Pensiones

Fondos privados y aseguradoras alertan que proyecto de decreto dejaría a más colombianos sin jubilación y reduciría mesadas

Desde 2015, el Gobierno ha asumido la cobertura para las rentas vitalicias y los seguros por invalidez o fallecimiento; sin embargo, ahora plantea suspenderla.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

4 de diciembre de 2025, 4:28 p. m.
Gustavo Morales, presidente de Fasecolda y Andrés Velasco, presidente de Asofondos.
Gustavo Morales, presidente de Fasecolda y Andrés Velasco, presidente de Asofondos. | Foto: Transmisión de YouTube de Fasecolda

Asofondos y Fasecolda advirtieron sobre los efectos negativos que tendría un proyecto de decreto del Gobierno Nacional que modificaría las reglas del sistema pensional. Según los gremios, de aprobarse, la medida afectaría la capacidad de millones de colombianos para acceder a una pensión y pondría en riesgo la cobertura del seguro previsional, que es aquel que cubre los casos de invalidez y sobrevivencia.

De acuerdo con el análisis de las asociaciones, el decreto cambiaría la forma en que funciona el llamado deslizamiento del salario mínimo, un mecanismo que busca cumplir con el requisito constitucional para que en Colombia ninguna pensión sea inferior a dicho salario. Debido a que este no solo se ajusta por criterios técnicos (inflación y productividad), sino también por factores políticos, que son impredecibles, desde 2015 el Gobierno decidió dar una cobertura para cuando el salario mínimo suba por encima de los factores técnicos.

La cobertura es necesaria porque con ella se pueden completar los recursos que permiten que una persona pueda pensionarse con el mínimo y pueda recibir el respectivo aumento cada año. Además, es fundamental para financiar el seguro previsional, el cual protege a los trabajadores que deben pensionarse anticipadamente por invalidez o fallecimiento, caso en el cual la mesada se asigna a sus cónyuges o herederos legales.

Esa cobertura de deslizamiento del salario mínimo le cuesta al Gobierno unos 2 billones de pesos anuales y dado que actualmente tiene graves problemas en sus finanzas públicas, por eso es que tiene la intención de no continuar con esos pagos.

Los pensionados con mesadas iguales o inferiores a un salario mínimo solo deben aportar el 4 % para salud, según Colpensiones.
La mayoría de los pensionados del país tiene una mesada igual al salario mínimo. | Foto: 123RF

Tanto Gustavo Morales, presidente de Fasecolda, como Andrés Velasco, presidente de Asofondos, aseguraron que si el proyecto de decreto, que ya pasó la etapa de comentarios, llega a ser firmado para que entre en vigencia tal como está, tendría impactos desastrosos. El primero de ellos es que se pensionarían muchas menos personas con la remuneración mínima.

En los últimos 10 años, 141.000 colombianos se pensionaron con los fondos de pensiones privados bajo la modalidad de renta vitalicia y sin la cobertura solo lo habrían logrado 6.000, pues sus ahorros serían insuficientes. Se estima que actualmente, para pensionarse con el sistema de ahorro individual con el salario mínimo, no solo se exige la edad (57 años mujeres y 62 años hombres) y 1.150 semanas cotizadas, sino un ahorro de unos 350 millones de pesos. Con el decreto se requerían 450 millones, pues el diferencial es lo que pone el Gobierno.

Esto volvería difícil pensionarse y se requerían entre 5 y 10 años más de cotización. Además, quienes aspiren a mesadas de dos salarios mínimos tendrían una reducción de su pensión del 20%.

Los gremios alertan además que el seguro previsional se volvería inviable por el aumento de costos. Si las aseguradoras dejan de ofrecerlo, cerca de 20 millones de afiliados al Régimen de Ahorro Individual quedarían sin protección.

La Dian aclaró si los pensionados en Colombia deben realizar la declaración del impuesto de renta.
Los actuales pensionados no se ven afectados por el proyecto de decreto. | Foto: 123 RF

Asofondos y Fasecolda aclararon que este proyecto de decreto no afecta a los ya pensionados, al tiempo que pidieron al Gobierno abrir espacios técnicos para discutir el impacto del proyecto y evitar decisiones aisladas que, según señalaron, podrían debilitar la protección social y aumentar la carga financiera del país.