Este es el mayor temor de la reforma laboral que recientemente radicó el Gobierno. ¿Cuáles son las preocupaciones?

Entre enero y mayo de este año, cada mes, en promedio, 995.000 colombianos se retiraron de sus empleos, al tiempo que 1,2 millones ingresaron a un trabajo nuevo.

Estas cifras de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP), basadas solo en los 13,5 millones de trabajadores formales del país, no aclaran el motivo del retiro, pues no se sabe si fue por despido o por renuncia. Pero sí muestran las enormes cifras que se mueven cada mes por liquidaciones e indemnizaciones.

Estos procesos de nómina hoy están en vilo ante una de las propuestas que trae la reforma laboral desde su versión inicial, que se cayó en el Congreso, así como en la segunda versión, recientemente radicada.

Mientras que la idea de encarecer las horas extras no afecta a todas las compañías debido a que no todas optan por este enfoque, el encarecimiento de los despidos sí tiene un alcance generalizado y, por eso, las alertas están prendidas.

En la exposición de motivos del texto más reciente de la reforma, insisten en que la iniciativa busca “recuperar derechos perdidos de los trabajadores”, en especial tras la reforma laboral del Gobierno Uribe (Ley 789 de 2002), la cual redujo el costo de las horas extras y de la indemnización base de los despidos sin justa causa. Así, con un tiempo de servicios inferior a un año, se pasó de una indemnización de 45 a 30 días de salario y se redujeron los días por cada año adicional. Antes de 2002, estos iban incrementándose en función del número de años de servicio –15 días entre 1 y menos de 5 años de trabajo, 20 días entre 5 y menos de 10 años de servicio, y 40 días cuando fueran 10 o más años–.

Esa diferenciación que existía por el tiempo trabajado y que volvía muy costosa la indemnización de quien cumplía diez años o más en las empresas también fue eliminada, pues generaba incentivos perversos para que algunos empleadores evitaran que sus trabajadores superaran el umbral de los diez años. Se prefirió, entonces, hacer una diferenciación por el salario devengado.

De esta manera, desde 2002 se estableció que para quienes ganan menos de 10 salarios mínimos se les debe pagar 30 días de salario por el primer año de servicio y 20 días por cada año adicional. En el caso de quienes ganan hasta 10 salarios mínimos, reciben 20 días por el primer año y 15 días cada año adicional.

El problema es que la reforma no solo vuelve a marcar la diferenciación de los diez años, sino que también aumenta los días de indemnización, que, en el caso de quienes cumplen una década o más, llega a los 60 días por cada año laborado.

La representante a la Cámara María Fernanda Carrascal, ponente durante la primera presentación de la reforma, explica que el cambio en el valor de la indemnización cuando hay despido sin justa causa obedeció a un consenso con los ponentes en la construcción de la iniciativa para primer debate de la reforma laboral (Partido de la U, Conservador, Liberal, Verde, Comunes, Pacto Histórico y Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz), “con el propósito de que el valor aumentara de acuerdo con la antigüedad del trabajador/a sin que afectara desproporcionadamente a las mipymes”.

No obstante, Rosmery Quintero, presidenta de Acopi, el gremio que reúne a las mipymes, considera que el incremento sustancial de los costos de despido llevará a las empresas al dilema de no permitir antigüedad en los equipos de trabajo. “Con medidas como esta, observamos que el Ministerio insiste en fortalecer la inamovilidad laboral, sin tener en cuenta que nuestro tejido empresarial está compuesto en su gran porcentaje (99,6 por ciento) por mipymes, las cuales no cuentan con la capacidad financiera para asumir estos incrementos propuestos”, puntualiza. Señala que en Acopi simularon el impacto en el despido de un trabajador que devenga el salario mínimo y que tiene diez años de servicio. Bajo la norma actual se le deben pagar 210 días, que con un salario diario de 38.666 pesos implica una indemnización de 8,12 millones de pesos. Con la reforma subiría a 575 días, lo que equivale a 22,2 millones.

Saida Quintero, socia de Quintero y Quintero Asesores y especializada en este tema, dice que con esta iniciativa se volvería al desastre que había antes de 2002, pues los costos se duplican o triplican dependiendo de cada trabajador. “La norma actual lleva 21 años y se va a volver a cometer un error, sin ninguna justificación, llevando a que no se permitan antigüedades. Además, sería una tabla de indemnización sin comparación con ningún otro país”, subraya.

Se podría pensar que en realidad son pocas las personas despedidas con justa causa, pues a la mayoría los arreglan pidiéndoles que renuncien a cambio de una suma de dinero pactada entre las partes. No obstante, Quintero explica que la base de esas negociaciones es la tabla de indemnizaciones, ya que ningún empleado aceptará una suma por debajo de ese rasero.

Stefano Farné, director del Observatorio del Mercado de Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad Externado, afirma que, en general, la reforma pretende aumentar las condiciones reforzadas de estabilidad en el trabajo y, al encarecer las indemnizaciones por despidos, induciría a las empresas a reducir su demanda de mano de obra, particularmente, respecto a los trabajadores que se acercan a los diez años de antigüedad. “En el país debe existir alguna forma de protección contra el despido injusto (indemnización), pero la protección se debería dar principalmente con un buen seguro de desempleo”, subraya.

Finalmente, el empresario Mario Hernández califica el encarecimiento de las indemnizaciones como absurdo y agrega que parte del problema del mercado laboral nacional está en su rigidez. Además, la reforma no beneficia la formalidad, pues no genera incentivos para contratar más personas. Lo afirma a partir de su experiencia de pagar la nómina mensual y contar con personal cuya antigüedad promedio es de 15 a 18 años.

Estos cambios quedaron ahora en manos de los congresistas de la Comisión Séptima de la Cámara.