Estos son los costos de una transición energética no planeada en Colombia

La transición energética es uno de los debates centrales de la próxima COP30 y plantea para Colombia un desafío de dimensiones históricas. Aunque se trata de un cambio inevitable en la economía global, expertos advierten que, si no se planifica de manera rigurosa, el país podría enfrentar consecuencias sociales y económicas profundas: desempleo, reducción de recursos públicos y un aumento de la inequidad.

De acuerdo con la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), 1,37 millones de familias en Colombia aún carecen de acceso a energía eléctrica, lo que limita sus posibilidades de educación, seguridad alimentaria y desarrollo productivo. En paralelo, grupos armados ilegales siguen controlando en algunas regiones el suministro eléctrico, utilizándolo para facilitar actividades ilícitas como el tráfico de drogas, oro o madera.

El problema no solo es social: cerca del 40 % de las exportaciones nacionales y hasta el 20 % de los ingresos del Gobierno provienen del petróleo, carbón y gas, según cifras del DANE. Esto significa que un cierre abrupto de estas industrias, sin alternativas claras, podría afectar la financiación de proyectos de salud, educación e infraestructura en municipios de todo el país, incluso en aquellos que no son productores directos, pero dependen de las regalías.

Frente a este panorama, la organización Reimaginemos convocó a un grupo de expertos de distintos sectores -académicos, líderes sociales, empresarios y representantes indígenas- para discutir cómo asegurar que la transición sea justa e inclusiva. La conclusión es clara: el proceso no puede limitarse a sustituir carbón por energía solar o eólica, sino que debe atender dimensiones socioambientales, reparar impactos del extractivismo y reconocer saberes ancestrales.

“Un cierre súbito provocaría desempleo, aumento de precios y caída de recursos públicos”, explicó la economista Brigitte Castañeda, mientras que el ingeniero Carlos Adrián Correa recordó que la transición es inevitable: “Sí o sí, se van a acabar los fósiles y esto es una decisión geológica, no política. La pregunta es si vamos a hacer la transición por diseño o por desastre”, señaló Correa.

No obstante, también hay oportunidades. Se estima que en los próximos cinco a diez años se invertirán 82 billones de pesos en proyectos de energía renovable, cifra que duplica la inversión del programa 4G, el mayor plan de infraestructura vial del país. Estos proyectos podrían generar más de 8.000 iniciativas locales con potencial de crear empleos y nuevas cadenas productivas.

Para que esa transformación sea equitativa, los expertos sugieren cinco claves: vincular a las comunidades como socias de los proyectos y no como simples beneficiarias; reformular la consulta previa para garantizar decisiones vinculantes; diversificar las economías locales con base en prácticas sostenibles; formar talento técnico y profesional que acompañe el cambio; y convertir los proyectos en epicentros de innovación y cohesión social.

La transición energética, señalan, debe ser también un mecanismo para sacar a millones de colombianos de la pobreza, garantizar acceso a la electricidad y democratizar la producción energética. En palabras de la líder indígena Karmen Ramírez Boscán, “es clave crear esquemas locales de propiedad para que no se repita la historia de las energías fósiles, concentradas en manos de pocos”.

El futuro energético de Colombia está en juego: lo que está en discusión no es si habrá transición, sino cómo se hará y a quién beneficiará.