Empresas de EE. UU. en Colombia alertan: ‘Decretazo’, suspensión de regla fiscal y posible constituyente impactan inversiones

La decisión del presidente Gustavo Petro de firmar un decreto que convoca a una consulta popular con 12 preguntas sobre reformas clave como la laboral, la pensional y la transición energética, sumada al anuncio del Ministerio de Hacienda de haber recibido aval para para suspender la regla fiscal durante tres años están generando malestar e incertidumbre en el sector empresarial.

El Consejo de Empresas Americanas (CEA Colombia), asociación gremial que agrupa a 115 empresas de capital estadounidense con operaciones en el país, manifestó mediante un comunicado su preocupación por las medidas recientes de la Casa de Nariño, a las que se añade la propuesta de convocar una Asamblea Nacional Constituyente si el Congreso sigue rechazando los proyectos del Ejecutivo.

“Desde el Consejo de Empresas Americanas observamos con especial inquietud cualquier circunstancia que pueda comprometer la fortaleza de las instituciones en Colombia”, afirmó Ricardo Triana, director ejecutivo de CEA Colombia.

“Un entorno democrático estable y previsible es indispensable para preservar la confianza de los ciudadanos, garantizar la seguridad jurídica y proteger el clima de inversión. De hecho, en el primer trimestre de 2025, Colombia recibió 3.142 millones de dólares en inversión extranjera directa y Estados Unidos se mantiene como su principal inversor. Por ello, las decisiones que alteren ese balance institucional sin los procedimientos y acuerdos democráticos requeridos pueden tener consecuencias que trascienden lo político, afectando la estabilidad económica, la sostenibilidad fiscal y las oportunidades de desarrollo de los colombianos y el país a futuro”, señaló.

Este gremio que reúne a varias multinacionales insiste en que la expedición del decreto de consulta popular y la posibilidad de convocar una eventual Asamblea Nacional Constituyente, representan una alteración de los contrapesos institucionales que limitan el poder del Ejecutivo.

Les preocupa específicamente que se haya expedido el decreto de la consulta popular pese a que, el pasado 14 de mayo, el Senado negó expresamente esa posibilidad. “Al desconocer esa decisión y avanzar unilateralmente, se pone en riesgo la separación de poderes, principio esencial para la democracia representativa. Una ruptura de este equilibrio no solo afectaría la legitimidad de las instituciones, sino que podría desencadenar una crisis constitucional sin precedentes, debilitando las garantías de derechos, la seguridad jurídica y la convivencia democrática en el país”, enfatizan.

En el CEA también temen por la suspensión de la regla fiscal, instrumento que por más de una década ha sido clave para preservar la estabilidad macroeconómica y sostener la confianza de los inversionistas y mercados internacionales en Colombia.

“La decisión de flexibilizar este límite de gasto sin que medie una circunstancia extraordinaria, como exige el marco legal, eleva la percepción de riesgo país y podría derivar en una degradación de la calificación crediticia, encareciendo el acceso a financiamiento externo. Este escenario tendría consecuencias directas sobre la estabilidad económica, afectando el costo de vida, las tasas de interés y las oportunidades de empleo para la población”, subraya el comunicado gremial.

Las empresas afiliadas al CEA enfatizan que la incertidumbre institucional y fiscal plantea desafíos relevantes para la planeación y operación de sus actividades en Colombia. La solidez del marco institucional y la estabilidad de las reglas son factores determinantes para la toma de decisiones de inversión a largo plazo.

“En un contexto regional competitivo, donde otros países buscan activamente atraer capital y fomentar nuevos proyectos productivos, cualquier señal de inestabilidad o deterioro de las condiciones de seguridad jurídica podría reducir la competitividad del país como destino de inversión, limitar oportunidades de desarrollo en sectores clave para su economía, y frenar la generación de empleo y el desarrollo de infraestructura”, reiteran.

Por todo lo anterior, desde el CEA hacen un llamado a las autoridades, al Congreso, a la Corte Constitucional y a todos los actores sociales a privilegiar el diálogo institucional, el respeto por el Estado de derecho y la búsqueda de consensos amplios que garanticen la estabilidad democrática y económica de Colombia.