El Consejo Gremial hizo un llamado a la Corte Constitucional para que, de manera excepcional, pueda analizar la suspensión provisional de los efectos de un posible decreto de emergencia económica del Gobierno nacional.
La reacción se da tras la controversia por la iniciativa que alista el Gobierno de Gustavo Petro para declarar una emergencia económica en el país, tras el hundimiento de la reforma tributaria en el Congreso de la República.
“Fue negada por el Congreso de la República la ley de financiamiento y eso obliga al Gobierno a tomar medidas para recuperar los ingresos necesarios que equilibren el presupuesto aprobado por el mismo Congreso, y eso obliga a que el Gobierno tome medidas para poder enfrentar esta circunstancia”.
Así lo manifestó este viernes el ministro de Hacienda, Germán Ávila, quien dio luces que el ejecutivo que estaría adelantando la elaboración de la base argumentativa para el decreto que sería utilizado para la posible declaración del estado de emergencia económica.
Por eso, el Consejo Gremial Nacional expresó su preocupación tras el anuncio y manifestó que “es evidente y clara la inexistencia de los requerimientos constitucionales para declarar una emergencia económica a luz del artículo 215″.
El @ConsejoGremial hace un llamado respetuoso a la @CConstitucional para que, de manera excepcional, pueda conocer y analizar la suspensión provisional de los efectos del decreto de emergencia económica durante el periodo de vacancia judicial. pic.twitter.com/iDWyiSLNlY
— Consejo Gremial (@ConsejoGremial) December 20, 2025
La organización aseguró que “la situación fiscal que hoy enfrenta Colombia, es una situación previsible sobre la cual se vienen haciendo advertencias desde los años 2024 y 2025 al discutir los correspondientes presupuestos de la Nación, y por ende no existe un hecho sobreviniente que permita su declaración”.
Recordó que desde la formulación del Marco Fiscal de Mediano Plazo, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal advirtió sobre el desfinanciamiento, el exceso de gasto y las cuentas improbables de ingresos que contenía el plan financiero para el próximo año.
Reiteró que el Gobierno nacional hoy cuenta con mecanismos ordinarios que están consagrados en la Ley Orgánica del Presupuesto Nacional para ajustar los rubros del presupuesto que permitan un uso responsable y eficiente de los recursos.
“Incluso, la misma Ley prevé instrumentos que ante la situación actual se aplacen o recorten gastos presupuestales que permitan superar el déficit”, señaló el Consejo Gremial, al tiempo que hizo un llamado a las instituciones que rigen la democracia en Colombia.
“Desconocer las normas de la emergencia tendría efectos perjudiciales sobre la economía y el ordenamiento institucional. En consecuencia, el Consejo Gremial Nacional hace un respetuoso llamado a la Corte Constitucional para que, ante una declaratoria de emergencia económica durante la vacancia judicial, pueda excepcionalmente analizar y decidir con inmediatez sobre la suspensión provisional de los efectos del Decreto”, señaló la organización.
Esto con el fin de “prevenir perjuicios irremediables a la economía, los cuales tienen efectos irreparables para todos los colombianos de manera directa” y teniendo en cuenta que un decreto en los próximos días sería en medio de la vacación judicial, que inició el 20 de diciembre y finaliza el 10 de enero.
Desde la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), también se envió una carta al presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, para que frene cualquier intento de sustituir al Congreso de la República mediante estados de excepción.
Jaime Alberto Cabal, presidente del gremio, le solicitó al alto tribunal mantener una atención especial, preventiva y oportuna frente a una eventual declaratoria y a los decretos que pudieran expedirse en su desarrollo, con el fin de garantizar un control constitucional efectivo.
“Los decretos legislativos expedidos durante los estados de excepción producen efectos jurídicos inmediatos, capaces de consolidar situaciones cuya reversión posterior puede resultar compleja, incluso ante una eventual declaratoria de inexequibilidad”, señaló Cabal.
El gremio de los comerciantes subrayó que esta decisión puede afectar de manera directa la seguridad jurídica, la confianza legítima y la estabilidad económica del país y advirtió que no se cumple el estándar constitucional para declarar un estado de excepción en este caso.
“Aceptar que la negativa del Congreso justifique un estado de excepción, vaciaría de contenido la separación de poderes y convertiría este mecanismo en un sustituto del trámite legislativo ordinario”, agregó el dirigente gremial.
