Con pago de deudas pendientes, se abre paso la reapertura de gasoducto binacional para importar el energético desde Venezuela

El Gasoducto Transcaribeño Antonio Ricaurte, que conecta a Colombia y Venezuela, pero que ha estado inactivo desde 2015, podría volver a funcionar tras la reciente reunión entre los presidentes Nicolás Maduro y Gustavo Petro, quienes tienen planeado realizar un intercambio de energéticos: se traería gas de Venezuela y luego se exportaría electricidad al vecino país.

El plan estaría avanzando, pues recientemente se conoció que la petrolera venezolana Pdvsa, que es la propietaria del gasoducto, tiene la intención de saldar sus deudas pendientes en Colombia, lo que allanaría el camino para la reactivación de las operaciones.

En una carta, dirigida a Ana María Ocando, gerente general de Pdvsa Gas Sucursal Colombia y a la que tuvo acceso la emisora Blu Radio, la casa matriz informa de su disposición a capitalizar su sucursal colombiana con 29.000 millones de pesos, los cuales servirían para pagar a sus acreedores, así como para poner a punto al gasoducto y que pueda volver a operar.

Actualmente, Pdvsa Gas Colombia se encuentra en un proceso de reorganización empresarial ante la Superintendencia de Sociedades y el plan es ponerse al día con los acreedores antes de un año.

Falta gas

Más allá de la búsqueda de una normalización de las relaciones con Venezuela, el plan de importar gas se deriva del hecho de que las reservas de Colombia son limitadas, apenas superan los 7 años. De hecho, ya para el año entrante Ecopetrol advirtió que habría un déficit cercano al 18 por ciento. A eso se suma la preocupación de que no se avance con exploración de nuevos campos, lo que volvería al país más dependiente de las importaciones.

Este panorama ha encendido las alarmas. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) en un estudio reciente estimó que, sin nueva exploración de petróleo y gas en Colombia, la caída en la producción de petróleo en 2030 estaría cercana a los 286.000 barriles diarios. Entre tanto, las exportaciones de petróleo tendrían una contracción de 55 por ciento al final de la década, mientras que el déficit comercial alcanzaría el 3,2 por ciento del PIB, al tiempo que la caída en los ingresos fiscales del país, en 2030, sería de 12,7 billones de pesos.

Venezuela tiene unas de las mayores reservas de crudo y gas en el mundo. Sin embargo, varios factores tienen contra las cuerdas su operación. Por un lado, los embargos y castigos al régimen –como las sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos- limitan las operaciones con PDVSA, que a juicio de expertos internacionales se podrían reactivar en los próximos meses tras incumplir los acuerdos para una jornada electoral democrática y transparente en las próximas elecciones presidenciales, al no permitir la participación de María Corina Machado, la más fuerte contrincante de Nicolás Maduro.

Por otro, Venezuela perdió gran parte de su producción, que pasó de 3 millones diarios a un poco más de 770.000 barriles –muy parecida a la de Colombia-, y también su conocimiento y experticia, pues sus técnicos emigraron por cuenta de la administración primero de Hugo Chávez y luego de Maduro.

Las adecuaciones

El gasoducto Antonio Ricaurte nació tras una reunión en 2002 en Santa Marta entre los presidentes Álvaro Uribe y Hugo Chávez, como parte de la agenda de integración entre ambos países. Ese momento se estableció que Colombia le mandaba gas por un tiempo determinado a Venezuela y se adecuó una infraestructura para eso, pero posteriormente se haría la operación inversa, pues sería Venezuela la que tendría que enviar gas a Colombia, pero a esa parte nunca se llegó, ni se adecuó la infraestructura.

Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, a finales de marzo, tras la presentación de los resultados del año pasado, le confirmó a SEMANA que avanzan las conversaciones con PDVSA y ya hay compromisos, como, por ejemplo, una revisión y una inspección a la realidad mecánica e integridad del gasoducto. “Ese es el primer elemento que hay que tener presente. El segundo es un contrato que hay entre PDVSA y Ecopetrol desde el año 2007 y con vigencia hasta el año 27 para hacer esas transferencias de gas que van en 360 hasta 220 millones de pies cúbicos al día. El país necesita importar gas. Hoy está importando gas. Y a partir del primer mes del año entrante hemos encontrado un déficit en el balance de oferta-demanda que indica que hay que explorar esa y otras alternativas para poder garantizar la seguridad Energética en el país”.

Roa aseguró que se analizan distintos elementos y la petrolera colombiana estaba pendiente en ese momento de un cronograma “más detallado de la reposición o la reparación del gasoducto, la instalación de una unidad de tratamiento de ese gas para colocarlo en condiciones y obviamente quizás algunos elementos adicionales, una estación compresora seguramente y algunas reparaciones menores que a lo largo del gasoducto hay que hacer”. Con ello queda en evidencia que la situación del gasoducto no era la mejor y su disponibilidad puede tomar tiempo.

Frente a la situación de PDVSA con la OFAC, Roa señaló que hasta abril están levantadas las sanciones y que Ecopetrol desde septiembre de 2022 solicitó a esa oficina el levantamiento de esas restricciones, respuesta que aún está pendiente.

Y agregó: “Hay unos conceptos jurídicos según los cuales en tratándose de gas natural esas restricciones no serían de aplicación”, y no descartó que, si no se podía hacer directamente, se podría hacer la negociación a través de privados.