“Hay que esculpir en piedra que el ahorro lo vamos a preservar”: Germán Arce, sobre la ambiciosa reforma pensional

SEMANA: ¿cuál es su opinión alrededor de las reformas sociales que está presentando el Gobierno: la de salud, la laboral y la pensional?

GERMÁN ARCE (G. A.): el Gobierno tiene una serie de propuestas bastante ambiciosas que tocan el corazón de lo que la ley define como el sistema de protección social que viene o es hijo de la Constitución de 1991. Arrancaría por decir que es ambicioso tocar esos tres frentes al mismo tiempo, y por ambicioso quiero decir que es complejo, hay unas interconexiones entre los distintos proyectos de ley, y no es un análisis que se pueda hacer de manera individual, de manera lineal.

Por eso creo que es importante entender la interconectividad que tiene esta discusión, los alcances para la ciudadanía, sobre todo entendiendo que las tres reformas están orientadas a garantizar servicios esenciales, como es el caso de la salud, derechos fundamentales y otros, la construcción de un sistema de protección a la vejez y de un aparato productivo que sea capaz de generar no solamente producto interno bruto, sino empleo. La interconectividad de las tres hace que la discusión sea particularmente compleja y que requiera que todos tengamos que dar un debate, diría, muy pausado, con mucha información que nos ayude a entender cada uno de los botones que hundimos, qué impactos puede generar en la economía, la generación de empleo, las finanzas públicas y, sobre todo, en la prestación de servicios para los ciudadanos.

SEMANA: cuando habla de interconectividad, ¿dónde está viendo esos puntos de conexión tan estrechos entre las tres reformas?

G. A.: yo creo que tal vez la más pivotal de todas es la laboral. Voy a hacer tal vez una cosa muy simplificada. En Colombia, más o menos, un 43 % de la población en edad activa para trabajar y con disposición para hacerlo es la que aporta al sistema. Es decir, la definición de formalidad está asociada a que es el que, teniendo un empleo, una ocupación, le aporta al sistema de salud, al de pensiones y construye algún sistema de protección para la vejez. Es una definición bastante genérica, pero cuando uno habla de formalidad, está hablando de eso. Cuando usted entiende que ese 43 % en promedio es el que aporta al sistema, estamos hablando que esas son las fuentes de financiación de la protección social. Entonces, si nosotros, en una reforma, no logramos elevar el nivel de formalidad, no vamos a lograr generarle financiamiento al sistema de salud, por ejemplo, porque la cuota del sistema contributivo son los aportes de los empleados formales. Cuando digo pivotalmente, voy a centrarme en la laboral, cuando uno piensa que la reforma genera unos riesgos en torno a la generación de empleo formal, una de las consecuencias es que podría poner en riesgo el financiamiento del sistema contributivo en salud. ¿Me entiendes? Porque la fuente de financiamiento viene de ahí.

Y lo otro que genera es que ese empleado formal es quien hace aportes al sistema pensional, el que sea, o régimen de prima media o régimen de ahorro individual. Entonces, el comportamiento del empleo y el comportamiento de la formalización es fundamental para poder entender cómo se cierra. Porque esto no es solamente qué me voy a gastar, es de dónde lo voy a pagar y cómo voy a financiar esto intergeneracionalmente, porque estamos hablando de discusiones en el caso de la pensional, que cualquier problema que se cree no lo vamos a ver en los próximos tres o cuatro años, lo vamos a ver dos o tres generaciones más adelante.

SEMANA: en el caso de la laboral, algunos mencionan que es una reforma para los que tienen empleo, pero que no ayuda mucho a la generación de puestos de trabajo. ¿Usted qué considera?

