Cuenta de cobro en la crisis entre Estados Unidos y Colombia. Demoledor sería el impacto de aranceles a los productos colombianos hacia EE. UU.

La crisis que estalló este domingo entre Estados Unidos y Colombia, por cuenta de la decisión del presidente Gustavo Petro de no recibir los dos aviones que traían colombianos deportados, ya tiene efectos económicos.

El presidente Donald Trump anunció las siguientes medidas, tras conocerse la determinación del presidente Petro:

• Prohibición de viajar y revocación inmediata de visas para los funcionarios del Gobierno colombiano y todos los aliados y partidarios.
• Sanciones de visas para todos los miembros del partido, familiares y partidarios del Gobierno colombiano.
• Inspecciones reforzadas de aduanas y protección fronteriza de todos los nacionales y cargamentos colombianos por motivos de seguridad nacional.
• Se impondrán plenamente las sanciones a la Tesorería, la Banca y las Finanzas de la IEEPA.
• Pero en materia económica, la más relevante fue la siguiente: aranceles de emergencia del 25 % sobre todos los bienes que ingresan a Estados Unidos. En una semana, los aranceles del 25 % se elevarán al 50 %.

La situación es crítica, pues se trata del principal socio comercial de Colombia. Según cifras de Analdex, 3.324 empresas exportaron a Estados Unidos en 2023, a noviembre de 2024 fueron 3.230 empresas. Es el principal destino de nuestras exportaciones generales y las no minero-energéticas.

Además, el 29 % de las exportaciones de Colombia (en el periodo enero-noviembre de 2024) se dirigió a Estados Unidos, mientras que en las no minero-energéticas ese porcentaje fue de 32 %. Casi que un tercio de nuestras exportaciones tiene a Estados Unidos como destino.

Agrega Analdex, que del lado de las ventas de Colombia hacia su principal socio comercial, las cifras muestran un crecimiento de 7,6 %, entre enero y noviembre de 2024, frente al mismo lapso de 2023, según cifras de la Dian con análisis de Analdex. Esto, al registrar US$ 13.106 millones.

De este total, el 52,2 % (US$ 6.834 millones) correspondió a exportaciones minero-energéticas y el 47,8 % restante (US$ 6.264 millones) a bienes no minero-energéticos. Los departamentos más exportadores hacia Estados Unidos fueron Antioquia (US$ 2.492 millones, aumento de 2,7 %); Bogotá (US$ 1.664 millones, crecimiento de 22,3 %), y Cundinamarca (US$ 851,2 millones, incremento de 9,2 %). A estos se suman Atlántico, Bolívar, Valle del Cauca, Sucre y Huila.

Para María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia), “si Estados Unidos impone aranceles de emergencia del 25 % (y luego del 50 %) a los productos colombianos, el impacto será inmediato y devastador. El proceso es rápido, no requiere aprobación del Congreso y afectará gravemente nuestra economía”.

Y puso el ejemplo del café: “Más de 500 mil familias dependen de este sector. En flores, miles de madres cabeza de familia perderían su sustento. Y así podemos seguir sumando sectores que se verán golpeados”.

Y agregó: “Es urgente una acción diplomática, serena y responsable. Colombia debe recibir a sus ciudadanos, evitando exponerlos a vulnerabilidad y afectación de sus derechos fundamentales. No podemos permitir que una crisis migratoria se convierta en un desastre económico”.

Por su parte, Javier Díaz, presidente de Analdex, calificó como “de suma gravedad” para Colombia las medidas anunciadas por el presidente Donald Trump, de Estados Unidos, “en contra del Gobierno colombiano, de sus funcionarios, pero también del país”.

“Creo que es un anuncio muy grave y corresponde al Gobierno colombiano sentarse a la mesa para definir el tratamiento a los colombianos deportados y el tratamiento que recibirían los colombianos y nuestros productos que se dirigen a Estados Unidos. Muy grave esta situación”, dijo Díaz.

Consideró como equivocado el anuncio del presidente Petro de no recibir los aviones con los deportados colombianos. “Colombia no se puede negar a recibir a sus nacionales, los colombianos seríamos apátridas si el propio país decide no recibirlos”.

A su vez, el exministro de Comercio José Manuel Restrepo, y rector de la Universidad EIA, advierte que se está hablando del primer socio comercial y de inversión del país. “Una relación comercial que vale más de 40.000 millones de dólares anualmente entre importaciones y exportaciones, una relación de inversión que ha llegado incluso a representar cerca de 5.000 millones de dólares anualmente a nuestro país. Más de 1,4 millones de colombianos que viajan de Colombia a Estados Unidos y más de un millón de americanos que viajan de Estados Unidos a Colombia”, dice, haciendo una radiografía de la relación.

Calificó como “crítica” la situación: “Hablar de aranceles del 25 % e incluso de llegar hasta el 50 % adicional, afecta de entrada a la agroindustria colombiana y afecta la industria de nuestro país. Y, particularmente, estamos a dos semanas de San Valentín en donde eventualmente se podría afectar la exportación de flores de Colombia hacia Estados Unidos, que es quizás el destino más importante que tiene este producto. Lo que vendría de allí, eventualmente, es un escalamiento en las diferencias”.

Explicó que este incremento de aranceles podría sacar del mercado a los productos colombianos, porque significaría un aumento de precios, en un mercado altamente competitivo. “Eso genera una falta de competitividad en nuestras capacidades”, añade Restrepo.

Y agrega que en el TLC está contemplado que, por temas de seguridad, se pueden aplicar estas decisiones de incrementos de aranceles, como ya sucedió en el pasado con el acero.

Como explicaron algunas fuentes a SEMANA, bajo la Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales (IEEPA), Estados Unidos puede incluso ir más allá y tomar medidas más drásticas, como congelar activos de individuos, empresas o entidades gubernamentales en Estados Unidos; restringir transacciones bancarias con bancos colombianos en el sistema financiero estadounidense, y bloquear acceso a financiamiento internacional (FMI, Banco Mundial, BID).

La IEEPA, tal como está actualmente enmendada, faculta al presidente para investigar, regular o prohibir cualquier transacción en divisas extranjeras, transferencias de crédito o pagos entre, por, a través de, o hacia cualquier institución bancaria, en la medida en que dichas transferencias o pagos impliquen algún interés de cualquier país extranjero o de sus nacionales, la importación o exportación de monedas o valores; “e investigar, bloquear durante el curso de una investigación, regular, dirigir y obligar, anular, invalidar, prevenir o prohibir cualquier adquisición, posesión, retención, uso, transferencia, retiro, transporte, importación o exportación de, o transacciones relacionadas con, o el ejercicio de cualquier derecho, poder o privilegio con respecto a, propiedades en las cuales cualquier país extranjero o sus nacionales tengan algún interés por cualquier persona, o con respecto a cualquier propiedad, sujeta a la jurisdicción de Estados Unidos”.