Las cartas están echadas. Los sindicatos pidieron un alza en el salario mínimo para 2026 del 16 por ciento, y que se aplique igual porcentaje al auxilio de transporte. Mientras que los empresarios propusieron un aumento del 7,21 por ciento, menos de la mitad de la cifra a la que aspiran los trabajadores. Es decir, la distancia entre las partes es abismal, por lo que se teme que, una vez más, el incremento salarial se establezca sin consenso, por decreto del Gobierno, como ha sido la constante en la mayoría de los años de los últimos tres quinquenios.
El 15 de diciembre será la hora cero en el intento de llegar a un punto medio. Y previo a ese momento, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, anunció que habrá un elemento innovador en la mesa de concertación. Se trata de una audiencia pública prevista para las horas de la mañana del lunes, en la que se buscará escuchar otras voces distintas de las que ya han sonado en las reuniones generales y en las bilaterales que se dieron para que el Ministerio intentara mediar de manera individual con sindicatos y empresarios.
Cada parte expone argumentos que buscan ser convincentes. En un documento de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) se citan datos del Dane que muestran el escaso avance que han tenido los ingresos de trabajadores asalariados e independientes, incluso con los recientes aumentos del salario mínimo, que en los tres años del actual Gobierno acumulan 37,6 por ciento, según Sanguino.
En consecuencia, si bien la pobreza monetaria ha disminuido, ubicándose en 2024 en el 31,8 por ciento para el total nacional, en el campo el fenómeno está aún más posicionado, con 42,5 por ciento de sus habitantes sin el ingreso suficiente para garantizar una canasta básica a los integrantes de su familia. Por ello, según concluye el documento presentado por la CUT en la mesa de concertación, “el salario mínimo es la política discrecional más útil para la reducción de la pobreza y el incremento de los ingresos de los trabajadores”.
¿Que es eso de vital móvil que lleva al 16 %?
Con esa premisa, los sindicatos recurrieron al concepto de salario vital móvil, definido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en 2024, como el rango salarial necesario para garantizar una vida digna a los trabajadores y sus familias, según las condiciones del país y el trabajo realizado en la jornada normal.
Con base en esos datos, la OIT evaluó cuatro variables para medir el costo de vida de los trabajadores y sus familias, incluyendo alimentos, vivienda, salud, educación y otros gastos esenciales. El ejercicio concluye que una familia de cuatro personas, con ingresos de 1,5 asalariados, necesita 2.982.960 pesos.
No obstante, dicha cifra no parece ser una camisa de fuerza. En el documento, el organismo internacional concluye que “los resultados deben equilibrarse con otros factores, como el desarrollo económico, los niveles de productividad y la conveniencia de alcanzar y mantener un alto nivel de empleo”. Por ahora, en Colombia no se tiene ni lo uno ni lo otro. En todo caso, la OIT también sugiere que el establecimiento de un salario vital siempre debe ser producto del diálogo social, lo que coincide con el mensaje del jefe de la cartera de Trabajo. “Las partes han mostrado disposición de aproximarse a un acuerdo. Quiere decir que ninguna de las dos propuestas es inamovible”.
Ranchados La CUT, entretanto, está anclada en la idea de que no solo se deben tener en cuenta las variables habituales, que son esencialmente inflación y productividad, sino “la necesidad de recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores, perdido por inflación, además de cerrar la brecha de la desigualdad en ingresos”.
¿El árbitro tomará partido?
Aunque en la negociación del salario mínimo el Ministerio de Trabajo actúa como árbitro, esta vez su postura claramente favorable a los trabajadores ha generado suspicacias sobre el peso del factor político en el ajuste salarial ante la cercanía de las elecciones. Al respecto, Sanguino manifestó: “El mayor incremento de salario mínimo en el Gobierno de Petro fue en su primer año y no había elecciones a la vuelta de la esquina. En ese momento, el alza fue del 16 por ciento. Nos decían que eso iba a provocar una masacre laboral y un cierre generalizado de empresas. También se encendían alarmas porque el precio del dólar llegaría a 10.000 pesos y el nivel de inflación sería peor que en Argentina y Venezuela. Nada de eso ha pasado”.
