La Contraloría General de la República anunció este 18 de diciembre hallazgos fiscales contra la Agencia de Tierras, tras una indagación realizada por la Delegada para el Sector Agropecuario, en la que se encontraron algunas irregularidades.
Los resultados se dieron tras una denuncia ciudadana por la compra de los predios Hacienda Simba, La Laguna y Potosí, por parte de la Agencia Nacional de Tierras (ANT).
El informe indicó dos hallazgos administrativos. El primero con incidencia fiscal, disciplinaria y penal, que está relacionado con la adquisición del predio Hacienda Simba, en Sucre.
La ANT habría suscrito en abril de 2024 una promesa de compraventa con la Sociedad de Activos Especiales (SAE) por un valor de $27.304 millones, realizando un desembolso del 60 % del valor como anticipo, que fueron unos $16.382 millones, hace unos 18 meses, pero sin que el bien haya sido escriturado ni transferido a nombre de la ANT.
La situación configuró un riesgo inminente de pérdida de recursos públicos, según la Contraloría, pues la ANT no puede registrar contablemente el predio dentro de sus activos, ni reconocerlo como parte del patrimonio público, además de generar una imposibilidad de adjudicación a los beneficiarios de la Reforma Rural Integral, contraviniendo la misionalidad de la entidad, en tanto no se ha perfeccionado la transferencia del dominio.
Precisan además que la entidad mantiene recursos ejecutados sin el suficiente respaldo jurídico ni contable, lo que compromete la transparencia, legalidad y fiabilidad del proceso de compra.
“Se verificó un cambio sustancial en la destinación del predio, ya que la compra fue concebida originalmente para beneficiar a comunidades campesinas, pero con posterioridad a la ANT adelantó una entrega provisional de cerca del 60 % del predio a comunidades indígenas, sin acto administrativo que justificara dicho cambio ni ajuste presupuestal que respaldara la modificación”, indicó el organismo.
