Riesgos
En Sudamérica, Colombia fue el país con más eventos de protesta política en 2024; este es el duro impacto en las empresas
La mayoría de los países que tuvieron gran cantidad de movilizaciones el año pasado estaban en elecciones. Ese, sin embargo, no fue el caso de Colombia.
Cuando el país se prepara para una nueva jornada de protestas este 11 y el 12 de junio, se conoce un informe internacional que evidencia los graves costos que implica para una nación y para sus empresarios tener reiteradas manifestaciones en las calles.
El grupo alemán Allianz, uno de los mayores aseguradores del mundo, presentó el informe Political violence and civil unrest trends 2025 (Tendencias de violencia política y disturbios civiles en 2025), en el que asegura que la incertidumbre política y social ya no es solo un asunto de gobiernos y analistas, sino que cada vez más es un tema empresarial.
Su argumento es que las marchas y protestas recurrentes afectan a empresas de todos los tamaños y, en especial, a las de sectores como energía, manufactura, retail, tecnología y agroindustria. Las repercusiones incluyen desde interrupciones en las cadenas de suministro hasta pérdidas económicas por daños físicos, cierres forzados, bloqueos o ataques directos a instalaciones.
Por eso, señala que las empresas que incorporan en sus matrices de riesgo factores como la polarización, los disturbios y el sabotaje, pueden reaccionar de forma más ágil y minimizar impactos financieros, al tiempo que adquieren una ventaja competitiva.
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El récord de Colombia
El informe de Allianz evalúa a las 20 economías que tuvieron más protestas y movimientos sociales en sus calles el año pasado. El primer lugar fue para la India, con 18.626 manifestaciones, 21,2 % más que el año anterior. El segundo lugar fue para Estados Unidos, con 8.549 marchas; y el tercero para Francia, con 5.517.
Colombia ocupó el puesto 16 y se ubicó como el país con más movilizaciones de Sudamérica en 2024, al registrar 1.666 marchas, algunas pacíficas y otras con bloqueos y violencias. En América Latina, sin embargo, el primer lugar fue para México, con 4.921 protestas.
Resulta llamativo que la mayoría de los países con un alto número de protestas en 2024 celebraron elecciones ese mismo año, un factor que, por lo general, impulsa a la ciudadanía a movilizarse. Ese no fue el caso de Colombia.
Aunque las 1.666 protestas del país en 2024 representan una disminución del 19,5 % frente a 2023, en Allianz señalan que el entorno de Colombia es desafiante. Esto, teniendo en cuenta, que el país supera ampliamente el promedio regional en percepción de riesgo político.
“Hoy, el riesgo de violencia política en Colombia no es una posibilidad remota. Es un escenario que las empresas deben anticipar, evaluar y gestionar con responsabilidad. Tener un plan de continuidad, protocolos de seguridad y coberturas especializadas es una necesidad para cualquier organización con visión de largo plazo”, asegura Esteban Delgado, managing director de Allianz Commercial Colombia.
Igualmente, en la aseguradora señalan que los eventos del paro nacional que vivió el país en 2021, así como las movilizaciones de 2022, dejaron lecciones claras sobre la fragilidad de ciertas operaciones empresariales frente a escenarios de protesta prolongada. A pesar de los esfuerzos institucionales por preservar el orden público, el informe advierte que la percepción de polarización, inestabilidad e inseguridad sigue creciendo, lo cual podría tener un efecto disuasorio en decisiones de inversión.
Asimismo, para las aseguradoras, el aumento en la frecuencia y gravedad de huelgas, disturbios civiles y motines tiene un grave impacto en materia de siniestros. Eventos como el estallido social en Chile, los disturbios en Sudáfrica y las protestas de Black Lives Matter, en Estados Unidos, generaron pérdidas aseguradas de más de 10.000 millones de dólares en la última década, superando otros niveles de reclamaciones por violencia política y terrorismo.
El informe señala que factores como la alta inflación, la desigualdad, los precios de los alimentos y el combustible, las preocupaciones climáticas y las inquietudes sobre las libertades civiles o los supuestos ataques a la democracia contribuyen al malestar social. A esto, se le sumará cualquier dificultad económica que resulte de las actuales guerras arancelarias y sus respectivas represalias.
