Gobierno aprueba Conpes de transición energética que costará $306.378 millones

El Gobierno nacional aprobó el Conpes de transición energética, que establece lineamientos, estrategias y acciones que le permitirán a Colombia mantener su seguridad y confiabilidad energética, promover las energías renovables no convencionales, el transporte sostenible, la eficiencia energética, el desarrollo de nuevas tecnologías y energéticos, desarrollar combustibles sostenibles y consolidar la diversificación de la canasta minera.

El costo total estimado de esta política es de 306.378 millones de pesos, siendo el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para Zonas No Interconectadas (Ipse), el Servicio Geológico Colombiano y el Ministerio de Minas y Energía, las entidades que más recursos aportarán con un 73,4 % del total de los recursos.

La política será implementada en los próximos seis años (2022-2028), en los cuales se deberán emplear recursos y esfuerzos de 18 entidades de diferentes sectores para la implementación de 97 acciones planteadas en el Conpes 4075. Se estima que habilitará inversiones desde el sector privado por 283 billones pesos.

Los cuatro pilares bajo los cuales se estructuró el Conpes de transición energética fueron seguridad y confiabilidad en el abastecimiento energético, conocimiento e innovación en transición energética, desarrollo y crecimiento económico a partir de las oportunidades que ofrece la transición energética, y desarrollo de un sistema energético que contribuya a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

Según la directora del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Alejandra Botero Barco, “esta política es uno de los principales legados para las futuras generaciones, toda vez que permite migrar hacia un sistema energético en el cual la masificación de las energías renovables no convencionales son una prioridad para reducir las emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI) que evitaran mayores impactos en el cambio climático y afectaciones en la salud de la población”.

Además, destacó que este documento promueve el desarrollo de nuevos energéticos y tecnologías que permitirán la consolidación de una matriz energética resiliente y confiable, así como el uso eficiente de la energía en los sectores transporte, industria y residencial que permitirán apalancar la competitividad y el desarrollo socio económico de Colombia.

La política pública que ha trabajado y concertado el sector minero energético y ratificada en las líneas de acción del Conpes, promueve en el sector eléctrico la eficiencia energética, el fortalecimiento de los mercados energéticos, la digitalización del sector y medidas para cerrar la brecha en la prestación del servicio de energía eléctrica.

En transporte sostenible incentiva al ascenso tecnológico en diferentes modos de transporte, desarrolla capacidades territoriales para el despliegue del transporte sostenible y promueve el uso de energéticos de cero y bajas emisiones. Mientras que en el sector de hidrocarburos fomenta medidas de eficiencia energética y uso de energías renovables no convencionales, el desarrollo de lineamientos para la ciencia, tecnología e innovación en nuevas tecnologías y avances para consolidar el mercado del hidrógeno en Colombia.

Este documento plantea nuevos incentivos para una mayor eficiencia energética, la descarbonización de sectores intensivos en el uso de energía, un mayor uso de biocombustibles, acelerar la incorporación de tecnologías y energías más limpias, y que la minería siga siendo un aliado estratégico de los territorios. Como política de Estado, el Conpes seguirá marcando el camino para lograr el objetivo país de reducir las emisiones de CO2 en 51 % a 2030 y llegar a la carbono neutralidad en 2050″, destacó el ministro de Minas y Energía, Diego Mesa.

Finalmente, en el sector de minería se apuesta por el conocimiento geocientífico en minerales estratégicos para la transición energética e introduce lineamientos para la diversificación, reconversión y transición socioeconómica gradual y progresiva en regiones con vocación extractiva en carbón en el largo plazo cuando el recurso se agote.