Economía
Fiscalía llama a cuatro exdirectivos de Nueva EPS a juicio, tras presunto ocultamiento de facturas: desvío de $70.500 millones
El escrito de acusación precisa que se deberán definir las actividades de control de los procesos que tenían a su cargo.
Tras un preocupante informe que emitió la Contraloría General de la República y que retrató la grave situación financiera de la Nueva EPS, recientemente se conoció un nuevo avance en el caso, luego de que cuatro exdirectivos de la entidad enfrentaran un juicio por supuestamente haber ocultado facturas y con ello haber desviado más de 70.000 millones de pesos, que correspondían a deudas con las IPS.
De acuerdo con la Fiscalía, los citados son José Fernando Cardona Uribe, que estuvo al frente de la EPS desde el 2009 y hasta el 2024. Luego está Juan Carlos Isaza Correa, exvicepresidente financiero; Edgar Pedraza Castellanos, exgerente de contabilidad; y Fabio Antonio Peralta Núñez, exgerente de cuentas médicas.
El escrito de acusación precisa que se deberán definir las actividades de control de los procesos que tenían a su cargo, cuya efectividad era necesariamente cuantificada a través de indicadores.
También deberá monitorizar la ejecución de los controles de los riesgos de los procesos a su cargo e informar oportunamente cualquier desviación o excepción en la ejecución de los mismos, además de “monitorizar el comportamiento de los indicadores de los procesos a su cargo”.
Adicionalmente, destacan una presunta política de fraude que, según la Fiscalía, se habría diseñado por los exdirectivos, quienes no procesaron la totalidad de la facturación radicada por distintas IPS con las que la EPS estaba relacionada.
El escrito de acusación indica que entre 2019 y 2023 se dejaron de procesar unas 14 millones de facturas que fueron expedidas por las IPS. De hecho, el 10 de abril del 2025, la Fiscalía presentó cargos contra José Fernando Cardona Uribe y otros exdirectivos de la entidad.
La Fiscalía también indica que tras la omisión en los registros, se permitió que la EPS mantuviera una imagen financiera positiva ante la Supersalud, lo que evitó una intervención oficial, que se debería haber dado, según los números, en 2024.