G. A.: la ministra lo ha dicho. La reforma no tiene el objetivo de formalizar la economía y de generar empleo. O sea, la estoy citando como lo dijo en una entrevista. Y yo creo que un problema que tiene esto de fondo es que ese 57 % promedio de informales que se registró en el último trimestre son ciudadanos que hoy en día no tienen sistemas de protección. Es decir, que no están ahorrando para su vejez, ni contribuyendo al sistema de salud. Son beneficiarios, son personas que requieren atención del sistema de salud, en este caso del subsidiado, porque no están aportando para financiarlo, y que no tienen esos sistemas de protección básica que cualquier empleado quisiera. Si uno desconoce que ese es el problema grande del empleo, y se gasta este capital político y social pasando una reforma que no resuelve ese, que es el gran problema, pues ha perdido una gran oportunidad. Lo cual me parece que es una pena. Y es una pena como sociedad, no solamente estoy hablando del Gobierno. Y es que hay una fuerza que está impulsando una serie de cambios, pero se le olvida por un momento que el problema grande es la alta tasa de informalidad y la incapacidad que tenemos de generar condiciones para formalizar. Entonces me parece que es una cosa grave.

La ministra lo ha dicho en algunas intervenciones, la ley es una ley que recoge gran parte de las, llamémosles, pretensiones legítimas del sindicalismo. Yo no voy a calificar eso o, mejor dicho, lo voy a calificar como legítimo, pero ese no creo que sea el problema de 2023, y peor que eso, no creo que sea el problema de las próximas décadas, porque las formas de trabajo y los desafíos que tenemos hacia adelante son sustancialmente distintos a los que teníamos hace 20, 30, 40 años, cuando se dieron algunas de estas discusiones a las que nos hemos devuelto.

Es triste que en una discusión tan compleja como esta, estemos dejando de lado el problema grande que hay que resolver, que es la informalidad y las enormes restricciones que hemos ido construyendo en el tiempo para formalizar más personas en el mercado laboral.

SEMANA: ¿usted cree que hay algunos sectores específicos que puedan tener más dificultades que otros?

G. A.: yo creo que hay unos sectores que tienen un impacto más directo que está asociado al peso que tiene el empleo en los servicios que se prestan. Le voy a dar un ejemplo, las compañías de seguridad privada, donde entre el 75 y el 80 % de los costos son mano de obra, todos son formales, es decir, todos aportan al sistema de seguridad social. Cuando tiene un componente tan alto de sus costos en la prestación de servicios, como es en el caso de los servicios de seguridad privada, pues claramente elevar los costos lo que va a hacer es imponer una barrera para seguir contratando personas y generando nuevos empleos. Hay sectores como el turismo, por ejemplo, que tienen unas particularidades como la pluralidad. La fiesta del bambú no ocurre sino una vez al año, o el Carnaval de Barranquilla. Es decir, son sectores que tienen unas curvas de comportamiento que no son estáticas. No es la lógica de tener una planta en la que usted tiene horarios y gente con uniforme, sino que estamos hablando de gente que entra en picos, en fines de semana, en puentes, en semanas santas y que requieren sistemas flexibles de trabajo, porque uno puede o no debe, sobre todo porque económicamente es inviable, contratar a una persona que la va a necesitar en Semana Santa y pagarle 365 días al año porque no hay costo que resista ese tipo de estructura de relación laboral. Entonces, no reconocer eso me parece que es un pecado capital en medio de una discusión tan profunda, porque estos sectores, como el turismo, son una de las banderas que el Gobierno ha planteado como un mecanismo para diversificar las fuentes de ingresos de la economía. Así no reciben ningún tipo de estímulo ni de señal de condiciones para crear empleo formal. Y eso, vuelvo y digo, creo que es perder una oportunidad.

SEMANA: hay unos sectores con modelos de negocio disruptivos, por ejemplo, las plataformas que han entrado en un gran debate alrededor del impacto de la reforma laboral. ¿Cuál es su lectura alrededor de ellas?

G. A.: no tengo muchos detalles de esto, pero tal vez me atrevería a decir que es un modelo que conecta compradores con vendedores y que presta unos servicios para encargarse de que el producto les llegue. Es una relación además sobre la base de los desarrollos tecnológicos. Entendía, de algunas cifras que leí en algún informe público, que una plataforma como Rappi, que tiene algo así como 140.000 personas que sean como un tope de lo que se ha conectado, pues hay gente que trabaja un par de horas cuando salen de la universidad, un par de horas en la tarde, sólo en los fines de semana o sólo en la noche. Es decir, hay un pedazo de esta prestación de servicios que está asociado a la disponibilidad de la persona que presta el servicio. Es decir, uno podría pensar que una persona que se encarga de hacer entregas, le voy a poner un uniforme, la voy a sentar de ocho a cinco, a ver qué pedidos llegan.

