Economía
Estas leyes lo podrían proteger en caso de recibir una multa en su conjunto
Los edificios y conjuntos son regidos por el reglamento de propiedad horizontal.
La convivencia en los conjuntos es uno de los aspectos que más dificultades genera en las alcaldías locales y diversas normas pueden proteger a los residentes en el caso de recibir una multa.
La Ley 675 de 2001 establece las normas que rigen la propiedad horizontal en Colombia, regulando la convivencia en los conjuntos residenciales.
Esta regla señala en primer caso que las multas deben ser impuestas por la asamblea de copropietarios únicamente, siguiendo el reglamento de la propiedad.
Esta ley cubre tanto a los propietarios de los inmuebles como a los arrendatarios, y tiene un enfoque protector hacia estos últimos, especialmente en lo que respecta a las sanciones impuestas por las administraciones de los conjuntos.
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Una de las principales protecciones que ofrece la ley a los arrendatarios es que no pueden ser sancionados directamente por cuestiones relacionadas con el incumplimiento de los pagos de las cuotas de administración, ya que esa es una responsabilidad del propietario del inmueble.
Si el propietario no paga estas cuotas, el arrendatario no está obligado a asumir las consecuencias, como la imposición de multas o la exclusión de servicios comunes del conjunto.
Si las sanciones que se imponen a los arrendatarios tienen que ver con el uso indebido de las zonas comunes o la violación de las normas de convivencia, la administración del conjunto debe asegurar que las sanciones sean claras, justas y acordes con lo estipulado en los acuerdos y reglamentos internos que rigen el conjunto residencial.
Los arrendatarios, por tanto, tienen derecho a ser informados previamente de estas normas y las sanciones no pueden ser arbitrarias ni desproporcionadas.
La Ley 820 de 2003 regula los contratos de arrendamiento en Colombia y establece que los inquilinos tienen derecho a conocer las reglas de convivencia del conjunto antes de firmar el contrato. Además, cualquier modificación en las normativas internas que afecte directamente a los arrendatarios debe ser comunicada de manera oportuna.
Es decir, si la administración del conjunto decide imponer nuevas sanciones o modificar las reglas de convivencia, debe informar a los arrendatarios de manera clara y formal.
¿Qué sucede si el arrendatario incurre en infracciones?
Aunque los arrendatarios tienen protección legal frente a sanciones que no son de su responsabilidad, deben cumplir las normas del conjunto residencial.
El incumplimiento de reglas de convivencia, como el uso inapropiado de las zonas comunes, la alteración del orden público o la no observancia de horarios de descanso, puede dar como resultado multas. Sin embargo, estas sanciones deben ser proporcionadas y de acuerdo con el reglamento del conjunto, y deben ser notificadas de manera previa al arrendatario.
La ley también establece que, en el caso de que se imponga una multa, esta debe ser razonable y proporcional a la infracción cometida. No se pueden aplicar sanciones arbitrarias ni desmedidas, y los arrendatarios tienen derecho a apelar cualquier multa que consideren injusta.
