Esto es lo que le cuesta al país el aumento de los ataques terroristas, la extorsión y los secuestros

Desde hace varios meses, se discute en el país si el incremento de la inseguridad es un tema de percepción o es una realidad innegable. Mientras desde el Ministerio de Defensa reportaron una disminución anual del 14 % en hurto a personas hasta abril de 2025, así como bajas en homicidios en ciudades específicas y golpes contra estructuras criminales, la violencia contra la Fuerza Pública ha aumentado dramáticamente, con incrementos significativos en asesinatos y ataques a policías y militares, lo que refleja un deterioro en la seguridad pública y el control territorial.

Asimismo, la sensación ciudadana de inseguridad no mejora. Según una encuesta de Invamer, el 89 % de los colombianos considera que la inseguridad está empeorando mucho más que la política o la economía.

Frente a este debate, la consultora Sectorial realizó un análisis para determinar qué tanto hay de percepción y qué tanto de realidad en la discusión sobre el orden público, así como para determinar su costo económico.

Según el Índice Global de Terrorismo, que mide Vision Of Humanity, Colombia ocupa el primer puesto en América Latina y la posición 15 a nivel global. Este resultado se debe a que si bien entre 2022 y 2024 los homicidios no aumentaron, todas las variables de inseguridad se dispararon.

Entre 2022 y 2024, los ataques terroristas crecieron en 52 %, la violencia contra infraestructura crítica aumentó en 18%, la extorsión, un 26 %; los secuestros y las invasiones de tierra, 30 % por encima de los niveles críticos.

Según los expertos de Sectorial, ese deterioro de la seguridad pública en Colombia está debilitando el entorno operativo, elevando los riesgos para la inversión y comprometiendo gravemente la estabilidad económica y la gobernabilidad del país.

A lo anterior se suma el cambio de tendencia frente a la superficie sembrada de coca, que se venía reduciendo hasta 2014, pero luego comenzó un ascenso hasta cerrar en 2023 en 253.000 hectáreas. Siendo este el principal motivo de la disputa territorial y la pérdida de control por parte del Estado.

Como resultado, la Federación Nacional de Departamentos (FND) alerta sobre el control creciente de grupos armados en gran parte del país, los cuales han marcado una fragmentación territorial y un repunte en delitos como secuestro y extorsión.

Además del doloroso daño humano, la violencia tiene un costo económico para el país. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Fedesarrollo estiman que representó el 3,6 % del PIB colombiano en 2022. Si ese mismo porcentaje se mantiene para 2025, equivaldría a unos 64,2 billones de pesos, una cifra similar a la que destina el Gobierno a pagar los gastos de personal del Estado cada año.

Este costo incluye los gastos directos en seguridad y pérdidas por criminalidad, así como costos indirectos más amplios, como la caída en productividad empresarial, el debilitamiento de la confianza institucional, la reducción del turismo y menor atractivo para la inversión extranjera directa

Paralelamente, una estimación del Fondo Monetario Internacional (FMI) calcula que, si el nivel de homicidios disminuye 30 %, las tasas de crecimiento económico se expandirían en 10 %. Es decir, que si en vez de 13.300 homicidios al año, se baja a 9.300, en este 2025 el PIB nacional no avanzaría 2,5 %, sino 2,75 %.