Crece incertidumbre por cláusulas que protegen a los inversionistas extranjeros en el país

Las normas que rigen el intercambio global de bienes y servicios, especialmente en lo que se refiere a los Tratado de Libre Comercio (TLC), se encuentran actualmente en el ojo del huracán por los anuncios del electo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien planea subirles los aranceles a muchas de las naciones con las que comercia.

Igualmente, desde que llegó al poder, el presidente colombiano, Gustavo Petro, ha manifestado su interés de renegociar los TLC que tiene Colombia. Aunque su primer ministro de Comercio, Germán Umaña, fue enfático en asegurar que la idea no era renegociar, sino evaluar los tratados para ver cómo van después de 10 o 12 años, con el fin de equilibrar posiciones, su sucesor, Luis Carlos Reyes, le aseguró al diario británico Financial Times que el Gobierno está considerando una renegociación de los términos del tratado bilateral de inversión que existe desde hace diez años con el Reino Unido.

“Decidimos no solicitar una cancelación, pero también afirmamos que consideramos importante una renegociación,” dijo Reyes al Financial Times.

Las cifras del Dane indican que, de enero a octubre de este año, Colombia exportó a Reino Unido 422 millones de dólares, principalmente en combustibles y aceites minerales, frutas como melones y flores, mientras que las importaciones hasta septiembre fueron de 377 millones, lideradas por productos farmacéuticos, maquinaria industrial y whisky.

Aunque Reyes dijo que Colombia valora enormemente las relaciones bilaterales con el Reino Unido, incluyendo su inversión, expresó su preocupación por una cláusula en el acuerdo actual que establece que cualquier disputa entre las empresas británicas y el Estado colombiano se envíe a un panel de arbitraje y que, en su concepto, a menudo favorece a las corporaciones.

Justamente, en una disputa reciente de este tipo, Colombia perdió frente a la española Telefónica en un caso en el que hay en juego 380 millones de dólares. Si bien por el momento el proceso se encuentra suspendido a solicitud del Gobierno colombiano, ha generado malestar y llevó al presidente Petro a pedir al Ministerio de Comercio iniciar una “renegociación” de un artículo del TLC con Estados Unidos y Europa para evitar que los litigios con inversionistas extranjeros se trasladen a tribunales internacionales.

Esos procesos de solución de controversias entre inversionistas y Estados que Colombia quiere cambiar permiten a las empresas demandar al país si creen que han sido tratados injustamente. Colombia ha enfrentado 23 reclamaciones de ese tipo en los últimos 10 años, incluyendo dos por parte de inversionistas británicos: las mineras Glencore y Anglo American. Podría existir una tercera relacionada con una subsidiaria de GlaxoSmithKline (GSK), ViiV Healthcare, que cotiza en Londres, y que está afectada porque en abril de este año Colombia estableció una licencia obligatoria para la producción de su medicamento antirretroviral para el VIH dolutegravir, levantando la patente de ViiV sobre el fármaco y permitiendo su producción genérica.

ViiV apeló la decisión ante el mecanismo de disputa de la Comunidad Andina, pero el organismo falló a en su contra el mes pasado; por eso, cabe la posibilidad de que la compañía demande a Colombia en el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) en Washington, el mismo tribunal en donde está la demanda de Telefónica.

Se teme que una renegociación de los mecanismos de protección de los inversionistas reduzca la capacidad de Colombia de atraer capital extranjero. No obstante, llama también la atención un reciente informe de The Wall Street Journal según el cual la administración de Joe Biden igualmente estaría buscando erosionar las protecciones de resolución de disputas entre inversionistas y Estados que están consignadas en los TLC firmados por Estados Unidos con Colombia, México y Canadá. Su argumento es que las empresas construirían más fábricas en Estados Unidos si hubiera menos protecciones legales para los inversionistas en el extranjero.

Un debate creciente que cada vez tiene más voces a favor.