Faltan pocos días para que se conozca el nuevo aumento del salario mínimo en Colombia. Desde el pasado 1 de diciembre se instaló la mesa tripartita o mesa de concertación salarial, en la que distintos actores de la economía participaron para definir, tras varias conversaciones, cuánto subirá el mínimo. Sin embargo, en caso de no llegar a un acuerdo, el presidente Gustavo Petro tendría que tomar la decisión por decreto.
Aunque el aumento trae una serie de beneficios para los trabajadores, pues son más de 7 millones los que recibirán el incremento, lo cierto es que el ajuste también puede ser contraproducente para muchos que pertenecen a esta porción.
Esto debido a que el mínimo tiene algunos bienes indexados a su incremento. Es decir, algunos bienes suben de precio conforme al porcentaje de incremento del mínimo.
Entre estos se encuentra la vivienda de interés social VIS y la vivienda de interés prioritario VIP, dado que estas viviendas y sus precios se fijan en salarios mínimos. Es decir, el Ministerio de Vivienda establece que las viviendas VIS, son las que valen unos 150 salarios mínimos, que con el salario actual de 2025 es de $213.000.000.
Normalmente, este es el valor mínimo por el que alguien puede comprar una vivienda. Sin embargo, esta indexación puede ser problemática dado que expone a familias, que no tienen un gran volumen de capital, a enfrentar incrementos abruptos del inmueble, así como la incertidumbre sobre el valor final que tendría la vivienda.
Teniendo en cuenta las dos propuestas que están en la mesa de concertación, si el salario sube lo propuesto por los empresarios, que sería un 7,2%, el salario quedaría el $1.525.456, lo que significa que la VIS quedaría en 228.818.400 millones.
Es decir, de un momento a otro un comprador tendría que pagar 15.818.400 adicionales que no había contemplado al inicio de la compra.
Si la subida es más abrupta, como la que proponen las centrales obreras, que es de un 16%, el salario quedaría en $1.650.680, lo que significa que la VIS quedaría en 247.602.000 millones y quienes ya adquirieron vivienda tendrían que pagar 34.602.000 millones adicionales a lo que ya pagaron.
