Finanzas públicas en problemas: Impacto de la descalificación y de tasas de interés aún elevadas

Hace un par de semanas, el Ministerio de Hacienda presentó el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), y en él fijó para 2025 un déficit fiscal de 7,1 por ciento del PIB, es decir, dos puntos porcentuales más que el previsto en el plan financiero de inicios de año. Para 2026 se proyecta un déficit de 6,2 por ciento, que depende de la aprobación de una reforma tributaria por 19,6 billones de pesos. Asimismo, la deuda neta, como porcentaje del PIB, llegará a un máximo histórico del 63,8 por ciento en 2027. Desde antes de conocerse el MFMP y la decisión del Gobierno de aplicar la cláusula de escape para suspender la regla fiscal por tres años, el mercado anticipaba reducciones en la calificación soberana de Colombia.

Este jueves se materializó esa preocupación. En la tarde, Moody’s rebajó la calificación del país de Baa2 a Baa3, con perspectiva estable, al advertir el deterioro persistente de los indicadores de deuda pública. Considera que el déficit supera los límites de la regla fiscal —que además se suspendió— y señaló la sobreestimación de ingresos y la falta de ajuste en el gasto. Pero esta calificadora no le quita el grado de inversión a Colombia, siendo la única que lo mantiene para el país.

Apenas unas horas después, Standard & Poor’s (S&P) anunció el recorte de la calificación a Colombia, de BB+ a BB, manteniendo la perspectiva negativa. Según S&P, la decisión obedece a varios factores: el creciente desequilibrio fiscal, el alza sostenida de la deuda neta, el incremento del servicio de la deuda y la ausencia de una regla fiscal firme. La perspectiva negativa implica riesgo de un nuevo recorte en los próximos 18 meses.

Además, S&P destaca que el deterioro constante de los resultados fiscales de Colombia ha contribuido a una menor confianza de los inversionistas, un desempeño económico más débil, un mayor nivel de deuda pública y una mayor carga de intereses. “Las tensas finanzas públicas de Colombia, junto con los crecientes desafíos de seguridad, nos han llevado a una evaluación más débil de la efectividad institucional”, agrega.

Y, en el campo interno, la Junta Directiva del Banco de la República decidió, en una votación dividida, mantener por cautela estables las tasas de interés en 9,25 por ciento. La compleja situación fiscal fue uno de los factores que pesó. “El aumento en el déficit fiscal previsto para 2025 y los años venideros constituye un reto para la sostenibilidad de las finanzas públicas y reduce el margen de maniobra para el relajamiento de la política monetaria”, señaló el Emisor.

A este factor se sumó una baja velocidad en la reducción de la inflación, que llevará a que no llegue este año al rango meta, de entre 2 y 4 por ciento. Aun cuando destaca el ritmo del crecimiento, las condiciones financieras globales se mantienen restrictivas en un entorno de tensiones geopolíticas.

El Gobierno perdió el pulso en la junta, pues, como señaló Germán Ávila, ministro de Hacienda, esperaban una reducción de 50 puntos básicos, pero, en una votación dividida (4 contra 3), la decisión fue mantener inalteradas las tasas. La estrategia fiscal del Gobierno está en la mira, y estas decisiones parecieran ser una cuenta de cobro a las medidas y anuncios del Gobierno, pues representan en el futuro un incremento en las tasas de su endeudamiento, y la prima de riesgo puede elevarse en un contexto de eventual caída de ingresos y aumento del gasto, pero sin recortes ni apretarse el cinturón.

Por el lado de los ingresos, la nueva reforma tributaria será muy retadora, pues su trámite se dará en un escenario complejo: año preelectoral y alta tensión con el Congreso.

Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, en una entrevista con Semana, al resumir la estrategia fiscal del Gobierno, señaló: “Más impuestos sin austeridad, pero más impuestos que no se van a materializar”. Por eso, las cuentas siguen en la mira.