El tercer trimestre de 2025 mostró el mejor crecimiento de los últimos años, después, incluso, de la amenaza de una recesión dos años atrás. Aunque esta dinámica ha estado impulsada por el consumo de los hogares y el gasto público, que se mantendrá en 2026, según los analistas, el comportamiento sectorial ha sido muy heterogéneo, y las empresas se han tenido que mover en un escenario complejo.
Por eso, en un año marcado por tensiones económicas, caída en la confianza empresarial y presiones sobre la productividad, el tejido empresarial ha mostrado una gran resiliencia y adaptación.
Una de las instituciones clave en este proceso ha sido la Superintendencia de Sociedades. “El empresariado colombiano es resiliente, muy fuerte y dinámico.
El mejor ejemplo fue la pospandemia, en donde se preveían muchas dificultades, y Colombia fue uno de los países que mejor reaccionó”, dice Billy Escobar, superintendente de Sociedades. Y esta situación la ejemplifica con una frase: “El empresariado colombiano es muy optimista. He tenido muchos diálogos y nunca he escuchado al primer empresario que diga que bota la toalla”.
Escobar destaca dos hechos que corroboran esta visión. El primero, el de las empresas que se encuentran en procesos de reorganización, liquidación y ejecución de los acuerdos.
En la actualidad hay un total de 5.459 compañías en estas etapas: 1.256 en reorganización, 2.939 en ejecución y 1.264 en liquidación, de un universo que Escobar calcula en cinco millones de empresas.
“Esto quiere decir que el porcentaje de compañías que están en la clínica y se van a salvar es muy significativo”, asegura. Y agrega que, después de la pandemia, no se dio un crecimiento exponencial de empresas en dificultades, como algunos esperaban.
Y el segundo hecho es una nueva estrategia de la entidad: que empresas que estaban en procesos de liquidación vuelvan a reorganización. La legislación colombiana contempla la posibilidad de revertir la liquidación judicial cuando la empresa demuestra que puede recuperar su viabilidad.
De hecho, leyes recientes introducen mecanismos para empresas en estado de liquidación inminente, permitiendo su ingreso a procedimientos de reorganización, siempre que se evidencie la capacidad de generar flujo de caja y mantener la operación.
“En otras palabras, la liquidación no es necesariamente el fin: si la compañía presenta un plan serio, viable y respaldado por los acreedores, puede reactivarse y conservar empleos, y la continuidad del negocio”, advierte un análisis de la entidad.
En este proceso se destacan casos como Bioenergy, el Cúcuta Deportivo, Natturale y Cía., Top Fruits, La Primavera Desarrollo y Construcción, QMA, Pastos y Leguminosas y Proyecons.
Las tareas de la entidad se mueven en escenarios complementarios. El primero, la importancia de las regiones, sectores y empresas de distintos tamaños. “Estamos hablando de las micro, pequeñas y medianas empresas. Allí está el 80 por ciento del empleo y el 50 por ciento del PIB.
Estamos hablando de las empresas en las regiones. Estamos hablando de innovación, de cultura, de la economía popular. Estamos hablando de los recursos naturales y del turismo. Es decir, es empezar a manejar otros lenguajes donde hay una riqueza.
Un país con empresas sanas, dinámicas y sostenibles es un país de fuerte desarrollo”, dice Escobar.Para él, la estrategia de acompañamiento es clave y afirma que “nunca un superintendente, en los 87 años de la entidad, había llegado a donde nosotros hemos llegado. Y ahí es donde está el gran tejido empresarial”.
Según la superintendencia, la estrategia territorial se transformó en un mecanismo para llegar a empresas que nunca habían tenido un contacto significativo con el Estado.
“En un país donde la informalidad supera la mitad del aparato productivo, esta presencia institucional generó efectos tangibles en capacidades locales, en toma de decisiones y en la posibilidad de que pequeñas unidades productivas se conecten con cadenas más robustas”, dice la entidad en un reporte, que calcula en cerca de 4.000 las empresas que han formado parte de la reactivación económica.
Escobar afirma que, antes que juzgar, la entidad se ha enfocado en dialogar y capacitar a los empresarios, creando manuales y utilizando herramientas tecnológicas, con guías y documentos, y mayor presencia en las regiones.
Otro escenario corresponde al tecnológico, el cual le ha permitido ser capaz de leer datos, anticipar riesgos y tomar decisiones informadas sobre la salud del tejido empresarial.
La superintendencia profundizó una modernización en ese sentido: Safia, el sistema de alertas tempranas basado en analítica automatizada, no solo identifica deterioros financieros antes de que estallen. También introduce una lógica predictiva en un país habituado a intervenir cuando los problemas ya son irreversibles.
“Herramientas como el Tesauro, el Módulo de Insolvencia y el Siis completan un ecosistema digital que reorganiza la información empresarial y permite decisiones con soporte técnico, no con intuiciones”, explica la entidad. Estos desarrollos llamaron la atención del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que destacó a la entidad como ejemplo regional en el uso de inteligencia artificial aplicada a la regulación económica.
Un escenario adicional es el relacionado con la comparación y suministro de información no financiera. “Modificamos la circular básica jurídica y creamos una disposición que hace que las empresas –comenzamos con las más grandes del país– reporten en sus estados de resultados cada año no solo utilidades, rendimientos, pérdidas y ganancias, sino que se creó un acápite sobre sostenibilidad, en un concepto amplio, no solamente medioambiente. Habla del ser humano, del buen gobierno, de las cuentas claras y de la apropiación de esta cultura”.
Este año se realizó un estudio con datos de más de 2.000 empresas que permitió niveles de comparabilidad en información no financiera que antes no se habían logrado. Por esto, ISAR Honours, de Naciones Unidas, entregó un reconocimiento y señaló un punto relevante:
Colombia no solo está reportando más, sino que está produciendo información útil para entender transiciones ambientales, riesgos reputacionales y cambios en comportamiento corporativo.
Finalmente, Escobar anunció dos proyectos de ley encaminados a seguir acelerando y agilizando procesos, que sean menos costosos y “que sigamos siendo un referente para el sistema judicial colombiano y administrativo”.
El primer proyecto de ley introduce el Mecanismo Especial de Salvamento Empresarial (Mese), una herramienta diseñada para actuar antes de que las empresas lleguen a una crisis irreversible. Busca salvar negocios viables, proteger el empleo y evitar que las familias y proveedores sufran las consecuencias de un cierre del negocio en marcha.
Y el segundo es la Ley de Salvamento Empresarial, con la que se pretende hacer procesos más ágiles, proteger a pequeños acreedores, fortalecer la confianza en las normas que regulan los procesos y crear alternativas reales para la recuperación de las pequeñas y medianas empresas.
El reto es avanzar en la supervisión económica más moderna, pero, sobre todo, que permita crear condiciones para que el tejido productivo avance, aun en ciclos cada vez más inciertos y volátiles.