Es un poco contraintuitivo pensar que la lógica de prestación de esos servicios es igual a la de un banco o a la de una compañía que tiene unos horarios y unos mecanismos distintos de prestación de esos servicios. Yo, en la discusión que he visto, entiendo que una de las preguntas que han hecho estas plataformas es: señores Ministerio, ¿cómo puedo formalizar? Es decir, deme un mecanismo a través del cual pueda asegurarme de que todas las personas que generan ingresos por la prestación de estos servicios puedan contribuir al sistema. Hoy en día, incluso queriendo, o sea, si la persona tiene ingresos suficientes y va a aportar al sistema, no hay un renglón en el Pila que le permita hacerlo. Y eso es absurdo. En un país con un 57 % de informalidad es el colmo no haya mecanismos en el Pila, que es el sistema de contribución a través del cual se hacen las contribuciones al sistema de seguridad social, para este tipo de servicios, como los hay, por ejemplo, para el servicio doméstico.

Hay otra discusión, por ejemplo, que nos ha surgido a nosotros en el marco de las reuniones técnicas que hemos hecho en el Consejo Gremial, y son, por ejemplo, los desarrolladores de software. Una persona, hipotéticamente, que vive en Cali y le presta servicios a una compañía en la India y que le pagan en criptomonedas, es un señor que no lo pensamos hace 40 años y que hoy tampoco lo estamos pensando. ¿Cómo hacemos que esa persona pueda contribuir al sistema y que ese servicio que presta ayude a financiar el sistema, contribuya y le dé garantías a esta persona que el día que requiera acceder a los sistemas de protección social lo pueda hacer? Es otro de los rubros que son parte de la discusión.

SEMANA: una de las preocupaciones, doctor Arce, alrededor de la reforma laboral, es que incrementaría los costos en materia de contratación o de flexibilidad para los empresarios a la hora de contratar. ¿Ustedes han hecho algún ejercicio de cuánto le puede significar esto a los empresarios y al país?

G. A.: hay unos ejercicios sectoriales que se han venido publicando. Fenalco, por ejemplo, publicó uno que hizo con Fedesarrollo que habla de un incremento de costos de más o menos del 18 %. El comercio tiene además unas particularidades en su operación. Las compañías de seguridad también tienen un cálculo que es un poco más alto porque tienen un peso más grande de la porción, que es mano de obra dentro de su estructura de costos. En el turismo entiendo también que hay unos costos más altos. No tengo el número en este momento, pero digamos, los sectores, sobre todo los intensivos en mano de obra, pues han venido haciendo esos cálculos porque además estamos hablando de costos no salariales, es decir, por ejemplo, los costos asociados al despido. Es un costo oculto que termina siendo esa relación laboral que tiene que contabilizarlo en su estructura de costos. El problema de eso, que a veces se tiende a simplificar esta discusión, no es solamente que se deterioran las rentabilidades de las compañías. No es tan sencillo como eso. Es que una estructura de costos elevada lo que hace es generar una barrera para contratar más personas. Porque lo piensa dos veces, si va a traer un empleado al que le tiene que dar condiciones de permanencia, a pesar de que presta un servicio temporal o por una temporada y que esa estructura de costos le hace imposible hacerlo de manera formal. La consecuencia, voy a decir, no intencionada de esto es que yo creo que vamos a tender a elevar la informalidad.

SEMANA: en ese orden de ideas, en un escenario de desaceleración de la economía, ya vimos las proyecciones del FMI y del Banco de la República creciendo en un rango entre 0,8 y 1,2 %, ¿le preocupa que el desempleo crezca en esta coyuntura, incluso sin todavía tener la reforma laboral?

