ECONOMÍA
Indocumentados colombianos podrían verse afectados con el cobro de 1% a las remesas desde Estados Unidos
La propuesta deberá pasar a conciliación entre los distintos estamentos de Estados Unidos.
En la mañana del martes 1 de julio de 2025, el Senado de Estados Unidos dio visto bueno al megaproyecto económico que busca modificar diversas normas arancelarias, entre ellas un aumento a las remesas del 1%.
Este proyecto se describe como una serie de reformas y políticas fiscales orientadas a fortalecer la economía del país y proporcionar beneficios directos a los ciudadanos.
Sin embargo, mientras que muchos de sus seguidores aplauden la propuesta como un paso hacia la reactivación económica, otros cuestionan su viabilidad y los efectos que podría tener a largo plazo sobre la economía estadounidense.
¿Quiénes serían los ciudadanos más afectados?
Con la aprobación que recibió esta nueva propuesta, miles de ciudadanos colombianos que no han logrado resolver su situación migratoria se verían afectados debido al alto flujo de dinero que se envía entre las dos naciones.
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Aunque el proyecto debe pasar por una serie de reuniones y conciliaciones entre las diversas organizaciones de Estados Unidos, el elemento que marca consenso entre las partes es que el impuesto a las remesas sería únicamente a las transacciones que se realicen por medio del envío de dinero físico en las diversas sucursales de Estados Unidos.
Hay que señalar que en primera instancia el proyecto contemplaba un arancel del 5% a las remesas, tras su paso por las diversas instancias se propuso un 3.5% y esta mañana el Senado informó que la iniciativa debería estar en torno al 1%.
Otro aspecto relevante es que muchos migrantes indocumentados suelen evitar el sistema bancario formal, ya que su estatus migratorio los excluye de los servicios financieros tradicionales. Como resultado, la mayoría de las remesas se envían a través de empresas de transferencias de dinero, como Western Union o MoneyGram, que suelen cobrar comisiones elevadas.
Un cobro adicional al 1% podría hacer que el proceso de enviar dinero fuera aún más costoso, afectando la rentabilidad de las remesas y limitando la cantidad de dinero que realmente llega a las familias.
Además, si esta medida se implementara, podría generar un aumento en las remesas enviadas a través de canales informales o no regulados, lo que incrementaría el riesgo de lavado de dinero y la falta de transparencia en las transacciones.
Muchos migrantes, en un esfuerzo por evitar los impuestos, podrían recurrir a métodos no convencionales para enviar su dinero, lo cual dificultaría la trazabilidad y supervisión de las transferencias, afectando la economía global.
