Economía
Desde el estrato 4 hacia arriba quedarán clavados porque el Gobierno no dio para financiar la opción tarifaria. ¿Promesa incumplida?
El presidente Gustavo Petro se había comprometido a asumir esa deuda, pero luego desistió y ahora les tocará a los estratos de mayores ingresos, que ya subsidian parte de las tarifas, asumir este costo.
El Gobierno nacional llevará al Congreso, en la próxima legislatura, un proyecto de ley para que sean los estratos 4, 5 y 6, al igual que los no residenciales regulados, quienes asuman la deuda de la opción tarifaria de los usuarios de estratos 1, 2 y 3 a nivel nacional.
La opción tarifaria fue un instrumento que usaron las empresas distribuidoras y comercializadoras de energía que permitió diferir los aumentos de las tarifas para aliviar el impacto económico sobre los usuarios en momentos como los de la pandemia.
El borrador del proyecto de ley establece mecanismos “para lograr la equidad, la garantía en la prestación y regulación del servicio público de energía eléctrica, orientados a promover la igualdad en el acceso a subsidios, la sostenibilidad financiera del sistema, la eficiencia en el consumo y la transparencia en la facturación”.
En su segundo artículo, relacionado con la mitigación de impactos de la opción tarifaria en los estratos 1, 2 y 3, señala: “De manera excepcional y en concordancia con el principio de solidaridad y redistribución de ingresos del artículo 367 de la Constitución Política, los usuarios de estratos 4, 5, 6 y no residenciales Regulados a nivel nacional, sin limitarse a ellos, asumirán la deuda de la opción tarifaria de los usuarios de estratos 1, 2 y 3 a nivel nacional”.
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Hace un poco más de dos años, cuando las empresas empezaron a normalizar los cobros, es periodo coincidió con incrementos en las tarifas de energía porque componentes como el Índice de Precios al Productor (que hace parte de la fórmula), se dispararon con el aumento de la inflación, a lo que se sumó la llegada de eventos climáticos, como el fenómeno de El Niño, que incrementaron los precios en la bolsa de energía, hechos que, agregados, empezaron a presionar las tarifas de energía.
Esa deuda, a finales de 2023, sumaba cerca de 5 billones de pesos, de los cuales unos 3,5 billones se registraron en el Gobierno Duque, en especial, por los efectos de la pandemia, y los otros 1,5 billones, se dieron en el actual Gobierno.
En mayo de 2024, en un evento en Barranquilla, el presidente Gustavo Petro anunció que el Gobierno asumiría esa deuda con las empresas para no impactar a los hogares. Sin embargo, luego se advirtió que solo pagaría lo correspondiente a los estratos 1, 2 y 3, y ahora materializa con este proyecto de ley, una propuesta que lanzó el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, en un evento de la Andi, hace unos meses, en los que serían los estratos de mayores ingresos lo que tendrían que pagar esta cuenta.
La situación de la opción tarifaria hace parte de lo que se ha llamado el apagón financiero en las empresas distribuidoras, porque además de esta deuda, el Gobierno está retrasado con el pago de los subsidios a los estratos de menores ingresos y la cartera de entidades públicas, viene en aumento. De hecho, las deudas con la distribuidoras supera los 7 billones de pesos.
Sin embargo, el caso de la opción tarifaria es particular, pues, las empresas han cobrado parte de esa deuda y de los 5 billones de pesos, ya la cifra está en 2,9 billones de pesos, de los cuales 2,5 billones corresponden a los estratos 1, 2 y 3, y cerca del 20 % corresponderían a subsidios que es una obligación del Estado.
De hecho, SEMANA conoció que los usuarios regulados de Bogotá (a cargo de Enel), de Cali (con Emcali), del Cauca, Chocó y otros municipios como Tuluá ya pagaron la opción tarifaria. Estos usuarios representan cerca del 30 % del total de usuarios de Colombia.
De otro lado, se convertiría en una carga adicional para los usuarios de los estratos 5, 6 y comerciales que ya están pagando una sobretasa del 20 % como contribución para financiar subsidios y ahora sobre ellos acería otra sobretasa por opción tarifaria.
Algunos han planteado otras alternativas para ayudar a resolver esta crisis financiera sin afectar a los usuarios, como, por ejemplo, utilizar recursos del Sistema General de Regalías que no se están usando. Y otros se cuestionan ¿por qué se cambia la promesa que hizo el presidente Petro de asumir esta deuda, y ahora se propone su pago por parte de este segmento de usuarios?
Otros alcances del proyecto
La iniciativa que presentará el Gobierno ante el Congreso también incluye que se deberá expedir la reglamentación que permita evaluar la continuidad del beneficio del subsidio del servicio de energía eléctrica a los hogares de los estratos 1, 2 y 3 que presenten consumos que superen el consumo de energía mensual de los usuarios de estratos no subsidiados. “Igualmente, cuando el consumo promedio de un usuario subsidiado supere el doble del consumo de subsistencia, se deberá reasignar el estrato a uno sujeto de contribuciones”, señala.
Prevé establecer un periodo de transición no mayor a seis meses previos a la entrada en vigencia de la presente Ley, dando oportunidad a los usuarios que actualmente se benefician del subsidio para que ajusten sus consumos. Igualmente, deberá definir los criterios y lineamientos para que hogares de los estratos 1, 2 y 3 soliciten la restitución condicionada del subsidio.
Además, advierte que en las facturas en las que se cobren varios servicios, será obligatorio totalizar por separado cada servicio, cada uno de los cuales podrá ser pagado independientemente de los demás con excepción del servicio público domiciliario de aseo y demás servicios de saneamiento básico. “Las sanciones aplicables por no pago procederán únicamente respecto del servicio que no sea pagado”, señala el proyecto.
También afirma que cuando se facturen los servicios de saneamiento básico y en particular los de aseo público y alcantarillado, conjuntamente con otro servicio público domiciliario, no podrá cancelarse este último con independencia de los servicios de saneamiento básico, aseo o alcantarillado, salvo en aquellos casos en que exista prueba de mediar petición, queja o recurso debidamente interpuesto ante la entidad prestataria del servicio de saneamiento básico, aseo o alcantarillado.
En tanto que, en la factura del servicio domiciliario de energía no podrán cobrarse tasas, impuestos o cualquier otra contribución diferente al valor de este servicio, determinado por el consumo como hecho generador del tributo.
El proyecto de ley trae, además, ajustes en la composición y naturaleza de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg). “La Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) se organizará como Unidad Administrativa Especial del Ministerio de Minas y Energía, sin personería jurídica”, y advierte cómo estará integrada: por el ministro de Minas y Energía, quien la presidirá; el ministro de Hacienda y Crédito Público; el director del Departamento Nacional de Planeación; cinco expertos en asuntos energéticos de dedicación exclusiva, nombrados por el presidente de la República para periodos de cuatro años; un experto representante de la academia, nombrado por el Presidente de la República para períodos de cuatro años; por un representante de los usuarios con dedicación exclusiva, elegido mediante concurso público; un representante de los sindicatos con dedicación exclusiva, elegido mediante concurso público. El superintendente de servicios públicos domiciliarios asistirá con voz, pero sin voto.