G. A.: tal vez arrancaría por ese punto, Carlos. Esa coyuntura es un cierto letargo en el crecimiento que vamos a ver en este año que trae muchos factores, bien asociado a un crecimiento muy alto el año pasado, pero que vamos a tener un año bastante planito.

La noticia positiva es que vamos a lograr mantener la actividad económica, pero el crecimiento va a ser muy modesto. Si el crecimiento no mantiene su dinámica, la capacidad de la economía de generar nuevos empleos se ve afectada. Entonces, lo que te diría es que hoy en día el escenario ya se ve complejo en la generación de empleo. Si nosotros a esto le sumamos un incremento en los costos laborales y una complejización, además del sistema laboral, del sistema de formalización laboral, la consecuencia, de pronto no intencionada pero que estamos viendo, es un deterioro mayor en el desempleo y Colombia tiene unas tasas estructuralmente altas de desempleo. No solamente unas tasas altas de informalidad, sino unas altas tasas estructurales de desempleo. Así que hay un riesgo. Hay un riesgo grande y la coyuntura o la combinación de factores entre un bajo crecimiento, una inflación alta y un desempleo alto pues son malos para los ciudadanos. Esa no es una buena foto para los ciudadanos.

SEMANA: ¿cuál es su mayor preocupación de la reforma pensional?

G. A.: yo creo que es una genérica que no es una cosa del artículo X o Y, y que está asociada a que nosotros en los últimos 25 o 30 años hemos construido una base de ahorro privado alta. 360 billones de pesos más o menos es la cifra contabilizada por Asofondos al cierre del año 2022. Colombia es un país con niveles de ahorro bajos, con un bajo nivel de bancarización desde el punto de vista de la capacidad que tienen las familias de ahorrar recursos y de ponerlos en el sistema financiero. Es decir, eso es una condición estructural del país. Si esta reforma, por la manera como termine siendo resuelta, pone en riesgo ese ahorro y cuando digo pone en riesgo de comerse los ahorros hay que pensarlo en la lógica de una familia. Usted está guardando una plata para la vejez. Si esa plata la utiliza para comprar el mercado, le está trasladando un riesgo en el futuro a un momento en el que usted ya no va a tener capacidad de generación de ingresos y va a requerir de esa base de ahorro.

Para la economía funciona igual. Si nosotros en la solución a la que lleguemos en esta discusión no nos aseguramos de que estamos preservando el ahorro que hemos construido, a pesar de que es bajo, es decir, además de que es bajo estamos corriendo un riesgo macro que tiene un impacto intergeneracional y hay un factor que se llama la responsabilidad que tenemos hoy quienes estamos aportando al sistema en que no le dejemos a las futuras generaciones un pasivo pensional, es decir, el hueco o la obligación de pagarles unas pensiones a unas personas que además ya no tenemos un ahorro para recibir esas necesidades hacia adelante; entonces diría que mi preocupación más grande, además represento un gremio del sector financiero y es uno de los temas en los que mayor sensibilidad tenemos, es que cualquiera que sea la solución de las discusiones técnicas paramétricas casi que debe ser un mantra que tenemos que garantizar la preservación del ahorro, porque eso es lo responsable de hacer. Es asegurarnos de que el ahorro que hemos construido y el que sigamos construyendo cumplan el propósito de atender esas obligaciones en el futuro.

Eso tiene el otro lado de la moneda. La otra cara de esa moneda es que ese ahorro financia la economía, financia las empresas, financia al Gobierno a través de los bonos de deuda pública, financia las acciones de las compañías y todos los proyectos de los fondos de capital privado. Es decir, ese ahorro es como sangre en el sistema económico, que en el momento en el que se vea disminuido, va a reducir el tamaño del mercado de capitales, un mercado particularmente pequeño comparado con nuestros pares en la región, para el tamaño de la economía que tenemos.

Ese es un riesgo macro, además. Si ese ahorro nos lo comemos y lo sacamos del sistema económico, al final del día se vuelve una barrera para generar empresas, para generar empleo, para mantener la dinámica económica y el crecimiento.

SEMANA: ¿siente que están amenazados los ahorros de los trabajadores en el tema pensional?

