Germán Ávila, ministro de Hacienda, confirmó que el Gobierno avanza en la elaboración de los argumentos para expedir, posiblemente este mismo 19 de diciembre, el decreto con el cual declarará el estado de emergencia económica. Esto, pese a que múltiples voces han advertido que no habría posibilidades de que dicha declaratoria sea avalada por la Corte Constitucional.
De acuerdo con la normativa vigente, se requieren hechos sobrevinientes debidamente sustentados, es decir, situaciones extraordinarias y fuera de lo normal que pongan en riesgo incluso a la población, como podría ser un desastre natural.
No obstante, el funcionario que lidera la cartera de las finanzas públicas enumeró la lista de hechos sobrevinientes que, según el Gobierno, justificarían la adopción de esta medida excepcional.
Ante la decisión del Congreso de la República de negar la financiación necesaria, el Gobierno nacional busca concretar la declaración de Emergencia Económica.
— MinHacienda (@MinHacienda) December 19, 2025
Se trata de proteger derechos fundamentales, garantizar transferencias a la población más vulnerable,... pic.twitter.com/AquJVDA2gg
Hechos sobrevinientes
- “Algo protuberante”: según el ministro Ávila, uno de los hechos sobrevinientes a los que acudirán, para la declaratoria de emergencia económica y que, además, catalogó como “protuberante”, es que no hay antecedente —en los últimos 25 o 30 años— de que el Congreso de la República apruebe un presupuesto, que tenía como fuente de financiamiento una reforma tributaria, y luego, tan solo dos meses después, “por decisión de unos cuatro congresistas”, el mismo Congreso niegue ese pedazo de la carta financiera del Estado para el próximo año, según explicó el funcionario. Agregó que “es una especie de trampa que le hace el Congreso al país”.
- Plata para la salud: claramente, los primeros dos hechos sobrevinientes, con los cuales el Ministerio de Hacienda procurará defender la declaratoria de emergencia económica, habrían sido generados por el Congreso de la República, de acuerdo con la apreciación del funcionario. Fue así como, Ávila se refirió a la alta demanda de recursos que tiene el sistema de salud, cuya reforma, también fue hundida en el Legislativo. “La misma Corte ha requerido al Ministerio de Salud para que equipare los recursos que se pagan por la UPC del sistema contributivo con el del subsidiado”. Cumplir tal mandato del alto tribunal costaría alrededor de 3,3 billones de pesos, dijo Ávila.
- Subsidios de energía: como tercer punto, dentro de los hechos sobrevinientes que sustentarán el estado de excepción, el ministro puso el riesgo en el que está el Gobierno de impagar los subsidios de la energía que se financian con recursos del presupuesto. “Tendría un altísimo impacto, sobre todo en la Costa Atlántica, sobre los hogares de estratos 1, 2 y 3, que son los beneficiarios de dichos subsidios” y que, al no pagarlos, podría llevar a que se les deje de prestar el servicio.
- Otros hechos sobrevinientes: como los argumentos para la declaratoria de emergencia económica, tendrán que ser muy convincentes, el ministro también habló de otros hechos. Mencionó por ejemplo, “se requiere garantizar que se pueda cumplir con las vigencias futuras (compromisos adquiridos a partir de presupuestos futuros, para hacer grandes obras)”. De nuevo, Ávila sustentó que todos esos riesgos tienen que ver con el hundimiento de la Ley de Financiamiento, lo que amenaza los pagos que son compromisos constitucionales, como las sentencias, tema que también mencionó.
Por cuánta plata
El ministro dijo que, con la declaratoria de emergencia económica, aspirarían a recolectar 16 billones de pesos, justamente, el recaudo esperado con la propuesta original de ley de financiamiento o reforma tributaria.









