 11.000 repartidores se quedaron sin trabajo. En España hay medidas de protección social y de protección al cesante que no existen en Colombia y aun así el costo social fue descomunal.

SEMANA: ¿hay algún escenario en el que el contrato laboral se ajuste a las nuevas realidades?

J. L.: ese es el tema de fondo, es nuestra conversación con el Gobierno y con los ponentes en este punto. Todos estamos de acuerdo en que hay unos repartidores que proteger con seguridad social y que hay que formalizar, traer a la formalidad. Tenemos una discusión de fondo sobre el vehículo porque si usted la decisión que toma es la de laboralizarlos forzosamente, pues usted va a quedar con un discurso y con un verso muy bonito diciendo ‘metimos en cintura esta realidad y logramos que unos repartidores fueran empleados’, y habrá unas personas que seguramente van a quedar mejor si se aprobara esa reforma, pero va a ser una inmensa minoría de los repartidores. A la gran mayoría qué les va a pasar.

La gran mayoría de los repartidores dedican diez, 20 o 30 horas mensuales a esta actividad porque simplemente trabajan el tiempo que necesitan para conseguir un dinero porque hacen otros trabajos, porque estudian, por mil razones. Al que trabaja diez o 20 horas mensuales, que es la mayoría, no le interesa ser empleado ni tener horario, entonces va a quedar expulsado de esto. Y a los que se dedican de alguna manera más intensivamente a esta actividad, que le dedican el equivalente a la jornada laboral semanal de 48, generan ingresos que están en el rango entre los dos y los 2,5 millones de pesos. ¿Cree que una persona que hoy gana esa cifra le interesa una ley que lo obliga a ser empleado, sabiendo que lo que harán las plataformas, muy seguramente, como lo haría cualquier empresa si solo puede contratar empleados de salario mínimo para tener la mayor cantidad de trabajadores? No, a ellos no les interesa el salario mínimo. Entonces por proteger a unos muy poquitos y por cumplir unos anhelos de determinados actores sociales, pues vamos a terminar destruyendo una forma de trabajo de miles y miles de colombianos.