G. A.: tuve una conversación hace un par de semanas en un evento con el ministro de Hacienda y le hice este comentario: más allá de la discusión paramétrica de si es un salario mínimo, dos o tres, donde aterriza esta conversación, uno debería ponerse, voy a utilizar una frase que es impopular, a esculpir en algún lugar en piedra que el ahorro lo vamos a preservar. Y el ministro me dio una respuesta simpática y me dijo, claro, un porcentaje. Yo le dije, estoy de acuerdo, el 100 %, porque creo que en lo del ahorro no podemos caer en ambigüedades, todo el ahorro de un país que tiene bajas tasas de ahorro que nos consumamos hoy, es dejarle una deuda a la siguiente generación, y yo creo que en eso tenemos que ser responsables.

SEMANA: ¿cuál sería el impacto en el mercado de capitales y en el financiamiento del Gobierno alrededor de lo que hoy mueven los fondos de pensiones?

G. A.: es que eso se vuelve como una referencia circular. Si usted esos recursos se los saca al sistema es como sacar un elemento que es vital para poder mantener ese ejercicio que hacen los mercados financieros de canalizar ahorro en inversión, de convertir esos ahorros en mecanismos para apalancar inversiones. Nosotros tenemos bajas tasas de ahorro, al tener bajas tasas de ahorro dependemos del ahorro internacional, es decir, incluso para financiar el presupuesto público de la nación requerimos de ahorro internacional. Si nosotros no somos cuidadosos en asegurarnos no solamente que debemos generar más ahorro hoy, sino que necesitamos mantener ese flujo moviéndose para que la economía opere, para que las empresas nuevas puedan acceder a crédito, para que los emprendimientos nuevos puedan acceder a aportes de capital a través de los distintos mecanismos que tiene el mercado. Lo que estamos haciendo es quitándole capacidad a la economía de mantener su nivel de crecimiento, entendiendo que el crecimiento es una de las variables a través de las cuales se logra empujar y traer más personas a la formalidad, a generar más impuestos. No es una cosa menor. Lo que pasa es que no hay un artículo de la ley que diga que se disminuye el ahorro, pero el truco está en los detalles, en la transferencia de esos recursos, en cómo nos aseguramos de que los recursos del sistema contributivo siempre vayan a un fondo que se asegure que tenga la condición de preservarlo para poder atender las obligaciones en el futuro. Para decirlo de manera sencilla: el ahorro que tenemos no se puede volver gasto corriente. Eso es vender la nevera para hacer el mercado.

SEMANA: la reforma a la salud ha sido muy compleja y polémica. Para usted, ¿cuáles son los puntos más sensibles que hay hoy en la discusión?

G. A.: en el tema de la salud voy a hablar como usuario del sistema. Creo que nosotros tenemos unos logros muy importantes en términos de lo que hemos alcanzado en cobertura. El sistema está lejos de ser perfecto. Los sistemas de salud no son perfectos en ningún país del mundo, ni siquiera en los países desarrollados. Y en esto se han hecho cientos de pruebas. Unas cosas han funcionado, otras no han funcionado.

Algunos sistemas que se han glorificado en la opinión pública, tampoco es que funcionen muy bien. El NHS en el Reino Unido tiene enormes problemas y es uno de esos faros que miramos desde lejos. Yo creo que la discusión de salud tiene una particularidad. Lo toca a usted, me toca a mí, toca a mi mamá, toca al vecino, toca al presidente del Congreso que está en un tratamiento contra el cáncer. Es decir, toca una cosa que es de la esencia y de los temores de los humanos, y es si voy a tener acceso y voy a tener capacidad, además, de elegir a dónde quiero ir y bajo qué condiciones quiero adelantar un tratamiento. Es decir, hay unos temas que me parece que son riesgosos, sobre todo porque yo creo que el Gobierno y la ministra tienen razón cuando dicen: tenemos un problema de cobertura. Voy a utilizar un ejemplo, el Amazonas; pero para hacer eso no tenemos que dinamitar el sistema actual. Es decir, para resolver el problema en Leticia, pues tenemos que resolver el problema en Leticia. Y me parece que a veces el maximalismo en la discusión trata de simplificarla. Creo que este es un sistema complejo en un país complejo, y por complejo quiero decir multiregional, donde hay gente lejos, otra más cerca, donde hay unos problemas que son urbanos, otros que son rurales.

