Estudio sugiere el monto que debe invertir anualmente Colombia en la infancia y adolescencia

Colombia tiene muchos retos que afrontar en materia social, que incluso lo tiene comprometido en una agenda internacional, y su consecución le permitirá superar muchos problemas, tanto de equidad o pobreza, además de impulsar muchos otros indicadores económicos que se derivan de estos. Dentro de las poblaciones con más vulneraciones, se encuentra la infancia y la adolescencia. Es allí donde se realizó un análisis, para determinar el valor que debería invertir el Estado y que los jóvenes puedan tener condiciones de vida digna.

La ONG Save The Children y el Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana, presentaron el informe: Costeo de la Política de Estado para el Desarrollo Integral en la Infancia y Adolescencia, que entre otras cosas, presenta una serie de recomendaciones para atender a esa población, clave para el país, y que actualmente afronta muchos problemas en materia de: educación, salud, bienestar, entre otros, que se comprenden en la Ruta Integral de Atenciones del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Icbf, que buscan completar las tareas para la Agenda 2030, que contienen los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

“La inversión temprana en la infancia y adolescencia genera los mayores retornos y externalidades positivas, que se traducen en adultos más prósperos y productivos, con menos dependencia de ayudas del gobierno, una mayor cohesión social y una mayor capacidad para enfrentar los desafíos del futuro (Heckman, 2006; Sheehan, 2017; Psacharopoulos, G., & Patrinos, H. A., 2018). Por lo tanto, la implementación efectiva de esta política es una inversión estratégica y de largo plazo en el futuro de Colombia”, remarca el informe.

Varios análisis han enfatizado en las consecuencias que trae la deserción escolar, la analfabetización, así como las dificultades para el acceso en temas de salud, o niveles de educación superior; las cuales traen graves consecuencias, por ejemplo, en el mercado laboral, productividad, desigualdad social, entre otros factores económicos.

Se estima que cerca de 100 mil niños no estaban matriculados en el sistema educativo nacional, entre el 2018 y 2021. En ese mismo periodo, más de 35 mil dejaron de estudiar, lo que da una muestra del riesgo que afrontan los menores, además que los signos de alarma están en este tipo de actividades.

Es por esto que el estudio estima que Colombia debería invertir anualmente 18,2 billones de pesos, teniendo en cuenta que el aspecto principal es la educación (distribuyendo el 56,3 % de ese presupuesto), seguido por la salud con el 17,5 % y el 26,2 % restante debería repartirse en otras dimensiones como: construcción de identidad, participación y ejercicio de la ciudadanía, disfrute, exploración y expresión de intereses y talentos, vinculación afectiva y relaciones de cuidado.

“Es fundamental aterrizar la política, del papel a la práctica. Es decir, es importante tener claridad sobre las acciones concretas para su implementación y saber cuánto cuesta. Hay una deuda pendiente con la niñez que esperamos esta ley pueda suplir”, señaló Gloria Bernal, codirectora del laboratorio de la Universidad Javeriana.

Lógicamente, el problema de la infancia y adolescencia no se soluciona solo con dinero, hay algunas problemáticas y objetivos que no se pueden medir, por lo que se sugiere que haya políticas que intervengan distintos niveles del desarrollo, además que muchos de los programas gubernamentales tienden a desaparecer.

El análisis asegura que el sector privado podría ayudar en esta tarea, además de mantener ciertos programas o iniciativas que ya funcionan, y tienen un impacto positivo para esta población. Se debe fortalecer la alianza entre lo público y lo privado, lo que optimizaría el desarrollo de los proyectos y mejoraría los indicadores.

“Cuidar un niño, no es solamente cuidarlo, sino garantizar que cuando llegue a la adultez pueda tener las oportunidades para tener la vida que quiera tener, que su esfuerzo y su disciplina lo conduzcan”, destacó Paloma Valencia, congresista que hizo parte de la presentación del informe de la Universidad Javeriana y Save The Children.