Contra viento y marea, Congreso insiste en aprobar traslado exprés a Colpensiones en Ley de Presupuesto 2022

Vuelve y juega. El Congreso de la República insiste en pasar un proyecto de ley con mensaje de urgencia: el del Presupuesto general de la Nación para 2022, incluido el artículo que abriría una ventana para dejar pasar a los aportantes a pensiones desde las aseguradoras privadas, a Colpensiones, en unas condiciones especiales y distintas a las que rigen actualmente.

Una vez más, y pese al polvorín que ha levantado la idea de meter un tema pensional en un proyecto de presupuesto, se volvió a incluir en la ponencia de Presupuesto 2022. Este viernes, además, llamó la atención de la opinión pública el hecho de que el Legislativo anunciara sesiones para sábado (en Cámara de Representantes) y para lunes festivo (en Senado), en las cuales se anunciará el debate a la carta financiera del país para el próximo año, con la expectativa de votar y aprobar el martes. Esa agenda en un puente, despertó suspicacias acerca de la posible aprobación del proyecto de Presupuesto 2022, “a pupitrazo”, pues se convoca después de una semana en la que el Congreso ha estado en receso.

¿Por qué se agenda de esa manera?

En realidad, la citación de las células del Congreso, durante un puente festivo, se debe a los aprietos en los que siempre queda el proyecto de presupuesto, que tiene unos tiempos establecidos para ser aprobado. En esta oportunidad, de acuerdo con la norma, la iniciativa legislativa más importante para un país (por $350,2 billones), deberá estar aprobada en segundo y último debate, antes de la media noche del 20 de octubre. Es decir, se tendrá que votar el martes, para dejar un día como ‘colchón’, por si los textos de Cámara y Senado resultan ser distintos y hay necesidad de conciliación. En otras palabras, el proyecto está a contrarreloj.

Aún así, en la ponencia para segundo debate se registran 221 proposiciones que pretendían ser artículo y fueron agregadas 13 iniciativas nuevas, que abultan aún más el documento.

Insolvencia empresarial abreviada va hasta 2022

Dentro de los artículos nuevos, se destaca el que extiende el plazo que contenía el decreto 560, emitido en la emergencia sanitaria y económica, relacionado con la insolvencia abreviada, a la que ahora se podrán acoger más empresas que se declaren en dificultades, toda vez que la vigencia de la norma irá hasta el 31 de diciembre de 2022 (si se aprueba la propuesta en el presupuesto).

Traslados exprés, un gasto del futuro

El artículo 104, que es el que dispone el traslado exprés de las AFP a Colpensiones, es sustentado con un argumento que intenta encajar —aunque sea a la fuerza— un tema pensional en un proyecto de presupuesto.

La disposición se asume como “un instrumento para posibilitar y agilizar la adecuada y correcta ejecución del presupuesto anual, considerando los flujos de recursos que -se proyecta- ingresarían al rubro de Colpensiones para la vigencia fiscal del 2022, en virtud de la referida norma”. También se echa mano de la sustentación, según la cual, “llevaría a potenciales ahorros en costos judiciales, considerando los procesos que cursan actualmente ante la rama judicial, con pretensiones similares a las que se alcanzarían con la norma propuesta”, dice la ponencia.

En caso de ser aprobado en el proyecto de presupuesto, con el mencionado artículo, se harían efectivos 19.000 traslados desde los fondos privados a Colpensiones, con los que probablemente habrá que poner plata para completar los ahorros que traen de las AFP.

“Los traslados generan una caja inmediata al Gobierno, de unos $5 billones, pero a largo plazo, el costo será el triple. Además, genera incertidumbre en los fondos y -por esa vía- se afectan las pensiones de los demás. No obstante, lo más complejo es que beneficia a los ricos (los deciles más altos de la población). Por lo tanto, va a generar es mayor inequidad”, señaló el representante a la Cámara Mauricio Toro.

Levantamiento de la ley de garantías

Otro artículo controversial ha sido el de el desblindaje a la medida que tiene la ley de garantías, que había sido creada para evitar la corrupción en época electoral, reduciendo el riesgo de usar contratos interadministrativos con recursos públicos, para obtener réditos políticos.

En la ponencia dice: “Con el propósito de promover la reactivación económica y la generación de empleo en las regiones, a partir de la publicación de la presente ley y durante la vigencia fiscal 2022, la Nación podrá celebrar convenios interadministrativos con las entidades territoriales para ejecutar programas y proyectos correspondientes al Presupuesto General de la Nación”. La novedad con este artículo es que se agrega una vigilancia con una ‘macrolupa’ por parte de la Contraloría general.

Aunque en el Congreso no habrá ya mucho margen de maniobra con el contenido de la ponencia de Presupuesto 2022 hay analistas que han hecho llamados, para que los parlamentarios tengan en cuenta los costos fiscales que representan las leyes que aprueban, pues los recursos presupuestales, en su mayoría, son aportados por los ciudadanos a través de los impuestos.