Las razones del 7,1 %
La visión del empresariado con el incremento del salario mínimo es otra muy distinta. Según el documento que llevaron a la mesa de concertación, el 7,21 por ciento propuesto como incremento para 2026 surge de los indicadores que habitualmente, y por normas, son tenidos en cuenta para elaborar la cifra. Por ello, tras recordar que son los representantes de “los generadores de empleo”, sustentan que incluyeron el 5,3 por ciento de la inflación observada, más 0,91 por ciento de la productividad de todos los factores que fue debidamente certificada por el Dane. Además, en busca de proteger el poder adquisitivo del trabajador, agregan 100 puntos básicos de ganancia real adicional.
Distantes de la cifra de 12 millones de colombianos que, según el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, se benefician con el aumento del salario mínimo, los empresarios recuerdan que, en realidad, 11,38 millones de ciudadanos ganan menos de un salario mínimo y la tendencia es incremental. “Esta cifra es superior en 1,23 millones de personas a la registrada hace tan solo un año”, señalan en el informe. Significa que al menos la mitad de los ocupados del país queda fuera del radar en las negociaciones que se están adelantando.
Las cifras usadas por el sector privado para sustentar su propuesta salarial reflejan la situación del mercado laboral y los efectos de decisiones que afectan el empleo y empujan a muchos trabajadores a la informalidad. “El número de personas que ganan un salario mínimo cayó en 1,3 millones, de 3,7 millones a 2,4 millones entre 2024 y 2025”, señala el documento presentado por los empleadores.
También está a la vista la precarización del trabajo, que, a juicio de los cuatro gremios firmantes del documento, es la informalidad laboral, flagelo que en el país no se ha logrado debilitar de forma contundente, pese a múltiples intentos. “En los últimos 12 meses, 13,6 millones tuvieron empleos precarios, cifra que aumentó en 732.000 personas en ese lapso”.
Gremios sin Fenalco
La Andi, Asobancaria, la SAC y Acopi, firmantes del documento de los empleadores, también ponen sobre el tapete los pronunciamientos que ha hecho el Banco de la República, entidad a la que mencionan como autoridad independiente. “El Banco Central ha llamado la atención sobre la necesidad de tener en cuenta el potencial impacto inflacionario de la decisión que se tome en materia salarial”.
Así las cosas, una determinación por fuera de criterios técnicos dificultaría la reducción en la tasa de interés, afectando a millones de colombianos que tienen préstamos con el sector financiero. Para los voceros de los empleadores, los aumentos que se definan deben contener varios fines. “Promover aumentos sostenibles de los ingresos, proteger y recuperar el empleo formal y salvaguardar la capacidad de compra de los hogares colombianos”.
Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), afirma que tiene la expectativa de que en este año, lo que salga en el decreto de salario mínimo -ya sea porque fue consensuado o porque el Gobierno lo establezca de manera unilateral-, debe ser pensado en beneficio de todos los colombianos. “Hay familias que tienen una libranza, un microcrédito, una deuda hipotecaria o una tarjeta de crédito, y serían las mayormente afectadas si se toma una decisión que limite la posibilidad de reducir las tasas de interés y, por el contrario, las haga subir”.
Hay dos caras, pero no puede haber un ‘carisellazo’
Aunque hay dos caras de la moneda en la discusión del alza en el salario mínimo, la solución no es tan sencilla como escoger entre cara o sello. Las investigaciones del centro de pensamiento económico Anif han establecido que la educación, la salud, el transporte, el cuidado personal y los servicios domésticos tienden a acelerar sus precios cuando los incrementos salariales superan la inflación. “Los incrementos excesivos del salario mínimo, si bien persiguen un objetivo loable, pueden terminar afectando justamente aquello que se busca mejorar: la formalización y la capacidad de generar empleo estable”.
El margen para que se logre un acuerdo sensato ya está en el límite en materia de tiempo, pero va más allá del 15 de diciembre. “Si este lunes no hay acuerdo, que esperamos que lo haya, la ley 278 del 96 establece 48 horas para que las partes presenten sus consideraciones por escrito y en ese periodo también se definirá si abrimos una nueva etapa de negociación hasta el 30 de diciembre o si definitivamente las partes consideran que la discusión está agotada”, recordó Sanguino.
De esa manera, como ha sucedido en tantas otras ocasiones, indistintamente de la inclinación política, quedaría en manos del presidente de la república y del Gobierno la expedición del decreto con el incremento del salario mínimo. Y eso es lo más probable.
