Costo fiscal
Firma de contadores hace sus estimaciones sobre el valor de la consulta popular. Va a salir bien cara
Además de los gastos de preparación, implementación y logísticos, habría otros costos ocultos relacionados con la confianza en el país y sus instituciones.
La idea del presidente Gustavo Petro de lograr la aprobación de su agenda social mediante una consulta popular no solo ha generado debate sobre su conveniencia, sino también sobre sus costos.
Recientemente, Hernán Penagos, registrador nacional, entregó unas estimaciones de lo que podría costar este proceso, advirtiendo que la cifra final dependerá de muchos aspectos, como el número de preguntas y el tamaño del tarjetón, entre otros. Su cálculo previo es de entre 600.000 y 700.000 millones de pesos.
Otras entidades también están haciendo sus proyecciones sobre la consulta. Una de ellas es la firma de contadores Crowe Co., que tomó como base el costo de la consulta anticorrupción de 2018, que tuvo un gasto de 240.000 millones de pesos. Haciendo los respectivos ajustes por inflación, siete años después, esto equivaldría a 400.000 millones, si se consideran además ampliaciones logísticas.
Juan Carlos Arbeláez Mesa, socio del área de Impuestos y Servicios Legales de Crowe Co., desglosa sus proyecciones sobre la cantidad de dinero que se tendrá que destinar a ese mecanismo de participación ciudadana:
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Impresión de material electoral. Se estima la impresión de entre 35 y 40 millones de tarjetones, con un costo de 200 a 300 pesos cada uno, lo que representaría entre 7.000 y 12.000 millones. A esto se suman los formularios de conteo de votos, sobres de seguridad y urnas de cartón.
Logística y transporte. La distribución del material electoral a más de 100.000 mesas en todo el país implicaría gastos en transporte terrestre y aéreo, almacenamiento seguro y adecuación de los puestos de votación. Este rubro costaría entre 20.000 y 30.000 millones de pesos.
Pago de personal electoral. Aunque los jurados de votación no reciben salario, la Registraduría debe contratar personal de soporte para el escrutinio, capacitar funcionarios y cubrir viáticos y horas extras de jueces y notarios. Este costo se estima entre 40.000 y 60.000 millones de pesos.
Tecnología y transmisión de datos. Se requieren servidores, software de escrutinio y líneas seguras de transmisión desde zonas apartadas, con un gasto estimado de entre 15.000 y 25.000 millones de pesos.
Divulgación y pedagogía electoral. La Registraduría y otras entidades suelen realizar campañas informativas para incentivar la participación ciudadana. Este rubro podría costar entre 3.000 y 5.000 millones de pesos.
Los costos ocultos
A los costos ya mencionados se sumarían otros que se consideran ocultos, como el impacto en la inversión y confianza empresarial, esto teniendo en cuenta que el anuncio de la consulta podría generar parálisis en las decisiones de inversión privada. “Empresas y capitales podrían adoptar una postura de ‘esperar y ver’ hasta que haya claridad sobre el rumbo de las reformas, lo que afectaría el dinamismo económico, la estabilidad del tipo de cambio y el riesgo país”, sostiene Arbeláez Mesa.
Otro costo oculto estaría relacionado con movilizaciones y protestas derivados de la consulta popular, tanto de sindicatos afines al Gobierno como de sectores opositores. Estos eventos suelen impactar la productividad del país, dado que afectan a sectores clave como comercio, transporte y turismo, reduciendo ingresos y elevando costos de seguridad.
Paralelamente, habría un daño en la imagen internacional del país, en particular ante los ojos de los inversionistas globales y las calificadoras de riesgo. Esto —según explica el experto de Crowe Co.— se debería a que un triunfo del ‘Sí’ reforzaría la percepción de un modelo económico más intervencionista, mientras que si gana el ‘No’ podría interpretarse como un debilitamiento del Gobierno. “En ambos escenarios, la reputación financiera del país estaría en juego”, precisa.
Con respecto a la financiación de los más de 400.000 millones de pesos que costaría la consulta, Arbeláez Mesa cree que se haría mediante la reasignación de recursos de sectores clave como educación, salud y vivienda. Cree que las principales fuentes de financiamiento serían: el Fondo de Contingencias o de reservas presupuestales, recursos del Tesoro Nacional o una emisión de deuda pública (TES).
