Gobierno Petro se aprieta el bolsillo: estas son las áreas que sufrirán recortes en tiquetes, esquemas de seguridad y más

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público sorprendió a los miles de funcionarios que trabajan para el Estado o que son servidores públicos, al anunciar un nuevo decreto propuesto por esa cartera y firmado por el presidente Gustavo Petro. En él, se establece un plan de austeridad para este año, con el fin de ahorrar unos $ 600.000 millones.

La promulgación de esa legislación no cayó bien en algunos sectores políticos, que califican de poco coherente a la actual administración, pues, durante los últimos meses, se han conocido nuevos gastos que se han llevado a cabo en diferentes entidades y que podría ser un simple derroche de recursos.

Un ejemplo de ellos es la compra y renovación de 31 camionetas que utilizará la Cancillería, por un valor de $ 6.200 millones de pesos. Esta compra se da, pese a que los vehículos que tiene actualmente la cartera se encuentran en buenas condiciones y tienen un uso de apenas seis años. La vida útil de un vehículo de estos puede ser superior a los 10 años.

Otro de los gastos polémicos fue el que realizó la primera dama con recursos del Estado para pagar un séquito de personas que la acompañan a la mayoría de sus viajes, entre los que se encuentran un fotógrafo privado, un maquillista y una de sus mejores amigas, que cumpliría el rol de asesora, entre otros. El costo supera los $ 1.000 millones de pesos, sin contar que, en poco menos de dos años, Verónica Alcocer ha sido la primera dama que más ha gastado dinero.

Tras esa situación, ahora la actual administración, mediante la cartera de Hacienda, propuso la reducción de diferentes rubros que le permitan a la nación enfocar su presupuesto en otros frentes. Estos serían algunos de los gastos que ya no se podrán hacer o que se deberán realizar de manera controlada y vigilada.

Camionetas para esquemas de seguridad, vehículos oficiales y de vigilancia

Uno de los primeros recortes que haría el Gobierno sería en el servicio de esquemas de seguridad que tienen asignados algunos funcionarios públicos que se encuentran expuestos a diferentes situaciones de riesgo.

El decreto establece que tanto la Dirección de Protección de la Policía Nacional como la Unidad Nacional de Protección (UNP) hagan una revisión en profundidad de cómo están configurados los esquemas de seguridad de servidores públicos, más exactamente de las entidades de la rama ejecutiva, como la Presidencia, los ministerios, los departamentos administrativos, entre otros.

Dichos vehículos solo podrán ser utilizados entre el lunes y el viernes. Si se hace uso de estos durante el fin de semana, quienes tengan asignado el vehículo deberán justificar las razones para utilizar el servicio, que deben estar orientadas netamente a la seguridad del protegido.

Otro de los puntos claves en la austeridad con vehículos es que, para realizar la compra de vehículos oficiales nuevos, los anteriores deben haber superado una obsolescencia superior a los 6 años.

Cambios en contratación de personal, vacaciones y horas extras

De acuerdo con el decreto, las entidades que hacen parte del Presupuesto General, que son las tres ramas del poder público (legislativa, ejecutiva y judicial), además de la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, deberán realizar una revisión previa de las razones que justifiquen la contratación de personal para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión.

“Solo se celebrarán los contratos que sean estrictamente necesarios para coadyuvar al cumplimiento de las funciones y fines de cada entidad, cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados”, indica el actual decreto, que también establece cómo se deberán hacer los pagos de horas extras y vacaciones.

El pago de estos rubros deben ser ajustados a las vacaciones y horas extras estrictamente necesarias. Las entidades deberán verificar que exista relación entre la necesidad y la programación de las horas extras, para así evitar reconocimientos innecesarios en estos valores.

“Por regla general, las entidades deben contar con un plan anual de vacaciones, y estas no deben ser acumuladas ni interrumpidas. Solo por necesidad del servicio, previa disponibilidad presupuestal o retiro, podrán ser compensadas en dinero”, dice el documento.

Cambio en tiquetes aéreos y priorización de eventos virtuales

Los funcionarios de entidades incluidas en el Presupuesto General de la Nación podrán tener acceso a tiquetes aéreos si deben desplazarse a otra región del país e incluso otra nación. Sin embargo, los tiquetes que se compren para este fin deben ser en clase económica o en la tarifa que no supere el costo de esta.

Sin embargo, se establece una excepción para casos debidamente justificados, en los que los ministros deban promover y gestionar el financiamiento de la nación o que el vuelo tenga una duración superior a las ocho horas.

El documento asegura que cuando el servidor haga parte de una comitiva presidencial o vicepresidencial y se transporte en el mismo avión que el presidente, este no tendrá asignados pagos de transporte.

“Los gastos de viaje se autorizarán únicamente si no están cubiertos por la entidad o las entidades que organizan los eventos”, comenta la legislación.

También aseguran que las entidades estatales deberán promover y dar prioridad a los eventos que se puedan dar de manera virtual y no presencial, en actividades en las que no sea necesario el desplazamiento de los servidores, de manera que estos costos sean reducidos y mínimos, además de estar plenamente identificados.