Creo que en eso debemos tener flexibilidad mental para entender que no hay una solución única que resuelva todos los problemas y que tenemos que ser capaces de definir cuál es el problema que queremos resolver. Que es un poco la misma lógica de cuando hablaba del tema laboral. Si el problema grande es la informalidad y la alta tasa de desempleo, pues es preocupante que el proyecto de ley no le pegue a ninguna de las dos cosas, porque claramente no estamos atacando el problema. En salud me preocupa también que la propuesta parece no tener claridad en que el problema que hay que resolver, según los entendidos en esta materia, es un problema de cobertura, sobre todo en las zonas rurales, que creo que hay que resolverlo, pero para eso no toca desbaratar el sistema de aseguramiento que nos ha permitido alcanzar las coberturas que hemos logrado durante estos años.

SEMANA: miremos temas de forma. Hay una discusión alrededor de si realmente estos proyectos de ley fueron consensuados o no. ¿Tuvieron participación? ¿Ustedes como empresarios tuvieron la posibilidad de discutir con el Gobierno y con, por ejemplo, en la laboral y pensional, los sindicatos o con Colpensiones, todo este escenario? ¿Sí hubo consenso?

G. A.: creo que hay un poco un fetiche en torno al tema del consenso y por fetiche me refiero a que estas discusiones se dan en democracia. Los proyectos de ley se resuelven en el Congreso. Esta es una democracia representativa. Usted y yo votamos para que alguien nos represente en la Cámara y en el Senado. Es decir, en el debate democrático más allá de los foros y las múltiples conversaciones que podamos tener, esto se tiene que resolver en el Congreso. Esperemos que, con todas las garantías del caso, pero a través del sistema de representación que está definido en la Constitución del 91, que es nuestra carta de navegación. Entonces, esa discusión se tendrá que resolver en el Congreso con nuestros representantes y senadores con votos. Lo que pasa antes son discusiones, y son discusiones que a veces son informales, a veces son formales, a veces son con unos grupos de interés, a veces son con otros, y a mí me parece que todo eso es legítimo, pero yo no creo que nadie, y esto lo digo en genérico, le lleve una reforma para que el Congreso pupitree. Me parece que eso no es una buena señal. Entonces, más allá de lo que está acordado por fuera de la mesa, esto hay que acordarlo en el Congreso.

Y ahí me voy a ir al tema de las garantías. Uno de los temores, nosotros de hecho en una reunión que tuvimos con el ministro de Hacienda hace un par de semanas, le dijimos: ministro, ojo con los mensajes de urgencia, ojo con ferrocarrilear esto. El término correcto es, ojo con los tiempos, quedan muy pocas semanas, hay muchos proyectos, y esas son unas discusiones de un calado enorme que requieren no solamente tiempo, sino mucha discusión. Y menciona el segundo punto que le expresamos en esa comunicación al ministro: y requerimos información. Para tomar una decisión informada, el Congreso no tiene hoy información clave como un cálculo claro de cuáles son los impactos de la reforma a la salud. El ministro de Hacienda ha sido un hombre muy responsable. Yo tengo la más alta opinión de él, no solamente como economista, sino en la gestión que ha venido realizando. Pero el Congreso necesita tener datos duros de los impactos de cada una de las decisiones que requieren esas reformas, cosa que además el Ministerio de Hacienda tiene la obligación legal de suministrarle esta información al Congreso de la República cuando se trate de iniciativas de origen del Ejecutivo.

Me parece que es importante que este debate se dé en los tiempos adecuados, y con adecuados quiero decir con el suficiente tiempo, y segundo, que se dé con toda la información sobre la mesa, para que el Congreso, que es a cuyos miembros nosotros los ciudadanos elegimos, para representarnos en estas discusiones, puedan tomar las decisiones más informadas, con toda la información disponible, porque aquí estamos hablando de tocarles la vida a los ciudadanos, incluyéndolo a usted, a mí y a quienes ven esta entrevista.

SEMANA: en ese orden de ideas, ¿qué espera usted del trámite en el Congreso de estos proyectos?

G. A.: no, eso se llama futurología. Eso es un arte exótico. Yo creo que la congestión juega en contra, es decir, la gran cantidad de discusiones al tiempo enrarece un poco el espacio. Creo que en el debate, por lo menos lo que hemos visto en algunos de los partidos, es que esto va a ser discutido. Aquí, pareciera que lo de la pupitreada no va a funcionar, y eso me parece que es positivo. Me hacen falta los números. Eso creo que hace falta para poder llegar a algunas conclusiones. Una de las preguntas que le hacíamos al ministro y al director de Planeación era que nos explicaran sus estimaciones, que en un modelo de equilibrio general qué pueda hacer esto en el empleo, en cada una de las propuestas que hay bajo discusión. Yo creo que la ciudadanía y el Congreso necesitan esta información para poder entender exactamente cuáles son los impactos que vamos a ver hacia adelante. Creo que no se nos puede olvidar, y voy a repetirme en esto, cuáles son los problemas que queremos y que debemos resolver como sociedad. Y creo que en esto tenemos que oírnos. Yo creo que el Gobierno tiene voluntad de diálogo. Lo que no he visto tan claro es la capacidad de concretar los acuerdos, pero eso no quiere decir que no se pueda hacer. Pero pues esto es democracia, en sus mejores formas, en vivo.

SEMANA: quería detenerme en el Plan de Desarrollo. Han salido algunos artículos que uno no tenía en las cuentas. ¿Ustedes están preocupados porque aparezcan muchos micos alrededor de la discusión del Plan de Desarrollo? ¿Han descubierto algunos?

G. A.: nosotros hicimos comentarios a la versión de ponencia del primer debate. Algunos fueron acogidos y con otros seguimos insistiendo. Pero tal vez iría un paso atrás. La Corte Constitucional ha sido absolutamente clara en su jurisprudencia. Y es que el Plan de Desarrollo es una ley, que no es una ley popurrí, que es una ley que tiene unos fines específicos y es cumplir con la propuesta del Gobierno, de la administración que entra a gobernar. Es decir, a uno no se le puede ocurrir que cualquier problemita que no resuelve en otra ley lo va a meter aquí. Y en eso la Corte ha sido superestricta y hay suficiente jurisprudencia para resolver esos micos, si no se resuelven en el Congreso, resolverlos con decisiones de las Cortes más adelante.

Me preocupa porque es un desgaste, pero creo que la Corte en eso ha puesto una línea, cosa que el Gobierno sabe que nosotros le advertimos, de hecho, en una comunicación, y es que no todo cabe en el Plan de Desarrollo. Es decir, hay unas cosas que requieren tramitarse en leyes orgánicas, en leyes ordinarias, pero con objetivo específico, y en eso la Corte ha dado suficientes señales de cómo se debe hacer. Lo que sucede es que tanto los gobiernos, y esto lo digo en genérico, todos, y los congresistas, pues se lo digo como exfuncionario público, que me tocaron varios planes de desarrollo, nos encanta tener ideas en el marco del debate, que termina generando un poco este ruido, pero que al final del día creo que en los pesos y contrapesos lo que el propio Congreso no logra frenar, ni el Gobierno desde la responsabilidad que le atañe, pues las Cortes se encargarán de decir si va, y si hay o no lugar a algunas de estas medidas. El problema es que es desgastante y en el debate van saliendo; creo que hay más de mil proposiciones, seguramente de esas hay muchas que tienen cola y parecen micos y caminan como micos, pero en eso hay que volver a la jurisprudencia. Y ese Plan de Desarrollo es para ejecutar los objetivos de políticas trazadas por el nuevo gobierno, y las leyes para ejecutarlo pues tienen que ser conexas a esos objetivos. Y ahí es donde muchas de las cosas de las que estamos hablando no caben, y seguramente no van a pasar un examen de constitucionalidad a la hora que la Corte lo revise.